MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno capitalino publicó hoy en la Gaceta Oficial la Ley de Protección a Víctimas del Delito de Secuestro para el Distrito Federal, que entrará en vigor dentro de 90 días. El acuerdo prevé la formulación de políticas integrales, programas y estrategias en materia de secuestro, que incluyen brindar asistencia médica, psicológica, orientación, representación jurídica y la protección que requiera la víctima. Con la entrada en vigor de la nueva ley, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contará con un fondo de apoyo para la reparación del daño material y moral a las víctimas. Los recursos del fondo provendrán del dinero que se obtenga por la extinción de dominio, decomisos, bienes abandonados y recursos provenientes del “lavado” de dinero. De acuerdo con la ley, la reparación del daño podrá ser reclamada por la víctima, directa o indirectamente, durante el proceso penal.  Además, aquélla tendrá derecho a saber sobre los resultados del tratamiento de reinserción social al que sea sometido el sentenciado, y cuando éste obtenga su libertad. Asimismo, se le garantizará la permanencia en su empleo y se le preservarán sus derechos fiscal, contractual, mercantil, administrativo, laboral, familiar y civil. A quienes gocen de protección social, como el IMSS o el ISSSTE, se les cubrirá el salario íntegro, como si hubiesen obtenido incapacidad no profesional. La víctima indirecta podrá solicitar a la autoridad ministerial o judicial, que conozca del asunto, decretar la interrupción de las obligaciones de la víctima directa en materia fiscal, mercantil, administrativa, familiar, civil y las que deriven de un procedimiento penal, todas en el ámbito local. Dichas obligaciones tendrán que haber sido adquiridas con anterioridad a la fecha en que ocurrió el delito de secuestro, y durará el tiempo de su cautiverio y hasta por tres meses más, de acuerdo con el criterio de la autoridad. Las autoridades del Distrito Federal tienen la obligación de establecer líneas telefónicas gratuitas y confidenciales que permitan brindar apoyo y asistencia a las víctimas del secuestro. También creará páginas web para recibir información y dar seguimiento a los casos, en las cuales las organizaciones sociales no gubernamentales, ciudadanos y la iniciativa privada podrán informarse acerca del fenómeno del secuestro. El decreto, que entrará en vigor dentro de 90 días, establece que el jefe de Gobierno capitalino contará con 70 días posteriores a su publicación para celebrar los convenios necesarios y hacer las adecuaciones jurídico-administrativas para la aplicación de la ley.