MÉXICO, DF,  (apro).- El carro completo del PRI trajo nuevos bríos al partido: el líder nacional priista Humberto Moreira se atrevió a hablar y hasta se olvidó de los “expedientes negros”; el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto decidió arrancar su campaña hacia la Presidencia con la exigencia de un “candidato único y de unidad”, y los diputados, por fin, se atrevieron a poner sobre la mesa la factibilidad de un periodo extraordinario de sesiones. Lo criticable de todo esto es que los legisladores y la dirigencia nacional del PRI hablen de un periodo extra para avalar la reforma política cuando ésta, de aprobarse, no sería aplicable para las próximas elecciones federales. Los priistas son unos cínicos, creen que la gente no tiene memoria. Creen que la población, en un momento en que los partidos políticos han perdido credibilidad, ya se olvidó de que fue el propio Peña Nieto --precandidato puntero del PRI a la Presidencia de la República-- quien rechazó la reforma política. Cuando aún se estaba en tiempo de aprobar la reforma propuesta por el Senado de la República, que por cierto permite las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana, el propio gobernador del Estado de México paró en seco la reforma en la Cámara de Diputados hasta que se rebasó el límite de su aprobación. Me explico: para que dicha reforma hubiese tenido efecto en las elecciones presidenciales de 2012, debió ser aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de junio y también avalada por 17 congresos locales, pero eso no fue así. Y ahora, cínicamente dicen que sí están abiertos a un periodo extraordinario y a avalar la reforma política. Una más. Por lo que se refiere a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, se espera que para el 27 de julio esté listo el dictamen final y así poder convocar a periodo extraordinario para el mes de agosto. Sólo que aquí hay que preguntarse ¿a quién pretenden beneficiar con este nuevo proyecto de dictamen? El presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Javier Corral, elaboró junto con un grupo de legisladores un nuevo documento y tuvo como invitado a un tercer factor: personal jurídico de la Policía Federal (PF). Ahora, el nuevo documento ya no otorga al Ejército todas las facultades para que combata el crimen organizado o reprima manifestaciones políticas o sociales; además, abre la posibilidad de que los militares que participen en una violación sean sujetos de juicio civil y no castrense. Hasta aquí esta sería una buena noticia. Sin embargo, todo el poder que antes tenía el Ejército en el anterior predictamen, ahora lo tendrá el secretario de Seguridad Pública federal (SSPF). Y su titular, Genaro García Luna, no es precisamente un elemento del gobierno al que la ciudadanía le tenga confianza. De ahí la pregunta de a quién se trata ahora de beneficiar. El problema de este predictamen es que, como el anterior, fue elaborado por un pequeño grupo, sin la participación del resto de los partidos políticos. Y por lo que se refiere a la reforma laboral, un verdadero retroceso en los derechos de los trabajadores, todo apunta a una simulación, ya que el PRI avaló, desde antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, la propuesta de Felipe Calderón. Incluso, logró el apoyo de cámaras empresariales y sindicatos afines a al partido. Después de dos meses de espera, nada ha cambiado. El PRI sigue en la misma tónica: a favor de una ley laboral regresiva, una ley de Seguridad Nacional que beneficia a un grupo político --y no precisamente a la población--, y en contra de una reforma política que pueda abrir la puerta a una vida más democrática.