Ciudad de Guatemala -- La “colombianización” amenaza a Centroamérica: A finales de enero de 2003, un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reveló los detalles de una compleja operación en la que empresarios mexicanos, vendedores de armas israelitas asentados en Guatemala, jefes militares y policiacos nicaragüenses y agentes panameños desviaron, en abril de 2002, un lote de 3 mil AK-47 y 25 millones de municiones propiedad del ejército y la policía de Nicaragua, presuntamente vendidas a la policía panameña y a las Autodefensas Unidas de Colombia La investigación desnudó los escasos controles de la región sobre los reductos de armamento de la guerra civil en Centroamérica, que ahora se venden en el mercado negro en los países del área --más de 2 millones de armas circulan en la región según reportes oficiales-- y sobre los agentes que manejan operaciones de compra-venta de armamento Sumidas en altos niveles de violencia que algunos analistas equiparan a la que se vive en Colombia, las naciones centroamericanas empezaron a mostrar su preocupación por otro tipo de “colombianización”: La derivada del tráfico de armas y drogas de Colombia hacia Centroamérica y viceversa El flujo de armamento entre ambas regiones se ha modificado Si en los años 80, durante la guerra civil en Centroamérica, Panamá fue puerto de entrada de armas dirigidas a la guerrilla, en los últimos años se ha convertido en el punto a través del cual armamento centroamericano estaría siendo desviado hacia Colombia La ruta de las armas Un informe de la OEA, en poder de Apro, concluyó que “vendedores internacionales de armas consideraban a Nicaragua como una fuente potencial de armas de guerra con objetivos ilegales” Los investigadores dicen haber sido informados de que armas nicaragüenses han sido recuperadas durante operaciones realizadas contra las Autodefensas Unidas de Colombia El tema empezó a ser discutido al más alto nivel El 11 de febrero, reunidos en Panamá con el mandatario colombiano Álvaro Uribe, los presidentes Alfonso Portillo, de Guatemala, Francisco Flores, de El Salvador, Ricardo Maduro, de Honduras, Enrique Bolaños, de Nicaragua, Abel Pacheco, de Costa Rica y Mireya Moscoso, de Panamá, emitieron una declaración reconociendo que la violencia en Colombia “afecta la paz y la estabilidad de toda la región”, calificando de “terroristas” a los grupos guerrilleros colombianos y repudiando sus acciones Las autoridades colombianas previeron que las acciones que deriven de ésta declaración frenarán el tráfico de armas de territorio centroamericano a su país y las operaciones de lavado de dinero En un segundo encuentro, celebrado del 11 al 13 de febrero en Tegucigalpa, Honduras, los jefes del estado Mayor de los ejércitos de Centroamérica, reunidos con el Comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense, acordaron estrategias para intercambiar información y combatir conjuntamente el terrorismo y el tráfico de drogas, armas y personas Tarea difícil La investigación de OEA reveló los endebles controles de las autoridades centroamericanas en el caso de las municiones y fusiles propiedad del ejército y la policía nicaragüense, que fueron intercambiadas a través de los exintegrantes del ejército israelí Ori Zoller y Uzi Kissilevich, residentes en Guatemala y propietarios de la empresa Grupo de Representaciones Internacionales (GIRSA) GIRSA a su vez vendió el lote de armas a Shimon Yelinek, otro comerciante de armamento israelí residente en Panamá, quien presentó una orden de compra de la policía panameña, que después se supo era falsa Contratada por Yelinek, la compañía marítima Trafalgar Maritime Inc, propiedad del mexicano Miguel Onattopp Ferriz, condujo el cargamento en el único barco de la compañía, el Oterloo, dirigido por el capitán Jesús Iturrios, también mexicano Cuando recibió el armamento del ejército nicaragüense en el puerto de Rama en Nicaragua, el buque declaró zarpar hacia Panamá, pero se dirigió directamente a Turbo, Colombia, donde las armas fueron entregadas a las AUC de Colombia El capitán del barco desapareció y la compañía marítima del mexicano fue disuelta meses después La investigación de OEA documenta que después de esa primera operación, a mediados de 2002, GIRSA empezó a organizar otra venta de armas a Yelinek, ahora por 5 mil AK47 y 17 millones de municiones, con el ejército de Nicaragua, utilizando la misma orden de compra falsa de la transacción , venta que abortó cuando se divulgó que servicios de inteligencia de Colombia, Nicaragua y Panamá realizaban una operación secreta para rastrear la operación e identificar a los involucrados, entre ellos, altos mandos nicaragüenses, como el general Roberto Calderón Meza, inspector general del Ejército nicaragüense y contacto de GIRSA, René Herrera, actual diputado liberal quien fungía como ministro de Gobernación de Nicaragua cuando se autorizó la transacción, así como Francisco Montealegre y Edwin Cordero, exdirector y director de la policía de Nicaragua Destino Al Qaeda Pero el tráfico de armamento centroamericano pudo trascender las fronteras latinoamericanas El equipo