Una evaluación financiera de la Cámara de Diputados para apoyo de los legisladores, elaborada por primera vez en materia cultural por un centro especializado, arroja información insólita: se carece de información y de indicadores precisos en las instituciones culturales del gobierno federal. Además, aunque se ha incrementado el presupuesto para el subsector, el gobierno de Calderón “ha sido ineficaz para promover el acceso de más personas a la cultura”. A su vez, investigadores destacados evalúan la importancia del documento. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con nueve años de existencia en la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) voltea por primera vez sus ojos a la cultura para evaluar si los recursos que se entregan a las instituciones del subsector se manejan con eficiencia. Y si a lo largo de 10 años, en los cuales se ha venido incrementando el presupuesto, los resultados proporcionales son satisfactorios. La conclusión es enérgica: “A pesar de que se han destinado mayores recursos financieros a la cultura, estos esfuerzos nacionales no se han visto reflejados en mejores resultados.” Así lo señala el CEFP en un informe titulado El apoyo a la cultura en México, dado a conocer a mediados de mayo. Determina que –dados los indicadores de lectura, acceso a bibliotecas y museos– la política cultural del gobierno de Felipe Calderón “ha sido ineficaz para promover el acceso de más personas a la cultura”; que aunque ha habido mayores presupuestos para la investigación, no hay incentivos; y “no se ha explotado a la cultura como un factor para el desarrollo”, cuando pretendía impulsar al turismo cultural. El economista Jorge Vera García, investigador del CEFP, fue responsable de elaborar este estudio de sólo nueve cuartillas (que denominaron “nota informativa”) que –reconoce– es apenas un acercamiento al vasto campo cultural. En entrevista con Proceso explica que el trabajo reveló también un gran problema: la falta de información y de indicadores precisos en las instituciones culturales del gobierno federal. La metodología que utilizan para estos estudios es de “política pública”: conocer los objetivos, revisar los recursos asignados y medir los resultados. Las instituciones en general deben hacer para sus programas una “matriz de contabilidad” donde se van poniendo los datos de cada rubro. Pero la Auditoria Superior de la Federación (ASF) señala en su último informe (de 2009), que no hay forma de corroborar dichos datos. Vera pone un ejemplo: si el gobierno federal asegura que se incrementó el número de consultas a las bibliotecas, la ASF pide evidencias, pero no las hay, y aunque este organismo tiene mayores atribuciones, no tiene forma de obligar al gobierno a proporcionarlas, ni forma de castigarlo, lo cual “no permite a la sociedad” evaluar lo que se hace con sus recursos. –¿Es falta de transparencia? –De alguna forma... No sé si podría ser de responsabilidad, tiene que ver con falta de rendición de cuentas, aunque este concepto es muy amplio, pero tiene que ver en el sentido de que si te dan unos recursos y tú dices voy a usarlos para comprar una serie de insumos y contratar personal, tienes que llevar un registro contable, un registro de lo que estás haciendo. Y el problema es qué pasa cuando no entregas esa información o no la tienes como se había pedido. Es lo que está encontrando la ASF en muchos sectores. ¿Por qué este CEFP, dedicado a hacer informes económicos de instituciones públicas y privadas para ponerlas al alcance de los legisladores como apoyo para su trabajo decidió abordar por primera vez el campo cultural? Vera explica que consideraron que hay sectores importantes para el desarrollo económico y “sobre todo” regional del país. Uno de ellos es el turismo cultural. Su ejemplo es Europa donde, dice, a través de la Unión Europea se está aportando dinero a las regiones: “Si desarrollas tu cultura y la conservas vas a tener ahí generación de empleos, atracción de la inversión, una economía más en crecimiento. Si por otro lado desarrollas las artes, vas a tener desarrollo humano a nivel local que te permite conservar toda la cuestión étnica y cultural de la región... Por eso queríamos saber qué está pasando