WASHINGTON (apro).- Con el objetivo de frenar el tráfico de armas a México y a otros países, un grupo de legisladores federales estadunidenses presentó un proyecto de ley que pretende modificar el marco jurídico en su portación y adquisición. “Debemos movernos más allá de la retórica del todo o nada, respecto del debate sobre las armas, y ponernos a trabajar con un mecanismo de sentido común que permita a las agencias de la ley combatir a los cárteles del narcotráfico de México, sin vulnerar los derechos de nadie de tener armas de fuego”, dijo en rueda de prensa el representante demócrata por el estado de Maryland, Elijah Cummings. La iniciativa, denominada “Acta para detener el tráfico de armas y fortalecer la aplicación de la ley”, fue presentada a las afueras del Capitolio por sus patrocinadores, Cummings, y sus dos colegas demócratas por el estado de Nueva York, Carolyn Maloney y Carolyn McCarthy. Sin embargo, la medida no cuenta con el apoyo ni de los líderes demócratas en la Cámara de Representantes ni de los republicanos. Bajo esta realidad, la legislación por ahora no tiene siquiera un futuro prometedor y seguramente será rechazada cuando llegue a consideración de los subcomités y de comités del Poder Legislativo. En términos específicos, el proyecto de ley se concentra en dar más poder a las agencias federales, especialmente al Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), para evitar el tráfico ilegal de armas semiautomáticas que terminan en manos de organizaciones del trasiego de las drogas y, en general, del crimen organizado, en México y otros países. “Prohíbe la transferencia de una arma cuando un individuo sabe que ésta será transferida a una persona que está impedida por la ley para portarla, o a una persona que tenga intenciones de utilizarla de manera ilegal”, subrayó la congresista Maloney. Los tres patrocinadores de la iniciativa subrayan que esta es una “solución sensible” a un problema severo y que garantiza que las armas no terminen en las manos de criminales y narcotraficantes. Los promotores del proyecto buscan eliminar la venta múltiple de armas semiautomáticas en toda la Unión Americana. Pretenden, además, modificar el capítulo 44 del artículo 18 constitucional, que se refiere al derecho de los ciudadanos estadunidenses a comprar y portar armas de fuego para garantizar su seguridad y la de sus familias. Este es el punto que precisamente, según expertos y analistas, tiene destinada a esta legislación al fracaso total, ya que se estima que en lo que resta de este año y el próximo, de elecciones generales y presidenciales, los legisladores federales, sobre todo los republicanos, no se atreverán a respaldar cambios constitucionales sobre los derechos civiles de las personas para defenderse con armas de fuego. La legislación, que prohíbe totalmente la transferencia de armas a personas que se sepa las busquen sacar de manera ilegal de Estados Unidos, codifica como delito federal la compra de arsenales para ser traficados, y también finca responsabilidades a todas las personas involucradas de manera directa o indirecta en redes del trasiego de armas. A una persona que viole esta eventual legislación se le castigaría con una sentencia máxima de hasta 20 años de cárcel, y a los “conspiradores” (socios) con 10 años de prisión. Por último, a quienes se les catalogue como los capos de redes del tráfico de armas se les puede imputar una sentencia máxima de 25 años de cárcel en Estados Unidos.