Washington, 20 de marzo (apro) - En una decisión caracterizada como un medida enérgica para detener los abusos políticos que comete el gobierno de George W Bush, la Cámara de Senadores del Congreso federal estadunidense aprobó por 94 votos a favor y dos en contra, un proyecto de ley que deroga la autoridad del procurador general de Justicia, Alberto Gonzales, para designar a fiscales federales La determinación del Senado estadunidense es otro duro golpe político al gobierno del presidente Bush, el que sigue impregnado de escándalos de abuso de poder La derogación del poder del procurador general de Justicia, es en reacción al despido de 8 fiscales federales (uno el año pasado y los otros siete para enero de 2008) debido a que ideología política de éstos no comulga con la de Bush y el Partido Republicano "Ni el procurador general ni yo aprobamos la manera como se manejaron las explicaciones ?sobre el despido de los fiscales--, pero estamos determinados a corregir el problema", declaró Bush en una breve conferencia de prensa en la Casa Blanca "El procurador general y su equipo de asesores más cercanos testificarán ante los comités legislativos para explicar cómo se tomaron las decisiones y bajo qué razones", añadió el presidente Bush agregó que, además, se entregará al Capitolio toda la información disponible para aclarar el caso, y aseguró que el despido de los ocho fiscales nada tiene qué ver con asuntos o intereses político-partidistas "Tiene toda mi confianza", añadió Bush sobre el procurador general de Justicia, no sin antes acusar a los demócratas de querer "anotarse puntos políticos" y usar a la retórica para buscar una confrontación política "Si se politiza a los fiscales, entonces se politiza a todo el mundo que pertenece a la cadena de la aplicación de la ley", dijo, después de concluida la votación, el senador Patrick Leahy, legislador demócrata por el estado de Vermont y presidente del Comité Judicial, quien es, además, uno de varios congresistas que le están pidiendo al mandatario estadunidense que despida a Gonzales El proyecto de ley es, además, un reto directo a la autoridad que tiene la presidencia de Estados Unidos en términos de la independencia que otorga al Departamento de Justicia para nombrar a los fiscales federales del país, sin embargo, conforme se han ido deshilvanando los detalles sobre el despido de los ocho fiscales, es claro que la decisión emergió por motivos políticos y no por incapacidad de los magistrados para ejercer y defender las leyes estadunidenses, como la marca la constitución política Gonzales, quien la semana pasada asumió la responsabilidad del caso, se niega a aceptar que los fiscales fueron despedidos por sus ideas políticas compenetradas con las del Partido Demócrata, no obstante a que documentos y trascripciones de correos electrónicos de varios funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca demuestran que la decisión de correr a los fiscales fue por esos motivos Varios documentos que ha dado el Departamento de Justicia a los legisladores indican que Karl Rove, asesor político de Bush y subjefe de Gabinete, así como Harriet Miers, exasesora legal del presidente, fueron los que originalmente le sugirieron a Gonzales que debía correr a los fiscales que no compartieran las ideologías políticas de la Casa Blanca Ante las evidencias que, aunque a cuentagotas, han ido surgiendo, los legisladores, tanto demócratas como republicanos, están solicitando a Rove y a Miers, como testigos ante el Comité Judicial de la Cámara de Senadores para aclarar el escándalo La Casa Blanca anuncio este martes que Rove y Miers no están disponibles para presentar testimonio bajo juramento ante el Comité senatorial, pero ofreció la cooperación de los dos implicados en el escándalo para hablar con los legisladores, aunque en un formato de entrevista Charles Schumer, senador demócrata por Nueva York, y el principal promotor de que Gonzales sea reemplazado en su puesto, indicó que en el Senado se usarán todos los medios legales que les autoriza y proporciona la Constitución, para lograr que Rove y Miers se presenten a testificar ante el Comité y bajo juramento "Las entrevistas deben ser en privado y realizadas sin la necesidad de juramentar al entrevistado, sin que haya trascripción ni más testimonios", señaló Fred Fielden, el actual consejero legal del presidente Bush, en una carta que envió al Comité Judicial del Senado y al de la Cámara de Representantes Bush declaró la semana pasada que no estaba contento con la manera en que el Departamento de Justicia manejó el asunto del despido de los fiscales, pero no ha hecho nada para aclarar la situación al dejar que sea Fielden el que intente solucionar el caso con los legisladores El mismo martes por la mañana, y antes de irse de gira al estado de Kansas, Bush se comunicó por teléfono con Gonzales con quien conversó durante unos 45 minutos sobre el asunto de los fiscales Tony Snow, el vocero de la Casa Blanca, explicó a la prensa que en la conversación el presidente le reiteró su absoluta confianza al procurador general de Justicia Ya es común en el gobierno de Bush que cuando surge un escándalo político, su vocero o él mismo rechacen cualquier especulación de reemplazar al funcionario que esté involucrado en el asunto, tal como lo hizo en un principio de su gobierno con Paul O?Neill, secretario del Tesoro, y más recientemente con Donald Rumsfeld, secretario de la Defensa Mientras tanto, en el juego de las especulaciones políticas de Washington sobre los posibles reemplazos de Gonzales, quien fungió como asesor legal de Bush durante los primeros cuatro años del mandato del presidente republicano, se mencionan a Frances Fragos Townsend, asesora presidencial de Seguridad Interior; Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interior; Ted Olson, excontralor general de la Nación; Kenneth Wainstein, asesor deGonzales; al juez federal de apelaciones Lawrence Silberman; y al abogado de la empresa PepsiCo, Larry Thompson El proyecto de ley aprobado por el Senado debe también ser sometido a consideración del pleno de la Cámara de Representantes La medida legal establece como regla que cuando existe una vacante de fiscal federal en alguna corte del país, el Departamento de Justicia tenga la autoridad de nombrar a un fiscal interino por un plazo máximo de 120 días; si en este lapso el fiscal interino no es confirmado al puesto por la Cámara de Senadores, entonces la designación del fiscal pasa a ser decisión de un juez federal de Distrito, en este caso de donde se dé la vacante El proyecto de ley aprobado por el Senado no es un nuevo mecanismo legal para la designación de los fiscales, es más bien la recuperación o restablecimiento de la ley que ya se tenía hasta antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que fue relevada por los parámetros jurídicos y legales que le asignó al Departamento de Justicia la llamada ley del Acta Patriótica, aprobada por el Capitolio a finales de 2001