San Salvador, 12 de marzo (apro) - Los menores que desaparecieron a causa del conflicto armado salvadoreño, en la década de los ochenta, van apareciendo a "cuentagotas", pese a que los fusiles fueron silenciados en esta tierra centroamericana hace más de quince años La desaparición forzosa de adultos y menores por oficiales del Estado es considerada como un delito de lesa humanidad, por tanto, es ?inamnistiable? e imprescriptible, algo que ha chocado con la filosofía de los últimos cuatro gobiernos salvadoreños, encabezados por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), mismos que han tenido vigente una cuestionada Ley de Amnistía General de 1993, que no admite enjuiciamientos contra los más importantes violadores de los derechos humanos, tanto del Ejército como de la guerrilla Datos estadísticos de la asociación humanitaria Pro-Búsqueda, fundada en 1994 por el jesuita ya fallecido Jon Cortina, tiene una cuenta de 787 casos de menores registrados como desaparecidos, y 323 resueltos, por lo que quedan pendientes 464 Los casos investigados se resuelven con mucha dificultad, narra a Apro una de las investigadoras, Margarita Zamora Los tres últimos han llegado a "feliz" término, después de varios años de indagaciones El caso de Rita Silvia López, fue solucionado en mayo de 2006, en que se reunió con su padre después de 25 años de separación El 12 de diciembre de 2006, también la campesina María Maura Contreras logró reencontrarse con su hija Gregoria Herminia, de 26 años, después de casi un cuarto de siglo de separación forzosa y, finalmente, Francisca Quinteros, una campesina de 40 años, se reencontró el pasado 1 de febrero con su hija María Esperanza Guadalupe (hoy conocida como Alix Maulin) en Paris Madre e hija estuvieron separadas por 24 años La investigadora Margarita Zamora dice que las indagaciones comienzan desde que los familiares ponen las denuncias Ellos brindan los testimonios, todos los pormenores, documentos legales "Nosotros nos encargamos de atar hilos, buscamos testigos, acudimos a orfanatos, iglesias, cuarteles, la Cruz Roja a donde se pueda Tomamos prueba de ADN a los familiares más cercanos y la confrontamos con las existentes en el banco genético que tenemos en la Universidad de Berkeley, en California, donde nos apoya un grupo de Médicos por la Paz", afirma la activista "Los casos son distintos todos Yo misma tengo cuatro hermanitos que están desaparecidos desde junio de 1982, pero no hemos tenido forma de saber de ellos", narró Pro-Búsqueda está convencida que cientos de casos se pudieran resolver si la Fuerza Armada abriera sus archivos de la guerra y permitiera cotejar datos de las denuncias con las actas de los operativos militares desarrollados durante el conflicto Crueldades diferentes Gregoria Hermina Contreras fue secuestrada, junto a sus dos hermanos, Serapio y Julia, por soldados en un operativo antiguerrillero en 1981 Un soldado del "batallón Atlacátl" se la "adueñó" y se la llevó al seno de su familia El soldado murió y la niña fue víctima de graves hechos de violencia y discriminación intrafamiliar Pudo escapar a un tercer país donde pudo ser localizada por Pro-Búsqueda, la que finalmente fue puesta en contacto con su madre biológica Mientras, María Esperanza Guadalupe Quinteros, a los tres meses de edad, fue dada en adopción a una familia francesa Esta menor fue llevada de un refugio de víctimas de la guerra en el oriente salvadoreño, a un orfanato, sin consentimiento familiar Tres años duró la investigación hasta que finalmente la hija (ahora conocida como Alix Maulin) y su madre lograron reencontrarse en París "Los casos van apareciendo a cuentagotas porque se trata de delitos de lesa humanidad en los que están involucrados exaltos oficiales del Ejército --algunos en activo--; otros que fueron soldados, la Cruz Roja salvadoreña y algunos abogados de renombre que legalizaban adopciones fraudulentas", afirmó Mario Sánchez, uno de los directores de "Pro-Búsqueda" Sánchez considera que una de las instituciones culpables de que los casos no se aceleren es el Ministerio de Defensa "Ellos se niegan a abrir los archivos donde constan los pormenores de las operaciones realizadas durante la guerra civil", agregó, quien cree que muchos oficiales están temerosos de que se les instauren juicios No obstante, el trabajo realizado por Pro-Búsqueda ?pese a las limitaciones financieras-- coloca cada vez más al Estado salvadoreño contra la pared Junto al Centro de Justicia y Derecho Internacional (Cejil), con sede en Costa Rica, Pro-Búsqueda llevó en 2005 el caso de las desaparecidas hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que condenó al Estado Salvadoreño, obligándolo a reparar el daño físico y moral a los familiares, pero también obligó a que el gobierno de Antonio Saca indagara el paradero de las menores y sancionara a los culpables del delito Esto último no se ha cumplido, pero hay muchos más casos que se acumulan progresivamente