México, D F- Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tenía pruebas sobre el presunto tráfico de influencias en el caso del predio “La Mexicana”, en Santa Fe, en el que estaría relacionado el senador panista Diego Fernández de Cevallos, el oficial mayor local Octavio Romero Oropeza, señaló que al concesionario del terreno le fue otorgado de manera inexpicable y sospechosa un amparo” Durante la conferencia de prensa matutina del mandatario capitalino, Romero Oropeza explicó que de acuerdo con información de los medios de comunicación, el abogado que lleva el litigio trabaja en la firma del también panista Antonio Lozano Gracia, a su vez, socio de Fernández de Cevallos Romero Oropeza detalló que en el caso del predio “La Mexicana”, que fue concesionado a Federico Escobedo Garduño de manera ilegal durante la época del regente Carlos Hank González, existen dos principales irregularidades: La primera, es que desde 1967 existía una carretera federal trazada en ese terreno y que “a través de todas las argucias legales, seguramente en complicidad con algunos funcionarios de la época, desapareció” La segunda se refiere a la mina Santa Lucía, que se encuentra en el predio en disputa Oropeza relató que “bajo el argumento de posibles obras de la delegación Cuajimalpa, Escobedo solicitó un amparo ante la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, la cual le otorgó la suspensión por los actos atribuidos” a la demarcación política El amparo de que goza Escobedo “de manera inexplicable y por demás sospechosa” se ha extendido durante cinco años, sin que se dicte una sentencia definitiva con relación al fondo del asunto, abundó Sostuvo que la relación entre el abogado de Escobedo, Miguel Ángel Alcántara Soria y el panista Lozano Gracia está comprobada, toda vez que existe un informe del primero en el que detalla los pormenores del caso al exprocurador general de la República Por ahora, el equipo de trabajo que se ha conformado entre trabajadores de Seduvi, Setravi, la Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica, se encuentra revisando los expedientes relacionados con el litigio, “porque es una labor de arqueología”, concluyó 24/04/03