WASHINGTON, 3 de febrero (apro).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy ocho muertes y más de una decena de desapariciones en Nuevo León en 2010 en las que, según sus investigaciones, estuvieron involucrados miembros de la policía, del Ejército y de la Marina.

La ONG, en su reporte Ausencia de justicia por asesinatos y desapariciones en Monterrey, “documentó más de un decena de desapariciones forzadas, en las cuales las pruebas señalan que estarían involucrados miembros del Ejército, la Marina y agentes de policía”.

Ante las evidencias que obtuvo como resultado de su investigación, HRW resaltó nuevamente sus críticas al gobierno de Felipe Calderón por la impunidad que cobija a los miembros de las Fuerzas Armadas en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en nombre de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“La decisión de no llevar ante la justicia a soldados y policías responsables de asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de violaciones graves, envía el mensaje de que estos crímenes son tácticas aceptables para combatir al crimen organizado”, apuntó José Miguel Vivando, director para las Américas de HRW.

Vivanco recalcó que los abusos cometidos por oficiales socavan la eficacia de las medidas de seguridad pública, y agravan la situación de la violencia en el país.

HRW subrayó que, en el caso de los asesinatos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, los familiares de las victimas les informaron que presentaron sus denuncias antes las autoridades estatales y federales y que, aun cuando se iniciaron averiguaciones previas, nadie resultó acusado o sentenciado por los crímenes.

Según las conclusiones de la investigación de HRW, las autoridades mexicanas cometieron “graves irregularidades”, ya que no se entrevistó a testigos clave de los crímenes ni se visitó los lugares de los hechos, que es un requisito procesal básico.

“La justicia militar había asumido la jurisdicción de algunos casos y no había impulsado investigaciones serias”, agregó HRW luego de anotar que, en algunos casos, los familiares de víctimas que exigieron que se investigaran los incidentes fueron objeto de intimidación u hostigamiento.

Los casos detallados por HRW, entre otros, son los siguientes:

Rocío Lomelí Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría

El 3 de marzo, esta pareja (ambos de 29 años) fue alcanzada por disparos efectuados por miembros del Ejército en el municipio de Anáhuac. Dos testigos informaron a HRW que las víctimas habían salido de la fábrica donde trabajaban cuando, aproximadamente a las 12:15 horas, quedaron en medio de un enfrentamiento entre militares y hombres armados.

Dos hombres armados intentaron secuestrar su vehículo pero, al verse perseguidos por los soldados, desistieron y se dieron a la fuga. Juan Carlos salió del automóvil e intentó correr hasta un lugar seguro, pero fue impactado por disparos de los militares. Rocío logra resguardarse detrás de otro automóvil, y fue hasta que terminó el enfrentamiento que, con las manos en alto, grita a los militares rogándoles que ayudaran a su marido, que estaba herido, y manifestando que eran civiles y no estaban armados.

Un soldado que se encontraba a aproximadamente tres metros de distancia, le disparó. Un grupo de soldados se acercó hasta los cuerpos y les disparó nuevamente a quemarropa. Luego, según afirmaron los testigos, los soldados movieron los cuerpos y colocaron armas cerca de ambas víctimas.

Al día siguiente, el Ejército emitió un comunicado en el cual anunció haber matado a ocho delincuentes en un enfrentamiento armado.

Los familiares de la pareja presentaron una querella el 11 de marzo del año pasado ante la agencia del Ministerio Público del estado.

El 9 de agosto, la agencia del MP del estado publicó un oficio en el cual señalaba que Rocío y Juan Carlos “fueron víctimas en el enfrentamiento entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sicarios”, y que no había indicios para presumir que “pertenecieran a algún grupo u organización delictiva, ni son señalados por persona alguna como participantes del evento donde perdieran la vida”.

En noviembre se inició una investigación paralela en el sistema de justicia militar. A casi un año de los asesinatos, tanto familiares como testigos informaron a HRW que no habían sido entrevistados por investigadores de la justicia ordinaria ni militar, y que tampoco se les había informado sobre el estado de las investigaciones.

Vicente de León Ramírez y Alejandro Gabriel de León Castellanos

El 5 de septiembre del 2010, aproximadamente a las nueve de la noche, siete civiles se trasladaban en automóvil por una carretera cerca de Apodaca. Cuando el vehículo aceleró la marcha para pasar a un convoy de soldados, un capitán disparó a los neumáticos y, acto seguido, tres soldados abrieron fuego contra el automóvil. Alejandro, de 15 años, y su padre Vicente, murieron en el incidente. Otros cinco pasajeros resultaron heridos, entre ellos dos niños de 8 y 9 años.

En un comunicado de prensa del 6 de septiembre, Sedena señaló que las muertes se habían producido en un retén de control.

