México, D F- En el marco del informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, durante el cual éste pronunció un discurso contra la discriminación, el diputado priista Arturo Barajas denunció que el funcionario despidió a cuatro mujeres embarazadas Por eso, informó que propondrá que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicite su comparecencia En lo que consideró una campaña contra las mujeres embarazadas al interior de la CDHDF, Barajas precisó que Verónica Medina, María Elena Velasco, Verónica Chávez y Gabriela Peralta acudieron con él para denunciar a Álvarez Icaza El legislador planteó la necesidad de que el ombudsman capitalino explique si los despidos tienen alguna justificación, ya que se dieron cuando las empleadas tenían varios años laborando en al CDHDF Barajas contempló la posibilidad de que los despidos hayan respondido a errores de las empleadas, pero dijo que el funcionario tendrá que exponer esas razones en la ALDF Precisó que la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de este organismo legislativo, propondrá que se cite a comparecer al encargado de la CCHDF que, reclamó Barajas, incurre en violaciones de los derechos humanos cuando debería ser el primero en velar por ellos Al rendir su primer informe ante el jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, Álvarez Icaza planteó que la discriminación "lo mismo se presenta en instituciones públicas que en sector privado" Habló de los problemas que sufren particularmente las mujeres, los homosexuales, los discapacitados y la gente pobre, los cuales tienen como máxima expresión la iniquidad en la impartición de justicia Álvarez Icaza resaltó la importancia de que la administración local actual haya tipificado a la discriminación como delito, pero puntualizó que esas disposiciones no resuelven la problemática Anunció la puesta en marcha de un programa por parte de la Comisión para intentar modificar los patrones culturales al respecto El ombudsman dijo sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa que "evidenció la impunidad que aún prevalece en el ámbito de procuración e impartición de justicia" Hizo referencia a las irregularidades que se hicieron públicas desde octubre del año pasado: "los antecedentes de amenaza y hostigamiento sufridos tanto por Digna como por otros defensores de derechos humanos no fueron investigados oportunamente" Álvarez Icaza manifestó su preocupación por las amenazas contra los también activistas de derechos humanos Bárbara Zamora y Leonel Rivero, respecto a las cuales pidió al procurador General de Justicia de la ciudad, Bernardo Bátiz, ahí presente, que se realicen investigaciones a cabalidad 09/04/02