* Buscan rebatir la decisión de cerrar el caso * HRW Canadá y Bar of England and Wales deploran postura oficial Jalapa, Ver , 22 de septiembre (apro)- Luego que Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó el no ejercicio de la acción penal en torno al caso de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, los familiares de la abogada veracruzana exigen la entrega de copia de las conclusiones que sustentan el fallo emitido el 19 de septiembre Al respecto, Jesús Ochoa y Plácido señaló que a pesar de que este lunes 22 se inició el término de los diez días establecidos por ley para presentar el recurso de inconformidad ante el fallo emitido por el coordinador de agentes del Ministerio Público de la PFJDF, Jorge Pacheco Morales, “no contamos con la conclusiones para poder rebatirlas”, aunque ya fueron solicitadas de manera formal el 17 de septiembre Desgraciadamente, subrayó el hermano mayor de Digna, la PGJDF “está actuando igual que la fiscal especial Margarita Guerra”, quien tras emitir su fallo sobre el supuesto suicidio de la defensora de derechos humanos, “nos entregó un mes después sus conclusiones” En este sentido, cabe señalar que Pacheco Morales notificó a los abogados de la familia Ochoa y Plácido sobre el dictamen emitido el 17 de septiembre, en el cual se destaca que esa coordinación “es competente para resolver respecto de la autorización del no ejercicio penal”, ratificando con ello los argumentos vertidos por la fiscal especial hace un par de meses En el segundo punto se reitera que “es procedente autorizar la propuesta de no ejercicio de la acción penal”, de fecha 18 de julio de 2003, formulada por el director de área “A”, José Antonio Pérez Bravo, habilitado para intervenir como agente del MP adscrito a la fiscalía especializada para la investigación de los hechos relacionados con el fallecimiento de Digna Ochoa Sin embargo, en esa notificación no se especifica el porqué se determinó el no ejercicio de la acción penal en este asunto, simplemente se hace referencia “a los razonamientos esgrimidos en el capítulo de considerandos”, establecidos en diversos ordenamientos constitucionales y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal Ante esta situación, Jesús Ochoa explicó que, junto con sus abogados y peritos, acordó programar una conferencia de prensa el próximo 30 de este mes, “en la cual se mostrarán todas las evidencias que demuestran el homicidio de Digna”, asunto del que los familiares de la abogada veracruzana seguirán exigiendo justicia y castigo a los asesinos Sobre este asunto, la organización de abogados canadienses Rights Watch Canadá (LRWC), así como Bar of England and Wales (BHRC), encargada de los derechos humanos a nivel internacional, consideran que el gobierno de México no ha cumplido su obligación jurídica de llevar a cabo una investigación eficaz sobre el caso Digna Ochoa Por tanto, señalan ambas organizaciones en un informe, el gobierno mexicano ha violado su responsabilidad jurídica de promover garantías adecuadas para la seguridad e independencia de los abogados que actúan en defensa de los derechos humanos Tanto la LRWC como su filiar BHRC, subrayan en el documento --signado por la directora adjunta Gail Davidson-- que “rechazan la teoría del suicidio”, y concluyen que ésta “carece de credibilidad” Según estas organizaciones, la familia Ochoa todavía conserva el derecho a una reparación y a una investigación adecuadas y, con el fin de cumplir con esta obligación, sugiere que “el gobierno mexicano debe designar sin más dilación a una comisión de averiguación independiente para que las continúe realizando”, ya que cualquier otra medida perjudicaría aún más el proceso de acumulación y análisis de pruebas, así como el esclarecimiento de la verdad