MONTERREY, NL., 10 de julio (Proceso).- Julio comenzó con un desastre: la tormenta tropical Alex azotó con furia tres estados priistas del noreste, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Pero la tragedia tiene nombres y apellidos. En el caso de la última entidad, funcionarios estatales y municipales son señalados como corresponsables de la imprevisión y, más aún, de los actos de corrupción que dieron como resultado numerosos muertos y heridos, miles de damnificados y daños materiales incalculables. Ecologistas y políticos de oposición afirman que las secuelas del meteoro habrían podido evitarse, pero el otorgamiento de permisos de construcción en zonas de alto riesgo puso en el paredón la vida y el patrimonio de los nuevoleoneses.

Alex devastó Nuevo León pero no lo hizo solo. La corrupción, la omisión y la negligencia de los gobiernos federal, estatal y municipales también hicieron su parte.

Los daños ocasionados por la tormenta tropical que se abatió el jueves 1 sobre la entidad son incuantificables. Pero así como han comenzado a descubrirse cadáveres, casas y coches sepultados por aludes de lodo y rocas, empiezan a sonar los nombres de los funcionarios que permitieron que fuera repoblado el lecho del río Santa Catarina, que parte por la mitad el área metropolitana de Monterrey.

Frente al tamaño de la tragedia contrasta la actitud de Felipe Calderón, quien felicitó al gobierno de Nuevo León por su respuesta rápida, sin hacer ni un cuestionamiento sobre las causas de la destrucción de colonias completas fraccionadas de manera fraudulenta.

El mandatario panista no ha preguntado por qué fueron construidos vialidades y pasos a desnivel sobre el lecho del Santa Catarina ni por qué la Comisión Nacional del Agua (Conagua) permitió que se convirtiera en un millonario negocio de particulares.

El urbanista Ricardo García Martínez estima que en el lecho se hicieron, contra toda norma, construcciones en firme de unos 500 mil metros cúbicos que contribuyeron a acelerar el afluente e incrementar su poder destructivo.

Pedro Garza Treviño, delegado regional de la Conagua, asegura que no otorgó el permiso para que TV Azteca Monterrey instalara canchas en el lecho. Tampoco permitió, afirma, que la televisora construyera ahí un campo de golf.

En cambio, responsabiliza a Protección Civil estatal, que no actuó para desalojar esas instalaciones. En oficios que le han enviado durante años, ambientalistas ya le habían exigido a Garza que no permitiera ahí instalaciones fijas.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1758 de la revista Proceso, ya en circulación.