México, D F, 28 de enero (apro)- El Partido de la Revolución Democrática, a través de su secretaría de Derechos Humanos, se pronunció en contra la intervención del ejército mexicano en la investigación y persecución del crimen organizado en Baja California El PRD denunció la inconstitucionalidad de las medidas instrumentadas por el Poder Ejecutivo federal en materia de seguridad pública, al disponer de las fuerzas armadas en tareas que le competen en exclusiva al Ministerio Público federal y, en su caso, al Ministerio Público de Baja California Según el PRD, el ejército se mueve al margen de la Constitución al realizar tareas de seguridad pública Marcela Nolasco Pastoriza, secretaria de Derechos Humanos del CEN del PRD, sostuvo que, violando el principio de separación de poderes y confundiendo las funciones de seguridad pública con las de seguridad nacional, el 16 de enero pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en Tijuana, en el que convocó a la población civil a denunciar vía telefónica cualquier acto criminal o sospechoso, como la venta de drogas, los secuestros, los movimientos de grupos armados y otros ilícitos que perturben la tranquilidad de la población Precisó que, de acuerdo con el comunicado, la decisión de la Sedena pretende evitar que se repitan hechos de violencia como los ocurridos el pasado 15 de enero en Tijuana, cuando se suscitó un enfrentamiento entre una banda armada y elementos de las policías federal, local y municipal y el Ejército Por ello, Nolasco Pastoriza manifestó su "extrañeza y nuestra preocupación por una decisión de esta naturaleza, en la que se autoriza al Ejército mexicano a asumir funciones de investigación y persecución de los delitos, lo que corresponde al Ministerio Público Agregó que con esto se rompe el orden constitucional, al contravenir lo expuesto en el artículo 13 de la Constitución, que señala los límites impuestos a la actuación del Ejército en tiempos de paz, y se viola el principio de legalidad como base de la procuración e impartición de justicia "Esta lamentable política es consecuencia de la incapacidad de las autoridades federales para hacer frente a la violencia social que vive nuestro país, que es resultado de la subordinación de las funciones del Estado mexicano a los intereses de seguridad de Estados Unidos", añadió Y se opuso a cualquier intento de militarización de la vida pública por parte del Poder Ejecutivo federal Añadió que, permitir que el Ejército actúe fuera de los cauces constitucionales, abre la puerta a un régimen de excepción que invalida los derechos y libertades de los ciudadanos