México, D F, 5 de junio (apro)- El cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) representa una actuación política inédita en el continente americano, y se inscribe en una amplia toma del control del espacio público por parte del poder, afirmó hoy Reporteros sin Fronteras La organización, con sede en París, elaboró un informe sobre el fin de las transmisiones de RCTV a finales de mayo pasado, y lo presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo de Europa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) RSF evaluó las consecuencias de este hecho sobre la libertad de información y expresión en el país y asistió en directo al fin de las emisiones de RCTV, el pasado 28 de mayo Su informe incluye entrevistas con periodistas, trabajadores, analistas y políticos de oposición Durante semanas, RSF vivió de cerca los últimos días de la televisora privada venezolana Según RSF, el presidente Hugo Chávez decidió "de forma unilateral el cierre de RCTV" al margen de cualquier procedimiento judicial y "despreciando" a instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) Además, consideró que "la participación de RCTV en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 (que apartó a Chávez brevemente del poder) no se ha establecido jurídicamente, condición imperativa para justificar la no renovación de la licencia del canal" Sostuvo que el gobierno venezolano violó la Convención Interamericana de Derechos Humanos al no aplicar las recomendaciones de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la protección del personal y el material de RCTV "El cierre de RCTV, denunciado casi unánimemente por la comunidad internacional, representa una actuación política inédita en el continente americano (), que se inscribe en una amplia toma del control del espacio público por parte del poder", añadió RSF La cadena privada RCTV, decana de la televisión en Venezuela con 53 años de antigüedad, dejó de emitir el 28 de mayo, cuando expiraba su licencia, que no fue renovada por decisión del gobierno que la consideraba vinculada al golpe de Estado de 2002