México, DF - El presidente Vicente Fox, el Senado de la República y las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores deberán responder, en un plazo no mayor de 30 días, a la demanda de controversia constitucional que interpuso el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por los términos en que se ratificó la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, según lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación De acuerdo con fuentes judiciales citadas por el diario La Jornada, el pasado 22 de abril el ministro instructor de la controversia, Juan Díaz Romero, emplazó a los demandados a responder lo que a su derecho convenga en un plazo no mayor a 30 días Este lunes, el jefe de gobierno de la capital informó que el 13 de abril pasado interpuso un recurso de controversia constitucional en contra de la decisión del gobierno federal y del Senado de la República de ratificar la Convención en términos que considera equivocados Al aprobar la ratificación de la Convención, en noviembre pasado, el Senado de la República lo hizo bajo la interpretación de que esta normatividad sólo aplicará a partir de la entrada en vigor de la misma Es decir, que no se podrá investigar ni sancionar las desapariciones ocurridas en México antes del 2001 Esto, a la luz del principio constitucional de no retroactividad de las leyes Además de la declaración interpretativa, se impugnó la reserva hecha por el Senado para que los militares no puedan ser juzgados por tribunales civiles en caso de que sean considerados responsables de desaparición forzada de personas Según las mismas fuentes, esta es la primera vez que un gobierno local demanda al presidente y al Senado por la ratificación de un convenio internacional En tanto, el líder del PAN capitalino, José Luis Luege Tamargo, se mostró de acuerdo --por primera vez-- con López Obrador, pues aseguró que tampoco aprueba la "declaración interpretativa" con que se aprobó la Convención Los tratados internacionales deben asumirse plenamente, dijo, al tiempo de agregar que en el pasado "las declaraciones interpretativas" sólo sirvieron a los gobiernos mexicanos "para no respetar plenamente los derechos humanos en el país" Dijo que, en principio, le parece correcta la decisión tomada por el jefe de gobierno, pero aclaró que esta postura es personal, no es la de todo su partido Por su parte, el diputado del PVEM, Camilo Campos, apuntó que este tema no corresponde al ámbito de responsabilidades del jefe de gobierno, aun cuando sea verdad que tanto el Ejército como la Iglesia deben abrirse plenamente a la justicia civil Es conocido que en ambas instituciones se cometen con impunidad abusos sexuales y agresiones físicas, dijo, sin que los responsables sean juzgados por la vía civil Para Raúl Alvarez Garín, exlíder estudiantil del movimiento del 68, este recurso es una acción muy importante, "porque las controversias sólo las pueden presentar autoridades" Esta controversia abre una perspectiva importante para las víctimas de desaparición forzada, pues en el Senado de la República se hacen maniobras para que los responsables puedan evadir la acción de la justicia 29/04/02