WASHINGTON (Proceso).- Con el pretexto de intercambiar información de inteligencia con sus contrapartes mexicanas en el contexto de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos incrementará en México el número de militares y agentes de la CIA y la DEA. “Una expansión expedita en México de la presencia de enlaces de las agencias federales para colocar al personal estadunidense en los lugares donde operan los cárteles permitiría tener una colaboración más cercana con nuestros aliados de las agencias federales mexicanas”, establece el punto A del capítulo 5 –“Investigaciones y procesos judiciales”– de la Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera Sur, que el martes 19 dio a conocer el gobierno de Barack Obama. La idea de aumentar la presencia de agentes estadunidenses en territorio mexicano es sólo una propuesta, pero según funcionarios mexicanos y estadunidenses consultados por Proceso, el tema ya se negoció y se amarró con el gobierno de Calderón. “Si no fuera así, el punto A no se hubiera publicado en la Estrategia”, dice a Proceso un funcionario del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. “Al Congreso le tenemos que presentar un documento con propuestas viables a fin de que apruebe el dinero para financiarlo; aumentar la presencia de agentes en México es un aspecto previamente negociado (con las autoridades mexicanas)”, añade el funcionario del gobierno de Obama que habló a condición de mantener el anonimato. Agrega que después de casi tres años de apoyar a Calderón en su guerra contra el narcotráfico con la herramienta de la cooperación bilateral que heredó del gobierno de George W. Bush –antes llamada Iniciativa Mérida y ahora, Más allá de Mérida–, Obama quiere sacar ventaja de las necesidades y fracasos del gobierno mexicano imponiendo condiciones. “Las agencias estadunidenses de aplicación de la ley, con el consentimiento del gobierno de México, trabajarían para incrementar la presencia de sus enlaces en ciudades mexicanas clave a lo largo de la frontera y en otras localidades, con el propósito de apoyar las investigaciones y procesos judiciales contra las organizaciones criminales trasnacionales”, subraya el punto A del capítulo 5 de la Estrategia, que dio a conocer la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca. El documento subraya que la petición de aumento del número de sus agentes en territorio mexicano obedece al “impacto directo que tienen en Estados Unidos el tráfico de drogas y las actividades criminales relacionadas”. En su Estrategia Nacional el gobierno de Obama se muestra muy cauto y nunca dice que el pretendido incremento de sus agentes en México es para respaldar a Calderón en su guerra contra el narcotráfico. Aclara que es para contener los efectos de ésta en Estados Unidos. El pretexto del 11 de septiembre En el sexenio de Vicente Fox, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Casa Blanca convenció al gobierno mexicano de que le permitiera aumentar el número de sus agentes en territorio mexicano, supuestamente para impedir que los terroristas ingresaran a Estados Unidos por su frontera sur. Fox aceptó, pero limitó la presencia de los agentes estadunidenses a los estados de la frontera norte, donde presuntamente sólo se dedicarían a vigilar y contener cualquier intento de ingreso de presuntos terroristas a su país. No fue sino hasta el final del sexenio anterior cuando el entonces presidente Bush logró dar un primer paso que después se multiplicaría con la llegada de Calderón a Los Pinos: La Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) firmó la carta de aceptación de ocho nuevos agentes de la Administración Antidrogas (DEA) para apoyar la lucha bilateral contra el narcotráfico. A partir de noviembre de 2006 y hasta la fecha, oficialmente y con el consentimiento de Los Pinos, la DEA tiene en México 54 agentes. Todos están registrados ante la SRE como liaisons (enlaces) de la embajada estadunidense. La guerra que inició Calderón contra el narcotráfico más que debilitar las estructuras de los cárteles de la droga y pese al respaldo de Estados Unidos con la Iniciativa Mérida, dejó que México aceptara más condiciones impuestas por Washington, como la de contar con un centro de espionaje en la misma capital mexicana (Proceso 1776). En agosto del año pasado comenzó de manera oficial sus funciones la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) en Reforma 265. Desde