en el caso de México.” Doctor en economía por la London School of Economics, exinvestigador en la Unidad de Comercio Internacional de la Industria (UCII), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aclara que se trata de “un primer documento que permitirá iniciar la discusión”. Y pone énfasis en que el CEFP no está facultado para emitir opiniones, sino sólo, con base en las cifras oficiales, evaluar los resultados. Sus fuentes de información fueron, entre otras, la ASF, el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, el Atlas de la Infraestructura y Patrimonio Cultural recién dado a conocer por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el IV Informe de Gobierno, The impact of culture on tourism de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y el Programa de Egresos de la Federación de varios años.   Los números   Según el documento, en la última década los recursos para el subsector aumentaron de 4 mil 182 millones de pesos en el 2000 a 14 mil 170 millones en 2011. El Conaculta y los institutos nacionales de Bellas Artes (INBA) y de Antropología e Historia (INAH) concentran 77.3% del presupuesto autorizado en 2011, y es la primera institución que ha incrementado mayormente su presupuesto: de 26.0% en 2000 a 38.3% en 2011. Los programas de Impulso al Desarrollo de la Cultura y el de Incorporación, Restauración, Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación concentran el 50% de los recursos. En cambio, los programas sustantivos, regidos por reglas de operación dada su importancia, no rebasan, en conjunto, 1.4% del presupuesto total comprendido entre los años 2007 y 2011. Ha disminuído el presupuesto a programas vinculados con las entidades de la República, como el Programa de Apoyo a la Infraestruestructura Cultural de los Estados (PAICE), el de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) y el Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de la Propiedad Federal (Foremoba). Hay un deterioro y desatención a los proyecos que se realizan en las entidades federativas. De hecho, continúa el informe, la ASF determinó en la evaluación de 2009 “que la actual política cultural no ha impulsado una acción cultural coordinada con los gobiernos municipales ni con las instancias culturales del país, lo que significó una falta de atención para el desarrollo económico y social de las comunidades rurales y los grupos indígenas del país”, cuando el Plan Nacional de Desarrollo menciona que “cada municipio marginado tendrá un plan articulado de acciones culturales”. Otro dato, retomado en este caso del IV Informe de Gobierno de Calderón, es que el número de visitantes a los museos “ha disminuido de manera alarmante” de 10 millones en 2007 a 6 millones 780 mil en 2010. Y en las zonas arqueológicas de 11.1 millones en 2008 a 9.8 en 2010. El número promedio de consultas diarias en las bibliotecas ha bajado de 107 en 2007 a 64 en 2010. Y, recuerda el documento, la OCDE ubica a México en el penúltimo lugar de 108 países con menos índices de lectura, con un promedio de 2.9 libros por persona al año. Un dato final es que los hogares destinan en promedio sólo 3% de su gasto al esparcimiento, cifra que se reduce a 1.4% en los hogares que ganan hasta cinco salarios mínimos. Una de sus conclusiones es que, tan importante es el nivel de ingreso, que 19.9% de los mexicanos nunca ha ido al cine.   Lo bueno, lo malo y lo feo   A decir de los investigadores y promotores culturales Carlos Lara y Eduardo Cruz, el documento tiene varias fallas e inconsistencias. Una de ellas es no tener un marco conceptual o bibliografia actualizada, que le permitan definir términos como el de política cultural. En cambio, el especialista en legislación cultural Bolfy Cottom y el exdiputado Alfonso Suárez del Real, consideran que la nota informativa refrenda lo que se ha señalado con insistencia en el sentido de que desde hace años no hay una política cultural con rumbo, que el actual gobierno no cumple ni siquiera con su propio PNC y que las decisiones en el ámbito cultural son resultado de un “voluntarismo” y no de una política. Tras evaluar el informe del CEFP, Lara envió un documento a este semanario en el que coincide en varios