En respuesta al pedido del Senado, el 13 de octubre la Sedena presentó un informe sobre el incidente. En este se contradecía su versión anterior (aquella referida al retén de control) y se afirmaba que los soldados habían ordenado al automóvil que se detuviera desde otro vehículo en movimiento y que, al ver que no acataba la orden, el capitán había disparado.

La Defensa Nacional admitió que “no existió agresión contra el personal militar” desde el automóvil y que los tres soldados habían disparado “por inercia”. Los sobrevivientes, entre ellos la esposa de Vicente, manifestaron que los militares habían disparado sin ninguna advertencia y que en ningún momento hicieron señas para que la familia se detuviera.

El MP militar ha iniciado una investigación del incidente, y varios soldados han sido acusados de “violencia contra las personas causando homicidio”.

HRW solicitó reunirse con autoridades militares para analizar aspectos concretos de este y otros casos, pero la petición fue denegada.

Jehu Abraham Sepúlveda Garza

El 12 de noviembre de 2010, Sepúlveda Garza había detenido su camioneta pick-up afuera de una tienda en San Pedro Garza García cuando, aproximadamente a las 18:15 horas, fue interceptado por miembros de la policía de tránsito.

Según un registro proporcionado por la policía municipal, como no llevaba consigo su licencia de conducir, fue detenido y trasladado a la estación de la corporación.

No había transcurrido una hora desde su detención cuando, sin la correspondiente orden de aprehensión, miembros de la Policía Ministerial de Monterrey se presentaron en la estación de policía y se llevaron a Sepúlveda Garza en un vehículo bajo su custodia.

La esposa relató a HRW que llamó al teléfono celular de su marido a las 19:30, poco después de que fue transferido a la Policía Ministerial.

La víctima respondió el llamado y dijo que no se le había permitido efectuar llamadas y que estaba siendo trasladado por la Policía Ministerial hasta su delegación pero que, según le habían informado, sería liberado a la brevedad.

Una hora después, su esposa llamó nuevamente, pero el teléfono había sido apagado. Ante esta situación, sus familiares iniciaron una búsqueda inmediata para dar con su paradero ante distintas estaciones de policía, bases militares y oficinas estatales y federales. Todos afirmaron que Sepúlveda no se encontraba detenido allí.

En los días siguientes a su detención, la Policía Ministerial ofreció versiones contradictorias de los hechos. En un primer momento, dijeron a los familiares que no lo habían detenido, y luego les informaron que la víctima se encontraba bien y que estaba bajo su custodia.

Posteriormente dijeron que había sido puesto a disposición de la Marina la misma noche en que fue detenido.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una investigación sobre su paradero. La esposa de la víctima, quien tuvo acceso al expediente, informó a HRW que dos oficiales de la Marina declararon ante la PGJE que Sepúlveda Garza había sido puesto a su disposición sin aparente justificación, y que fue liberado luego de un breve interrogatorio.

Sin embargo, desde los altos mandos de la Marina se continúa negando que esta institución haya intervenido en la custodia de la víctima. Sus familiares desconocen su paradero y no han tenido noticias de él desde la noche en que fue detenido.

José Guadalupe Bernal Orzúa

Este joven de Monterrey, de 22 años, fue detenido el 23 de mayo a las diez de la noche cuando salía de la casa de su suegra, quien fue testigo de su detención. Luego de varios días sin tener noticias, la madre de Bernal, Isabel Orzúa García, se presentó ante el Ejército, la Marina y la policía, pero todos negaron haber detenido a su hijo.

Posteriormente, presentó una denuncia formal ante la PGJE.

Durante la semana siguiente a la presentación de la denuncia, la vivienda de Bernal fue allanada en dos ocasiones por fuerzas de seguridad.

Dos semanas después de la denuncia, se presentó en el domicilio de la madre de la víctima un hombre vestido de civil que afirmó pertenecer a la Procuraduría estatal y le preguntó: “¿Está segura de que no quiere retirar la demanda?”.

Orzúa interpretó estas declaraciones como una amenaza. Luego informó a HRW que no sabía si las autoridades civiles o militares habían iniciado una investigación por la desaparición de su hijo. La suegra de Bernal nunca fue entrevistada por investigadores civiles o militares. Aún se desconoce el paradero de Bernal.

HRW recordó en el reporte que México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y que, entre sus obligaciones jurídicas, está el deber especifico de registrar la detención de cualquier persona y proporcionar información al respecto.

“El incumplimiento por parte de las autoridades de Nuevo León, incluso de las garantías más básicas de la Convención, despierta dudas acerca de en qué medida el gobierno mexicano cumple con ese acuerdo”, denunció HRW.