TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 14 de diciembre (apro).- Directivos de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd –a quienes acusan de estar implicados en el crimen del líder del movimiento antiminero en Chiapas, Mariano Abarca Roblero--, afirmaron hoy que los ataques en su contra obedecen por resistirse a los “chantajes e intentos de extorsión” del alcalde perredista de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón.
    En una nota publicada en el diario canadiense The Globe and Mail, ejecutivos de la empresa minera con sede en Calgary, Canadá, y con presencia en Chiapas, dijeron hoy que, desde que llegaron a trabajar al municipio de Chicomuselo, Velázquez Calderón había recibido “cuantiosas sumas de dinero”.
    Añadieron que Velásquez Calderón también les pedía boletos de avión para él, su esposa e hijos, con el fin de viajar a la ciudad de México
          Los directivos de Blackfire Brent Willis dijeron a ese diario -- http://www.theglobeandmail.com/--, que el alcalde recibía 10 mil pesos mensuales de apoyo, además de que había pedido 200 mil pesos para la fiesta del pueblo.
    Añadieron que por lo menos 75 mil pesos fueron a parar a su cuenta personal de Bancomer.
    Según los ejecutivos, todo iba bien hasta que el alcalde les pidió que dinero para financiar la estancia de la actriz Niurka Marcos, a quien pretendía contratar para amenizar la fiesta del pueblo en abril pasado.
    “Decidimos no cumplir las exigencias del alcalde. Por esta razón, él inició una campaña de desprestigio en contra nuestra.  El sacerdote de la región acusó a nuestra compañía, lo que ocasionó la toma violenta de las instalaciones de la empresa el 10 de junio pasado", indica la denuncia.
           Según la información, ese día la empresa fue atacada por miembros del  movimiento antiminero, encabezados por Mariano Abarca Roblero.
    Sin embargo, añadieron, cuando vieron que no les garantizaba la seguridad y seguían siendo víctimas de la extorsión, la empresa denunció ante el Congreso del estado al alcalde perredista, pero, afirmaron, los diputados nunca procedieron en su contra.
    Sostuvieron que el alcalde estaba abusando de su fuero y que los recursos que pedía no eran realmente para el pueblo, sino para sus cuentas personales, por lo que decidieron presentar esa denuncia ante el Congreso local, con el fin de que se le anulara la inmunidad y fuera procesado penalmente, lo que nunca ocurrió.
           En agosto pasado, Abarca Roblero fue detenido por elementos de la  Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y estuvo arraigado durante  varias semanas, pero fue liberado tras la presión política de la REMA.
    Sin embargo, días después, el pasado 27 de noviembre, Abarca Roblero fue asesinado. Empleados de la empresa minera Blackfire Exploration México, filial de la Blackfire Exploration LTD, con sede en Clagary, Canadá, fueron acusados del asesinato.
    El homicidio ha acelerado en ese país el debate de la Ley C-300, que impondría sanciones a las empresas mineras canadienses que violan los derechos humanos y las normas ambientales en el extranjero.
    La semana pasada, la Gobernadora General de Canadá, Michaëlle Jean, visitó San Cristóbal de Las Casas. En medio de protestas, miembros de la Red Mexicana del Afectados por la Minería (REMA) pidieron una entrevista  con la funcionaria, lo que no lograron.
    Sin embargo, para acallar las protestas, el gobierno del estado propuso al Congreso local un “apoyo” mensual vitalicio de casi 50 mil pesos a la viuda de Abarca Roblero y sus cuatros hijos, lo que se aprobó.
    Por su parte, miembros del Frente Cívico de Chicomuselo, agrupados en REMA, denunciaron, en una carta, que han recibido nuevas amenazas de muerte por parte de los trabajadores de esa empresa canadiense.
          “Vecinos y terceras personas han sido usados para hacer llegar dichas amenazas a quienes acompañaron a Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre por trabajadores de la Blackfire”, afirma la misiva.