VALPARAÍSO (apro).- Los trabajadores de la estatal minera Codelco conmemoraron el lunes 11 los 40 años de la nacionalización del cobre, impulsada por el presidente Salvador Allende, con una histórica paralización de faenas. Ese día no hubo producción de cobre en las minas Radomiro Tomic, Chuquicamata, El Salvador, Andina, El Teniente y en la refinería Ventanas. Casi 50 mil trabajadores participaron en la huelga, de los que 17 mil son empleados de Codelco y están asociados a la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). También se sumaron 32 mil obreros pertenecientes a empresas contratistas, cuyo principal referente organizativo es la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). El paro se dio en un contexto de fuerte tensión entre los trabajadores de Codelco y la administración de esta empresa, que encabeza el expresidente del patronal Consejo Minero, Diego Hernández. Lo anterior, por la intención del ejecutivo de reducir la planta laboral y avanzar en la privatización de la empresa, lo que choca con el deseo de los trabajadores de mantenerla bajo propiedad estatal. En entrevista con Apro, el consejero nacional de la FTC y coordinador del paro en la división Andina, Juan Olguín, expresó que la suspensión de labores fue “total” en todas las divisiones de esta empresa: Radomiro Tomic, Chuquicamata, Gabriela Mistral, El Salvador, El Teniente, Andina y en la refinería Ventanas. Olguín también expresó que “hemos demostrado que tenemos la capacidad de conducir una huelga y tener el control sobre nuestra gente, lo que se demuestra en que pudimos resguardar las instalaciones con equipos de emergencia”. El dirigente informó que los trabajadores piden “que el Estado invierta con recursos propios, y sin endeudarse, los 18 mil millones de dólares que se estima cuesta el plan de expansión de la empresa entre 2012 y 2018”. Este plan busca aumentar en 500 mil toneladas la producción de cobre que alcanza actualmente las 1.7 millones de toneladas. Los trabajadores de la FTC, en un comunicado del 1 de julio en el que llamaban a la huelga, conminaron al gobierno corporativo de Codelco a que desmienta la inminente aunque no confirmada privatización de la mina Gabriela Mistral. Cabe tener presente que, en 2008, bajo el gobierno de Michelle Bachelet y en momentos en que el presidente de Codelco era José Arellano, la estatal minera estuvo a punto de enajenar este estratégico filón en favor de la empresa china Minmetals. Sin embargo, la férrea oposición de los trabajadores impidió que este acuerdo se materializara y, tanto Bachelet como Arellano, se comprometieron con la FTC a que este mineral se mantendría en 100% en manos del Estado. La Gabriela Mistral –mejor conocida como mina Gaby-- produce anualmente 150 mil toneladas de cobre, siendo factible que, con más inversión, alcance las 600 mil toneladas. Es considerado un yacimiento de reemplazo de Chuquicamata –otrora la mina a tajo abierto más grande del mundo-- que después de más de un siglo de explotación comienza a agotarse. La actual administración no ha negado su interés en vender este yacimiento, cuya vida útil se estima en 20 años. En declaraciones realizadas al diario La Tercera, el 10 de julio pasado, el ejecutivo dejó más dudas que certezas cuando fue consultado sobre la posibilidad de desprenderse de Gabriela Mistral: “No hay nada concreto. Siempre tenemos que revisar todas las alternativas (…) una empresa bien administrada tiene que tener el máximo de opciones abiertas en el futuro, de manera de ir tomando decisiones cuando corresponde”. La FTC expresó también --en el comunicado del 1 de julio-- su deseo de que Codelco “desmienta que en los grandes proyectos estructurales y de desarrollo va a ‘tercerizar’ áreas productivas estratégicas en Chuquicamata Subterránea, Planta Concentradora de Radomiro Tomic, Proyecto San Antonio en El Salvador, Planta Concentradora en el Proyecto Fase II de Andina, Operación Rajo Sur y Nuevo Nivel Mina en la División El Teniente, entre otras medidas de privatización encubierta”. La expresión del espíritu privatizador del actual gobierno se evidencia en el hecho de que, el 2 de junio anterior, en el marco de la cena anual de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, afirmó que la nacionalización del cobre “fue un error histórico”. Esto lo dijo en presencia del Ministro de Economía, Juan Fontaine, y de importantes ejecutivos de empresas mineras. A pesar de las protestas realizadas por la FTC, Wagner no fue ni siquiera amonestado. La FTC, junto a la CTC, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), además de las federaciones de estudiantes universitarias y las más representativas agrupaciones de secundarios, demandaron el 11 de julio pasado, en masivas manifestaciones, la re-nacionalización del cobre. En la plaza Italia, de Santiago, unas 5 mil personas, en su mayoría estudiantes, protestaron y fueron reprimidas mientras pedían la re-nacionalización del cobre. Cabe tener presente que Codelco ha aportado al fisco chileno 84 mil millones de dólares desde que fue nacionalizada en 1971. Esto es más que todo lo que ha pagado en impuestos el conjunto de grandes empresas privadas que operan en Chile en esos mismos años. Codelco produce actualmente 28% de las casi 7 millones de toneladas de cobre que actualmente genera Chile. Este país es el primer productor mundial del metal y en sus yacimientos están contenidas 38% de las reservas mundiales de cobre del mundo. “Saqueo en democracia” El Comité de Defensa y Recuperación del Cobre ubica en 270 mil millones de dólares las pérdidas que ha tenido Chile producto de la entrega del cobre, sobre todo a partir de 1990, a