México, D F (apro)- Para el antropólogo Bolfy Cottom, las declaratorias como patrimonio de algún bien o producto cultural, todavía son operantes y tienen fundamento en el artículo 27 de la Constitución En entrevista telefónica, el especialista en legislación sobre patrimonio responde así a la polémica suscitada por la declaratoria como monumento de la nación de la obra de la pintora jalisciense María Izquierdo (1902-1955): “Una declaratoria, acorde con el artículo 27 constitucional, lo que hace es limitar derechos En el caso de las zonas de monumentos arqueológicos, garantiza una protección integral para que el uso del suelo se ajuste a la naturaleza del tipo del bien Si no, imagínese, podrían colocar ahí mercados, estacionamientos o cualquier tipo de cosas “En el caso de obras artísticas, protege para que no se les comercialice en el extranjero y no salgan del país si no es con autorización, porque de lo contrario, se perdería un bien que es importante para el país” Por ello, dijo: “Por supuesto que la declaratoria es operante Tenemos también declaratorias que se refieren al patrimonio natural, zonas federales, parques nacionales Ese tipo de declaratorias han sido fundamentales, aunque obviamente no resuelven el problema de la protección del patrimonio cultural totalmente, porque es un problema de conciencia y de educación de la sociedad” Molesto por la declaratoria, promulgada en octubre en el marco de la conmemoración por el centenario del natalicio de la pintora, el coleccionista Andrés Blaisten, propietario de treinta obras de Izquierdo, recordó que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos data del periodo del expresidente Luis Echeverría, y por tanto consideró que las declaratorias consideradas en la misma, son un retroceso De hecho Blaisten, con las también coleccionistas Mariana Pérez Amor y Alejandra Iturbe, promueve un juicio de amparo contra la declaratoria, por considerarla “inconstitucional” Diversos historiadores del arte, entre ellos Teresa del Conde, exdirectora del Museo de Arte Moderno, y Juan Carlos Pereda, curador del Museo de Arte Internacional Rufino Tamayo, han hecho declaraciones calificando a las declaratorias como “anacrónicas” Autor, con el también antropólogo Julio César Olivé Negrete, del libro “Leyes estatales en materia de patrimonio cultural”, Cottom responde: “Creo que en buena medida ellos no entienden, no saben de qué se trata; si se entendiera, no sería tan radical su postura, que no es nueva ya, se ha dicho muchas veces, pero en realidad aquí de lo que se trata es de proteger una expresión cultural” Una de las molestias provocadas por la declaratoria es la imposibilidad de vender la obra de Izquierdo en el extranjero En este sentido, Cottom expone que en la legislación española hay un rubro que establece qué obras pueden comercializarse, porque tienen una clasificación de distintos tipos de bienes: “En el caso de México, una vez declarado, no se puede vender porque hay una especie de filosofía que sustenta la legislación; el espíritu que debe prevalecer es el interés público sobre el privado “Hay un término en derecho denominado ‘bienes domaniales’, y son aquellos que están fuera del comercio; dentro de éstos se considera a los bienes culturales, producciones artísticas que evidentemente tienen un valor pecuniario, un valor comercial, pero tienen también uno incuantificable, el valor cultural, son de la nación porque son importantes para su historia, para la vida en sociedad” Y subrayó: “Nadie está cuestionando que tengan derecho de vender sus cosas, eso no está en discusión, lo que sí es que hay bienes dentro de todos los que existen, sean muebles o inmuebles, que están fuera del comercio, y lo están porque son importantes para la identidad de este país” Los antecedentes de tres dictámenes contra la Ley de Monumentos, entre ellos uno del magistrado Mariano Azuela Güitrón, ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia, han provocado que se especule sobre la posibilidad de crear jurisprudencia, y con ello poner en peligro la protección del patrimonio, según publicó el martes el diario Reforma --¿Hay posibilidad de que los coleccionistas ganen el amparo? --No me atrevería a vaticinar, depende del criterio que tome la Suprema Corte Lo que sí puedo decir es que, en cuestión de aplicación de las leyes, estamos transitando hacia una sociedad mucho más litigante, que defiende más sus derechos y, por lo tanto, exige mayor rigor de las instituciones del Estado Concluye el antropólogo que la protección al patrimonio es un “problema de amor al país”: “De patriotismo, no de ser patrioteros, sino de tener una conciencia nacionalista Por lo demás, hay que tener presente que una declaratoria no tiene un carácter expropiatorio, no se le quita el bien a quien lo posee, simple y sencillamente es una limitación de derechos” 14/01/03