puntos, entre ellos que la política cultural muestra debilidades en su articulación con otras dependencias del gobierno federal. Ve también una “notable inconsistencia” en la aplicación de los recursos financieros. Aunque considera que la política de Calderón ha sido “notable” en lo que respecta al acceso a bienes y servicios culturales, ve signos de ineficacia en la promoción del acceso de más personas a la lectura, las bibliotecas y los museos. Y señala que “para mejorar el acceso de la población a la cultura, es necesario contar con mejores ingresos y disminuir la pobreza”. Lara recuerda que en julio de 2010 el Conaculta y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) suscribieron un convenio “para fomentar la cultura de la transparencia en las acciones de gobierno”, que a decir suyo tiene como positivo el poner en marcha un sistema “automatizado de respuesta ágil a las solicitudes públicas hechas por los ciudadanos... lo que permitirá agilizar los procesos de respuesta que reciba a través del Infomex”. Pero ese aspecto no se ha cumplido tampoco, según reportó en su columna la crítica de arte de este semanario, Blanca González Rosas, quien desde marzo de este año solicitó al INBA información sobre su participación en la Bienal de Venecia, pero “indiferentes ante su obligación de informar”, las funcionarias Teresa Vicencio, directora, y Alejandra Peña, subdirectora, no respondieron en tiempo la solicitud presentada a través del Sistema Infomex del gobierno federal (Proceso, 1804 y 1805). Para Eduardo Cruz, fundador y coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, el documento es sólo un reporte sobre la visión “parcial, incompleta y falta de soporte conceptual” del CEFP. Le parece sobre todo que no refleja elementos fundamentales en el análisis de la política hacendaria como el papel que desempeña la inversión pública, por lo cual hay que tomarlo con reservas. Lo considera tendencioso al objetar sin suficientes elementos una política de desarrollo no sólo de este sexenio sino también del anterior, y opina que es parcial por no desagregar de manera puntual todas las instancias del subsector cultural, cuando incluye a otras dependencias de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que no tienen influencia en las actividades del Conaculta como el Instituto Mexicano de la Radio o el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Es “tramposo” –continúa– al no precisar que el gasto público se divide en dos: gasto corriente u operativo, e inversión. Al no tenerlos, se vuelve “ocioso” hablar de incrementos presupuestales, pues lo que importa de las políticas públicas es saber su impacto en generación de empleo, de bienes y servicios públicos. Se le pregunta a Jorge Vera dónde están esos datos, por qué el incremento presupuestal no se refleja en resultados, y si él cree que el gasto mayor se esté destinando a gastos operativos, como sueldos a la alta burocracia, viajes, autos, teléfonos celulares y comitivas, entre otros. Responde que es algo que el Centro no puede responder pues no encontraron en las cifras oficiales una “correlación tan directa”. Pero sí pudieron apreciar que el gasto en programas es de alrededor del 20% y el operativo representa el resto. En un documento aparte que envió a esta redacción se precisa: en 2010 se aprobaron para el gasto corriente  12,171.5 millones de pesos (esto es el 93%), y en gasto de inversión 922.6 millones (o sea 7%). En 2011, de 14,166.9 millones aprobados en total, 12,350.6 (87%) fueron a gasto corriente y 1,816.4 ((12.8%) a inversión. En lo que coincide Cruz es en que no hay coordinación entre el subsector cultura y otras instancias del gobierno, en que hay una desarticulación entre el Conaculta y la SEP, y considera que el documento debió generar una respuesta inmediata del propio Conaculta y de la Comisión de Cultura, encabezada por Kenia López Rabadán. Y lamenta: “A estas alturas seguimos careciendo de un sistema de rendición de cuentas en el cual podemos saber de manera objetiva cómo se ejerce el gasto público dentro del subsector.”   El que calla...   