MEXICO, D.F., 29 de diciembre (apro).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió hoy en Ginebra reforzar un mecanismo de vigilancia en Costa de Marfil, mandatando a la Alta Comisionada, Navi Pillay, para investigar la situación, e impedir la impunidad de las atrocidades que se vienen cometiendo tras las elecciones generales del 28 de noviembre pasado.

         Las causas del conflicto se agravan; un enfrentamiento político con raices étnicas y religiosas, que fractura las reglas de juego democráticas.

         Primer productor de cacao del mundo, con 21 millones de habitantes, Costa de Marfil se independizó de Francia en 1960. Las primeras elecciones totalmente libres de 2000 dieron la victoria al actual presidente, Laurent Gbagbo, originario del sur, cristiano. Pero en 2002, el jefe de la oposición, Alassane Ouatara, musulman del norte, lo quiso derrocar mediante un golpe de Estado que fracasó. Se abrió entonces un periodo de incertidumbre que debía clausurarse con estas elecciones, las que, no obstante, han incrementado la disputa, reabriendo las heridas del pasado y fracturando al país.              

           Pese a que el triunfo de Ouatara en el reciente escrutinio fue reconocido por la Unión Europea y Naciones Unidas, el Consejo Constitucional de Costa de Marfil lo anuló por irregularidades en ciertas oficinas de voto en el norte musulman, revirtiendo el resultado definitivo en favor de Gbagbo, candidato del sur cristiano. Este último se autoproclamó sucesor de si mismo, con la reprobación de Ouatara.

          Fuentes de la ONU estiman que la vía constitucional prevé que, en la eventualidad de un número elevado de votos anulados, se debería convocar a nuevas elecciones, una salida difícil que sea actualmente aceptada por las dos partes, sumidos en las hostilidades que reinan en todo el territorio, separadas por un contingente de casi 10 mil “cascos azules” de Naciones Unidas.

          Las víctimas fatales alcanzan los 173. Se cuentan cerca de 200 heridos y 471 detenciones arbitrarias en tres semanas de conflicto. Y en un día como el de hoy, 23 de diciembre de 2010, cuando la ONU informa de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Argentina denunció la reaparición en Costa de Marfil del fenomeno de las desapariciones y secuestros, a lo que Mexico agregó que se propagan las ejecuciones extrajudiciales.

           Al mismo tiempo, Suiza añadió la existencia de lugares secretos de detención. Estados Unidos afirmó que hay fosas comunes, Francia alertó sobre violaciones sexuales, la incitación al odio y desplazamiento interno de personas, y Gran Bretaña señaló que, entre las raices de la violencia, hay motivos étnicos y religiosos. Todo esto en las entrañas de un continente que probablemente va a admitir por referéndum en enero próximo, la partición de un Estado, Sudan, entre el norte musulman y el sur cristiano.