México, D F (apro)- Con escepticismo y cautela recibieron familiares de desaparecidos y organizaciones de defensa de derechos humanos el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) David Cabañas Barrientos, hermano del guerrillero Lucio Cabañas, dijo que en México existen mil 200 casos de detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano Perseguido y preso político, torturado y secuestrado 10 días en cárceles clandestinas, y "procesado" --absuelto 8 años 3 meses después, en 1998-- David dijo que el informe de la CND considera el caso de 532 desaparecidos, pero quedan alrededor de 700 fuera En su opinión, las instituciones deben dar nombres de los responsables de la "guerra sucia" de los años 70 y 80 "Hay presunción, pero se mencionaron mandos en general, faltaron los nombres" Dijo que la familia Cabañas Barrientos "está pidiendo justicia y juicio a los responsables, para ello se requieren nombres y no sólo versiones que todavía no precisan datos" Recordó el papel que jugaron en esa etapa de la guerra sucia de los generales Arturo Acosta Chaparro y Humberto Hermosillo Quirós David Cabañas y su familia, única de los desaparecidos presentes en el acto que se efectuó en el Archivo General de la Nación, dijo que el responsable de la desaparición y muerte de su hermano Lucio, es "el Estado mexicano" Incluso, anunció que posiblemente el 13 de diciembre habrá un proceso de exhumación de los supuestos restos de su hermano Lucio Cabañas, del panteón municipal de Atoyac de Alvarez, donde las autoridades dicen que se encuentran los restos del guerrillero Recordó que la familia completa ha sido hostigada toda, incluso un hermano suyo de 15 años fue secuestrado de la misma escuela donde asistía; su sobrina fue secuestrada un año y medio, cuando solo tenía un mes y medio de vida, y estuvo en el campo Militar Número Uno A su vez, Andrés Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, cuestionó el informe de la CNDH, porque ésta no insta al Ejecutivo a que realicen modificaciones al marco jurídico, "con lo cual la impunidad quedará como una posibilidad, porque la mayoría de los delitos ya prescribieron "Esperábamos que la CNDH instara al Ejecutivo y al Legislativo para modificar ese marco", lamentó Así mismo, dijo que la CNDH no aporta datos del lugar donde se encuentran los desaparecidos, "que es el primer reclamo de los familiares de desaparecidos, no aporta datos evidentes y contundentes sobre el paradero Y el hecho de enunciar que todo se apegue a derecho, no garantiza el combate de la impunidad" Ramírez López señaló que se hizo énfasis en la reparación del daño, pero no se hizo hincapié en el derecho de la víctima a conocer la verdad "Es lamentable ?dijo-- que sólo se desclasifique la información de los desaparecidos hasta el año 85, porque rompemos la continuidad entre la impunidad del pasado y la presente, porque la desaparición forzada en el país sigue siendo un hecho vigente, recordemos los casos de Gilberto Romero Vázquez, Benito Baena Maldonado, Gregorio Alfonso Alvarado López, desaparecidos en sexenios anteriores y no se sabe nada de su paradero, aparte de casos de torturo, como sucedió con los hermanos Cerezo Contreras" Al final del acto, Marie Claire Acosta, subsecretaria de Derechos Humanos de la Cancillería, dijo que no se debe prejuzgar sobre la Fiscalía, ni sobre el papel del general Macedo de la Concha, al dirigir la investigación que realice el fiscal especial para los casos de desaparecidos "Si el presidente le ha dado instrucciones al procurador general de la República, lo hará, aquí no estamos hablando del pasado de la gente, o de militares o no militares, sino de un funcionario que tiene a su cargo la procuración de justicia a nivel nacional y él ha recibido una instrucción precisa que deberá acatar", dijo Acosta La funcionaria añadió: "vamos a ver quién es el fiscal, vamos a ver cómo se comporta, pero no prejuzguemos nada, acabamos de dar un paso importante" Precisó que aunque la documentación de estos casos será hasta el 85, también estará disponible la información de casos posteriores a esa fecha Juan Antonio Vega, secretario de la Red "Todos los derechos para todos" señaló que la información de la CNDH es lo mismo que ya han informado los familiares de los desaparecidos, "que en México hay un cáncer denominado guerra sucia y violación a los derechos humanos encubierta o cubierta como parte de una política de estado contra los opositores" Uno de los cuatro derechohumanistas amenazados tras el homicidio de la abogada Digna Ochoa, Vega señaló que "la única manera de reaccionar por parte del Estado, es a través de una política de esclarecimiento de los hechos y resolución de todos los aspectos de transformación institucional, y ahí entramos al terreno de la duda de si realmente una fiscalía especial cobijada bajo un marco institucional que en el pasado no quiso investigar este tipo de hechos, será la instancia adecuada que lleve a los familiares a que se haga justicia" No sólo eso, también consideró que la otra duda es "si el procurador Macedo tendrá la capacidad suficiente para encabezar este tipo de investigaciones y queda la gran tarea, que no fue señalada en esta mesa, de definir cuáles son las transformaciones institucionales, las reformas estructurales para que estas situaciones no se repitan Mientras la PGR y la Procuraduría de Justicia Militar no tengan controles constitucionales, entonces las medidas serán de corte inmediatista y parciales" Juan Antonio Vega agregó que en el actual sexenio se han dado hechos contra los derechos humanos, hay casos de desaparición forzada, casos de tortura y de hostigamiento a defensores "Entonces el desafío para el gobierno de Vicente Fox es doble: investigar el pasado, pero también el presente", precisó "Se quiere combatir la impunidad del pasado, pero todavía no se dan resultados combatiendo al presente Creo que es un camino de largo trecho", añadió Por último, comentó que hasta el día de hoy, los grupos de derechos humanos cuyos integrantes han sido amenazados ?como su caso-- carecen de información sobre el avance de las investigaciones A su vez, Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro", dijo que no sólo se debe desear que las violaciones graves a los derechos humanos ya no se sucedan en México en la actualidad, sino que se tiene que construir un marco jurídico que impida, efectivamente, que esto no vuelva a suceder Coincidió en el hecho de que la autoridad debió incluir en el informe la determinación de las responsabilidades individuales, que es un hecho clave Con relación al homicidio de Digna Ochoa, Cortez señaló que fue un "catalizador de muchos de estos procesos", pero ello no quita la responsabilidad individual de investigar y de los resultados en este caso Cortez recordó el informe que recientemente ofrecieron, donde se señalan las deficiencias en la investigación 27/11/01