El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y la canciller Patricia Espinosa, se reunieron en privado con integrantes de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional; ante ellos reconocieron que sí hay agentes estadunidenses en México, pero aseguraron que tienen funciones acotadas y su actuar no viola la soberanía nacional. Incluso el Cisen, afirman, “los monitorea”. Sin embargo, para el senador petista Ricardo Monreal la operación de esos extranjeros sí es violatoria de la Constitución y el asunto es tan grave que hace a Felipe Calderón “sujeto de juicio político” Diez días después de que The New York Times revelara –en su edición del domingo 7– la existencia de dos centros de espionaje donde agentes estadunidenses operan en México sin autorización del Congreso, los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, confirmaron en una reunión a puerta cerrada con legisladores la presencia de aquellos funcionarios extranjeros, pero consideraron que su número exacto y sus atribuciones precisas constituyen “datos confidenciales”. Incluso el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, afirmó en esa reunión con senadores y diputados de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional que el gobierno mexicano realiza “labores de contrainteligencia” para “monitorear las actividades” de esos agentes. Felipe González, senador panista y exgobernador de Aguascalientes, afirmó que según los funcionarios mexicanos, las actividades de esos agentes consisten en lo siguiente: “Se juntan (en una zona militar) para pasar toda la información y cuando terminan, regresan a la embajada”. El senador experredista René Arce, integrante de esa comisión bicamaral, afirmó al salir de la reunión privada que “no existe ninguna veracidad en las versiones que se han dado a conocer en relación a que estos agentes realicen alguna otra tarea que no sea la que expresamente tienen que ver con las cuestiones pactadas en los tratados. Ni González ni Arce ni el senador priista Carlos Jiménez Macías consideraron que el Ejecutivo haya violado la Constitución al no informarle al Senado de la existencia de estos centros operativos. (Extracto del reportaje que aparece esta semana en el número 1816 de la revista Proceso, ya en circulación)