ahí, en un edificio a 250 metros de la embajada de Estados Unidos, operan con toda libertad decenas de agentes estadunidenses (el número preciso se mantiene como información confidencial y como secreto de seguridad nacional). Pese a que se supone que la OBI fue creada para respaldar a Calderón en su lucha contra el narcotráfico, este centro se destaca por tener muchos agentes dedicados al espionaje internacional más que a contener o desmantelar el crimen organizado mexicano. A unos metros del Ángel de la Independencia el centro de espionaje concentra personal del Pentágono asignado a la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), a la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). A su vez, el Departamento de Justicia tiene ahí a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la DEA –además de los 54 registrados oficialmente por el gobierno mexicano– y del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). El Departamento de Seguridad Interior está representado por agentes de Inteligencia de la Guardia Costera (CGI) y de la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE). Los efectivos de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI) representan al Departamento del Tesoro. Sin restricciones La Estrategia Nacional de la ONDCP –cuya cabeza es Gil Kerlikowske, El Zar Antidrogas de la Casa Blanca– no estipula cuántos agentes más quiere meter Obama a México ni el nombre de las agencias de inteligencia o federales a las que pertenecen. Lo único que informa al respecto es que debe ser personal del “Departamento de Justicia, Seguridad Interior, del Tesoro, Salud y del Pentágono”. Pero efectivos de esas dependencias federales ya están en la OBI. Fuentes del gobierno mexicano consultadas por Proceso explican que este incremento de agentes federales estadunidenses, aunque “todavía no se acepta de manera oficial en un papel”, es algo que podría consolidarse antes de que acabe el sexenio de Calderón. “Desde que aumentó la presencia de agentes de Estados Unidos en México y comenzó a funcionar el centro de intercambio de información de inteligencia, subió el número de detenciones de capos del narco. Desde esa perspectiva no veo razón por la cual el presidente Calderón le diga que no al gobierno de Estados Unidos”, admite el funcionario mexicano que pide el anonimato. De acuerdo con un reporte fechado en febrero de 2009, que el auditor general de la DEA entregó al Congreso federal de su país (Proceso 1742), durante los primeros 18 meses del sexenio de Calderón se autorizó el ingreso de casi 50% más agentes y la apertura de otras tres oficinas de la administración antinarcóticos. Los efectivos estadunidenses que trabajan en México –sobre todo los que se concentran en la OBI– no tienen ninguna restricción para realizar operaciones que no están relacionadas con el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Son los únicos encargados de operar y manejar el equipo especializado con el que se espía y vigila con satélites y otras tecnologías vanguardistas del Pentágono todo lo que ocurre en México y posiblemente más allá de la frontera sur. Pese a que en la OBI hay personal del gobierno federal mexicano, sus contrapartes estadunidenses no están obligadas a intercambiar con ellos información de inteligencia concerniente a otros rubros. La Estrategia Nacional de la ONDCP establece que Washington quiere más agentes en México para resguardar y garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, no para contener el saldo de muerte y desolación que ha dejado la lucha militarizada contra el narcotráfico. Los intereses de Washington están por encima de los casi 50 mil muertos que ha dejado la narcoviolencia en México en poco más de cuatro años. El ejemplo más claro es el asesinato del agente del ICE Jaime Zapata ocurrido el pasado 15 de febrero en una carretera de San Luis Potosí. Pocos días después de este asesinato, el gobierno de Calderón arrestó a los presuntos autores del crimen, quienes presumiblemente son zetas. “Cuando mataron a Zapata, de Washington recibimos la orden de entrar a México para encontrar a los responsables”, dice a Proceso un agente de la Oficina del Sheriff de El Paso, Texas, quien coordinó parte del cumplimiento de la orden federal. “Entraron a México decenas de agentes del ICE, la DEA, el FBI, el Pentágono... de todas las agencias federales y hasta estatales y locales”, anota el policía de El Paso.