México, D F, 24 de septiembre (apro)- A tres meses de su aplicación, la mayoría de las 145 instituciones públicas gubernamentales todavía no cumplen a cabalidad --en sus portales de Internet-- con los lineamientos de la Ley y Reglamento Federal de Acceso a la Información En el marco de la presentación del primer monitoreo de los sitios oficiales, la Asociación Civil para la Libertad de Información-México (Limac), informó que pese a que tuvieron un año, entre junio de 2002 y el mismo mes de este año, el proceso de apertura informativa continúa en una etapa paulatina, donde la resistencia sigue vigente En conferencia de prensa, Ernesto Villanueva e Issa Luna, presidente y directora, respectivamente de Limac, señalaron que luego de un monitoreo a los sitios electrónicos gubernamentales, realizado entre el 14 de agosto y 1 de septiembre, en las oficinas federales no se ha podido erradicar del todo la “cultura de la confidencialidad” arraigada en la administración pública mexicana Villanueva reconoció que, aunque gradual y muy paulatino, el proceso de apertura informativa avanza, que no es fácil sistematizar la información y hacerla pública Sin embargo, sostuvo, la falta de información en las páginas de internet no se justifica, pues las dependencias tuvieron un año para cumplir el ordenamiento En el proceso de aplicación del monitoreo se tomaron en cuenta al menos 19 criterios y valores previstos en la Ley y el Reglamento de Acceso a la Información Pública, es decir, información mínima de oficio que debe estar de manera permanente en las páginas oficiales, sin que los ciudadanos tengan necesidad de solicitarla ante las unidades de enlace Estos elementos, que deben estar en cualquier página oficial de Internet, son, entre otros, el fácil acceso al “portal de transparencia”, donde su contenido exponga la estructura orgánica de la oficina, el directorio de los servidores públicos, remuneración mensual por puesto; facultades, metas y objetivos de las unidades administrativas; fecha de actualización de la información, resultados de auditorías, contratos, licitaciones, marco normativo de los sujetos obligados, concesiones, permiso y autorizaciones Tras el monitoreo, explicaron Villanueva y Luna, una de las principales conclusiones es que todavía persiste “una concepción patrimonialista del ejercicio público”, pues de las 145 instituciones que generan información con recursos públicos, producto del impuesto de los mexicanos, sólo 41 por ciento de ellas cumple con el requisito Y pese a que 90 por ciento cuenta con el “portal de transparencia”, no precisamente quiere decir que cumpla a cabalidad con los lineamientos jurídicos, destacó Issa Luna quien detalló que, por ejemplo, 41 por ciento de las oficinas no reporta las facultades de sus unidades administrativas o, si lo hace en cualquiera de los rubros anteriores, no lo determina de manera clara y precisa De las 145 oficinas que reciben recursos del erario público federal, destacaron las diez que cumplen con los objetivos de la ley: Comisión Nacional Forestal (Conafor), seguida por Productora Nacional de Biológicos y Veterinarios, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, Lotería Nacional, Instituto nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Entre las diez instituciones que han incumplido con la ley, las principales son: Administración Portuaria Topolobampo, Fideicomiso para la Cineteca Nacional, Fideicomiso de Riesgo Compartido, Apoyos y Servicios a la Comercialización, Fondo Nacional de Fomento Turístico, Pemex Exportación y Producción, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y los Fondos de Garantías para el Fomento a la Agricultura, Avicultura, Ganadería, Actividades Pesqueras y Créditos Agropecuarios Limac recomendó a las instancias hacer más fácil y efectivo el acceso al portal de transparencia, ordenar los lineamientos de la ley federal; leer y analizar el reglamento respectivo; actualizar la información; manejar un lenguaje claro y entendible para los ciudadanos, y que se explique por qué algunos lineamientos no son aplicables para algunas oficinas, porque podrían poner en duda su capacidad de apertura