investigador de la OEA encontró indicios de que en una operación anterior, GIRSA negoció con el ejército nicaragüense, en enero de 2001, un pedido de cañones antiaéreos, misiles antiaéreos, granadas propulsadas por cohetes, lanzadoras antitanques y armas pequeñas, pedido solicitado por el agente de armas libanés, Samih Osailly, actualmente detenido por autoridades belgas y objeto de investigación por presuntos vínculos con Al-Queda y sospechas de que estuvo involucrado en los ataques contra embajadas de Estados Unidos en África Oriental La investigación incluyó decenas de entrevistas con embajadores de Estados Unidos en países del Istmo, con el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños; el comandante el jefe del ejército de Nicaragua, Javier Alonso Carrión; ministros y exministros nicaragüenses y panameños; diplomáticos israelitas; el comandante de la policía colombiana, José Leonardo Gallego; el embajador representante de México ante la OEA, Miguel Ruiz Cabañas; y con funcionarios del ejército y la policía nicaragüense, funcionarios de impuestos y aduanas en Colombia, con Industrias Militares de Israel, transportistas, funcionarios policiales y militares panameños, vendedores de armas y personas cercanas a los involucrados en el trasiego ilegal El caso dejó, a juicio de los investigadores, lecciones para fortalecer el régimen interamericano de control de armas y para prevenir que nuevos desvíos a grupos terroristas ocurran en el futuro El informe propuso que los gobiernos de Colombia, Nicaragua y Panamá emprendan investigaciones criminales conjuntas para revelar y castigar la posible conducta delictiva de las personas involucradas en el desvío de armas a las AUC y apliquen la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) que ordena constatar las licencias o autorizaciones de importación para la liberación de embarques Otra recomendación de la OEA a los estados centroamericanos fue establecer un registro y control gubernamental de fabricantes y vendedores de armas, y el establecimiento de programas de destrucción de excedentes de armamento El informe de OEA concluyó que el gobierno de Nicaragua incurrió en negligencia y no cumplió con las disposiciones de la CIFTA, por no haber verificado su efectivamente la policía panameña era el usuario final de las armas intercambiadas Encontró que el ejército nicaragüense habría actuado de forma criminal en un segundo intento para vender por un millón de dólares armas del Estado a intermediarios guatemaltecos y panameños utilizando la misma orden de compra falsa de la policía de Panamá El asunto no trascendió Los altos mandos militares y policiacos nicaragüenses involucrados en el desvío no fueron sancionados, y en Guatemala, después de una suspensión temporal, GIRSA continua operando “Efecto derrame” Para Roberto Cajina, analista nicaragüense en temas de seguridad, “el conflicto en Colombia está produciendo un efecto derrame en Centroamérica, situación que tenderá a agravarse en la medida en que se desarrolle en toda su dimensión el Plan Colombia, que en éste momento parece haber entrado en un receso debido a la guerra contra Irak” El país más afectado, expuso Cajina en entrevista con Apro, es Panamá por ser fronterizo con Colombia y por las incursiones de las AUC en su territorio “El resto de los países se ven involucrados porque constituyen el puente de paso natural para la droga que va del sur al norte, así como por la existencia de buzones de armas remanentes del conflicto bélico de los 80” El tema de la lucha antiterrorista, término que engloba a la guerrilla colombiana, se está abordando en el marco de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) y la comisión de Seguridad de Centroamérica, precisó Cajina Estados Unidos ha hecho valer su influencia en la región, promoviendo a través de la OEA una propuesta para homogeneizar la legislación contra el terrorismo, propuesta que eventualmente, según han advertido legisladores nicaragüenses, podría chocar con la Constitución de ese país, por considerar que implica una suerte de derecho de extraterritorialidad reclamado por Washington En Guatemala, de acuerdo a un estudio del Instituto de Estudios para el Desarrollo sostenible (IEPADES) operan 89 empresas de venta de armas, de las que un alto porcentaje son de origen israelí El ejército de Israel fungió como asesor del ejército guatemalteco en la última fase de la guerra contrainsurgente, después de que el gobierno estadounidense cancelara el apoyo militar al país argumentando violaciones a los Derechos Humanos Según el ministerio de Gobernación de Guatemala, en el país circulan 15 millones de armas sin permiso Ello se traduce en el hecho de que en la ciudad de Guatemala se registran 1015 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más violentas del continente americano En el origen del problema, plantea la investigadora guatemalteca Ana Glenda Tajer, están las leyes permisivas, la falta de controles sobre los agentes del mercado y sobre el armamento que entra y sale del país, y la incapacidad policial para frenar el creciente problema del tráfico de armas