A decir del doctor en derecho y antropólogo Bolfy Cottom, la nota informativa sí aporta algo al análisis financiero del subsector cultura y ofrece datos duros. La concibe como un complemento del informe entregado recientemente por la ASF sobre la auditoría hecha al Conaculta, pero escrita “en términos más entendibles, quizá menos técnicos”. Él coincide con el documento en que no existe una política cultural en el país, porque lo ha señalado a lo largo de varios años, e indica que lo que hay es una “especie de voluntarismo”. Otro aspecto que el investigador ha sostenido consuetudinariamente es la falta de vinculación entre el subsector cultural y la SEP que ahora se refrenda en el documento: “La verdad, es contundente. Esto nos debe llevar a una discusión urgente de qué está sucediendo en la SEP respecto de la coordinación de la cultura, no podemos seguir así, lo que está sucediendo es que hay cada vez más caos, un panorama preocupante.” Advierte de la idea equivocada tanto en el Legislativo como en otras instancias de que las cosas se solucionarán con leyes y reformas constitucionales, cuando en realidad no mejorarán nada mientras no haya una cabeza coordinadora. En tanto, el problema es que se está deteriorando el funcionamiento de instituciones que han venido tratando de cumplir con su labor. En su opinión, aunque la nota informativa fue motivada por el interés de conocer lo que sucede en los ámbitos económico y turístico en el subsector cultura, el CEFP deberá ir midiendo también el impacto en otras áreas como las visitas a museos y zonas arqueológicas, pero no sólo en términos de impacto económico, sino de otra naturaleza, por ejemplo antropológico, de lo contrario el estudio resulta reduccionista. Le pareció deprimente, confiesa, la retórica en torno al fomento a la lectura, cuando según la UNESCO y la OCDE México ocupa uno de los últimos lugares en lectura de entre 108 países. Y más inconcebible es para él la falta de un banco de datos y métodos sobre monumentos históricos en el país, cuando ese trabajo se había venido desarrollando en administraciones anteriores. Aunque el análisis incluye los últimos diez años, que son de gobiernos panistas, Cottom no lo considera tendencioso o con intereses políticos. Dice que él evalúa los datos que ofrece el estudio, pues lo que es cierto es que mientras en el país “ya no se sabe cuándo son tiempos políticos y cuándo no”, hay una preocupación seria sobre el sector cultural, una falta de indicadores y a su juicio es evidente que el manejo de los recursos es ineficiente. En todo caso, enfatiza, tanto el Conaculta como el INAH y el INBA tendrían que demostrar qué se hace con los recursos que se les asignan e informar a la opinión pública, pero si a un mes de la nota informativa no ha habido respuesta es que “quien calla otorga”. A su vez, el exdiputado Alfonso Suárez del Real, quien presidió la Comisión de Cultura en la Legislatura pasada, considera que este documento es una prueba más del desinterés del gobierno actual en la cultura. Él también señala la falta de transparencia y ve como pruebas la opacidad que hubo en el manejo de los recursos para las fiestas del Bicentenario. Y más atrás, en el gobierno de Vicente Fox, la falta de claridad en cuanto a lo gastado en la “megabiblioteca” Vasconcelos que iba a ser el cerebro electrónico de una gran red (es ahora una gran biblioteca de barrio, que sin embargo recibe muy poca afluencia en comparación con la que se advierte cada sábado al tianguis de El Chopo, instalado a un costado). El problema, dice, ha sido que las autoridades federales no han aceptado nunca las observaciones de la ASF. Él cree que “el gran hoyo de los recursos”, a donde va el dinero que no se gasta en programas sustantivos, es el sueldo de la burocracia en sus mandos altos. La estructura superior es “sumamente costosa para el erario público” y si bien “la señora Consuelo Sáizar (presidenta del Conaculta) no es tan viajera como el maestro Sergio Vela (su antecesor)” dice haberla visto con “excesos de acompañamiento” en ceremonias luctuosas, lo que le hace preguntarse: “Si es así en ceremonias que uno cree más bien íntimas, ¿cómo irá a otro tipo de actividades?”. Remata recordando que la actual Comisión de Cultura no ha llamado a comparecer una sola vez, en todo lo que va de su periodo, a la titular de Conaculta.