Puebla, Pue (apro)- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigirá a los gobiernos de Vicente Fox y de Melquíades Morales Flores, que en un plazo no mayor a 60 días entreguen un informe sobre las investigaciones a lo largo de 30 años en torno al asesinato del líder universitario, Joel Arriaga Navarro, ocurrido el 20 de julio de 1972 La petición la realizó la CIDH de acuerdo con el artículo 30 de su reglamento, tal como se asienta en el oficio REF: 342/02, firmado por Santiago A Cantón, en su calidad de secretario ejecutivo del organismo Judith García viuda de Arriaga recurrió a esa instancia luego de que en Puebla las autoridades judiciales decidieran dar carpetazo a un caso, del que lo único que se integró al expediente en tres décadas, fue las declaraciones de los amigos y familiares del profesor egresado de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y hostigado por el entonces gobernador Gonzalo Bautista, por encabezar la lucha por la autonomía universitaria Previo a su muerte se ordenaron cuatro arrestos en la cárcel estatal en su contra y, por no retirarse del movimiento, se arregló que la Procuraduría General de la República (PGR) le fincara cargos por supuesta comisión de delitos como delincuencia organizada e invitación a la rebelión Aunque no se pudieron aportar elementos de cargo, Arriaga Navarro estuvo preso tres años en la crujía "C" de Lecumberri, junto a los llamados líderes históricos de 1968, con quienes se le relacionó, aunque nunca tuvo injerencia directa en aquella movilización que desnudó la forma en que el gobierno solucionaba sus problemas A su regreso a Puebla fue asesinado, hechos calificados por el propio fiscal especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto como crimen de Estado, como ejecución extrajudicial De ahí que la CIDH aceptara hacerse cargo de un caso que estuvo a punto de archivarse por decisión de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), que encabeza Héctor Maldonado Villagómez Si las autoridades tanto del estado, como del gobierno federal, incumplen la solicitud de la organización, se harán acreedores a una amonestación pública de carácter internacional, justo en momentos en que el originario de Guanajuato trata de legitimarse como cabeza de un régimen democrático y respetuoso de los derechos humanos 24/09/02