* Aprueban la elaboración de un programa nacional en la materia México, D F, 30 de marzo (apro)- Al menos una decena de ONG e instituciones defensoras de las garantías más elementales, calificaron de positivo que el gobierno federal esté llevando a cabo procesos que podrían implicar cambios estructurales en materia de derechos humanos Precisaron que existen otros procesos en curso, tales como la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, la convocatoria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la reforma al sistema de administración de justicia, así como la propuesta de cambios constitucionales en materia de derechos humanos que presentará el Ejecutivo federal, entre otros Sin embargo, expresaron que es fundamental que exista congruencia entre estos procesos y que las propuestas estén adecuadas a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente cuando nuestro país ha recibido diversas recomendaciones de organismos internacionales, entre los que se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el relator de Independencia de Jueces y Abogados, la relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, entre otros Organismos como Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura; Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todos”, señalaron que las reformas atañen de manera directa a la sociedad y al trabajo de las ONG, sin embargo, en el proyecto de reforma presentado el día de ayer por el presidente, no se establecieron ni respetaron los mecanismos adecuados para su consulta En este sentido, apuntaron que resulta preocupante la falta de transparencia y coordinación del Ejecutivo para lograr que la iniciativa fuera enriquecida mediante un proceso conjunto con la sociedad civil “A pesar de que el Ejecutivo cuenta con la Comisión Intersecretarial de Políticas Públicas en Materia de Derechos Humanos, para facilitar este proceso a través de su discusión entre las instituciones y organismos civiles, nunca nos fue presentada” Frente a ello, exhortaron al Congreso de la Unión a iniciar procesos de consulta, discusión y propuesta con la sociedad civil y expertos internacionales, para “asegurarnos que la reforma contenga los estándares internacionales en la materia” En principio, se busca que haya congruencia con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, que atienda las recomendaciones señaladas por el alto comisionado de Naciones Unidas; que se dé una inserción coherentemente en el proceso de elaboración y contenidos del programa nacional en el área, así como en torno a la reforma integral del sistema de justicia, y que en esencia sea producto del diálogo consultivo con la sociedad interesada, especialmente el sector académico y las organizaciones civiles que trabajan los temas Las ONG piden que la reforma propuesta por Fox incluya medidas que garanticen el sometimiento de las policías investigadoras al control y autoridad del Ministerio Público; se garantice la defensoría de oficio en condiciones profesionales y laborales que aseguren eficacia; se adopten medidas afirmativas contra todo tipo de discriminación; se tenga en cuenta los contenidos del Convenio 169 de la OIT y de los acuerdos de San Andrés en materia de justicia para miembros de pueblos y comunidades indígenas; se incorpore la transparencia en los procesos judiciales que inhiba la violación de derechos y la corrupción; se creen mecanismos de control, vigilancia y rendición de cuentas de las instituciones y funcionarios involucrados en la procuración y administración de justicia penal, así como en la etapa de ejecución de sentencias De ahí, puntualizaron, la importancia de que el Poder Legislativo abra el proceso de discusión de las iniciativas, a fin de incluir las propuestas de la sociedad civil, los estándares internacionales, las recomendaciones de expertos y alcanzar, así, una reforma estructural, integral y coherente que garantice plenamente el respeto de los derechos humanos