MÉXICO, D. F., 22 de septiembre (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) envió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF) por la detención arbitraria y exhibición pública del sacerdote Gabriel Ulises Valdez Larqué, a quien acusó indebidamente de haber participado en un homicidio.
    Con base en los resultados de su investigación, el organismo que dirige Luis González Plascencia acreditó la violación a los derechos humanos a la libertad y seguridad personales, a la honra y a la dignidad, así como  al debido proceso del cura, por lo que pidió al titular de la SSPDF, Manuel Mondragón y Kalb, dar vista de los hechos al área de Inspección Policial de la Secretaría, con el fin de que inicie la investigación que corresponda para determinar la probable responsabilidad de los servidores públicos involucrados en el caso.     
    La recomendación exige también al procurador General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que, como medida de reparación del daño, en un plazo no mayor de dos meses, emita una disculpa pública en los medios comunicación (radio, televisión, página electrónica de la Procuraduría, entre otros), por la afectación que se haya generado al demandante Gabriel Ulises Valdez Larqué, por su presentación ante los diversos medios como presunto responsable de la comisión de hechos delictivos.
El 1 de febrero de este año, el sacerdote Valdez Larqué fue detenido junto con dos personas más, acusado de haber participado en el asesinato de un investigador de origen francés y, de acuerdo con la CDHDF, desde el momento de su detención y la exhibición de que fue objeto ante los medios de comunicación, las autoridades capitalinas lo acusaron de un delito por el cual finalmente no se le consignó.
Del mismo modo, la CDHDF observó irregularidades en la forma en que se integró la averiguación previa.
La CDHDF recibió la queja de familiares y amigos de Gabriel Ulises Valdez, quienes señalaron que éste había sido detenido injustificadamente; aseguraron que no tenía antecedentes penales por el delito de robo y lesiones como lo afirmaba el fiscal en Iztacalco, Reynaldo Sandoval Sánchez, y solicitaron la intervención de especialistas franceses para esclarecer el asesinato cometido contra un ciudadano originario de Francia.