* Estima una afectación presupuestaria de 22 mil 500 millones en un lustro México, D F, 31 de enero (apro)- Por considerar que sus ingresos disminuirán en los siguientes cinco años alrededor de 22 mil 500 millones de pesos, el gobierno capitalino interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma fiscal federal, aprobada en el anterior periodo ordinario de sesiones del Congreso Tal como lo había anunciado Marcelo Ebrard en su primer informe de gobierno el pasado 17 de septiembre, la consejera jurídica, Leticia Bonifaz entregó en la oficialía de partes de la SCJN la controversia contra la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el presidente Felipe Calderón el 21 de diciembre El juicio que emprende la administración perredista de Ebrard contra el gobierno federal se enmarca en la confrontación que sostienen el GDF y el PAN capitalino por los recientes incrementos en el impuesto predial Y es que los panistas están capitalizando la inconformidad ciudadana, con la promoción masiva de amparos contra el aumento en ese gravamen Al hacer entrega de la documentación en la SCJN, Bonifaz explicó que en la reforma fiscal 2008 se adicionan y abrogan diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, de Impuestos sobre la Tenencia y Especiales sobre Servicios, que "afectan directamente los ingresos del Distrito Federal" Agregó que la fórmula que se incluyó en la Ley de Coordinación Fiscal ocasionará una pérdida de 22 mil 500 millones para el GDF en los próximos cinco años, lo que adicionalmente "atenta contra la legalidad del resto de los estados" Detalló que la fórmula fiscal impugnada "sólo considera el criterio de población y no el producto interno bruto que se general, y en consecuencia hay una terrible desigualdad porque en el DF trabaja mucha gente que habita en el Estado de México" Añadió que esos criterios dañan a la Ciudad de México porque se toman en cuenta datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que apuntan a una disminución de la población, pero por otra parte no se toma en cuenta que se trata de la "principal proveedora de recursos de la República, y aunque no sería posible que recibiera la misma proporción de recursos, tampoco es justo que se afecte a sus habitantes" Otro de los alegatos, comentó la consejera jurídica, es que al presentarse la iniciativa, el Ejecutivo federal "no convocó a una Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, a lo que está obligado de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, que indica que tienen que realizarse esas juntas cuando se modifican las reglas de participación de las entidades en los ingresos federales" Bonifaz señaló que adicionalmente el gobierno capitalino sostendrá reuniones con los legisladores federales perredistas para "cabildear" una iniciativa que derogue la actual reforma fiscal, de ser posible "antes que se resuelva la controversia constitucional"