transnacionales mineras que hoy producen 72% del cobre chileno. Hasta 1990 la producción privada de cobre alcanzaba 15%. Sólo en 2010, las transnacionales mineras se llevaron del país 34mil 632 millones de dólares, lo que equivale a 79% del presupuesto de la nación. Esta cifra es superior 3.3 veces el presupuesto anual del Ministerio de Educación y 7.3 veces el de Salud. Según un informe de la Comisión Especial del Senado para el Estudio de la Tributación de las Empresas de la Gran Minería Privada, dado a conocer en junio de 2004, al menos 45 de las 47 grandes empresas mineras que operan en Chile nunca habían pagado ni un dólar de impuestos. Y para conseguir esta increíble prerrogativa, declaran pérdidas operacionales aprovechando que en Chile, desde la promulgación de la Ley 18.985, en junio de 1990 bajo el gobierno del democratacristiano Patricio Aylwin, se estableció que las grandes mineras sólo debían pagar impuestos con base en las ganancias que obtuvieran (renta efectiva) y no sobre la base de las ventas totales (renta presunta) como ocurría hasta ese momento. Desde entonces, las grandes mineras empezaron a declarar pérdidas mediante el uso de diversos artilugios comerciales, como vender el cobre a menor precio a filiales ubicadas en paraísos tributarios (precios de transferencia). De esa manera, dejaban las pérdidas en Chile trasladando las ganancias al extranjero. En mayo de 2005, el presidente socialista Ricardo Lagos consiguió aprobar la Ley 20.026, conocida como la ley del royalty. Ese ordenamiento implicó un engaño, puesto que en vez de aumentar se les rebajaron impuestos a las mineras. Hasta entonces éstas tenían que pagar 42% de impuestos de acuerdo con el decreto ley 600, que data de 1974. Aunque no lo pagaban –al declarar pérdidas-- era factible que un gobierno se pudiera exigir. Pero la ley impulsada por Lagos bajó los impuestos a 35% y sólo dejó un gravamen de 4%. De esta manera dejó a las mineras un impuesto final 3% menor del que tenían. Además, se dio a conocer que este 3% de aumento era un royalty o regalía, lo que no era efectivo puesto que era un simple gravamen, según explicó a Apro el exsenador Jorge Lavandero. En enero pasado, el directorio de Codelco decidió entregar 66% del yacimiento Inca de Oro a la empresa PanAust. Lo anterior, a cambio de 50 millones de dólares en aportes de capital para su explotación. Esto fue posible gracias a la Ley 19.137, de 1992, promulgada bajo el gobierno de Aylwin, que permitió a la cuprífera estatal asociarse con compañías extranjeras para la explotación de yacimientos mineros. Pérdidas a futuro Según pudo conocer Apro, Codelco habría perdido 2 mil 316 millones de dólares por ventas a futuro. Estas pérdidas aparecerán en los ejercicios 2011 y 2012. El economista Julián Alcayaga sostuvo que llegó a esta conclusión mediante el estudio de los estados financieros contenidos en la Memoria Anual 2010 que Codelco entregó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El especialista señaló que “los organismos encargados de fiscalizar y auditar los estados financieros de Codelco, comenzando por los auditores independientes, Deloitte, siguiendo por la SVS, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) no habían detectado ninguna pérdida en estos mercados”. Sin embargo, Alcayata había denunciado en abril pasado, en reportaje publicado por el periódico quincenal El Ciudadano, que Codelco perdió mil 42 millones de dólares en mercados a futuro en 2010. Esto fue reconocido por el ejecutivo Diego Hernández, aunque esto no le significó ninguna sanción. Cabe destacar que Hernández tiene gran experiencia en perder dineros a futuro. En 1995, cuando era presidente de Minera Mantos Blancos SA, perdió 49 millones de dólares en los mercados de futuro, cifra que significaba 25% de sus ventas, que aquel año fueron de 198 millones de dólares. Esas “pérdidas” permitieron a Mantos Blancos no pagar 24 millones de dólares de impuesto a la renta en Chile. La práctica de obtener pérdidas operacionales con el fin de evitar impuestos es muy extendida entre las empresas mineras. A pesar de estas “pérdidas”, Hernández fue posteriormente nombrado ejecutivo de Minera Collahuasi, y luego máximo ejecutivo para América Latina de BHP Billiton. Sin embargo, Hernández no es el único que –aparentemente-- tiene conflictos de interés en Codelco: el vicepresidente de gestión financiera de esa firma es Thomas Keller, quien había sido presidente de Minera Collahuasi. Asimismo, uno de los miembros del directorio es Fernando Porcile, otrora presidente del Consejo Minero. El vicepresidente de finanzas, Jorge Gómez, viene de ser gerente de Pelambres. Los conflictos de interés y los malos manejos están a la vista. Pese a ello, la huelga y las denuncias de fraude están comenzando a tener eco en el Congreso Nacional. En una carta enviada el 12 de julio al presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, 48 legisladores piden la creación de una comisión investigadora que indague posibles irregularidades en Codelco. Los parlamentarios acusan a la nueva administración de esta empresa de haber “optado por cambios corporativos con falta de fundamentos viables y por la externalización”. En el punto 6 de la misiva, señalan “que en las plantas concentradoras de las divisiones Andina y Radomiro Tomic, existiría un diseño de negocios financiado y operado por terceros, negando la propia capacidad productiva de la empresa estatal”. La conmemoración de los 40 años de la nacionalización del cobre se celebró con un histórico paro contra la privatización de Codelco. Y con una cada vez más extendida demanda en favor de la renacionalización del cobre.