MÉXICO, D.F. (apro).- Activistas defensores de los derechos de los migrantes agrupados en el Tribunal de los Pueblos en Movimiento pidieron hoy clasificar como un “crimen genocida” y “crimen de Estado” la masacre de 72 indocumentados en San Fernando Tamaulipas, ocurrida en 2010, y recriminaron a las autoridades la falta de resultados en las investigaciones. En conferencia de prensa, y a un año de dicha masacre, los representantes del Tribunal de los Pueblos en Movimiento, encabezados por el sacerdote Alejandro Solalinde, lamentaron que a un año de la masacre, nadie ha sido sentenciado. En un documento difundido durante la conferencia, el Tribunal señaló que “la masacre, las fosas y sus implicaciones, se abordarán dentro del contexto de la responsabilidad estatal por el terror recurrente contra las y los migrantes". "Esto incluirá partir de la calificación especifica del caso de la masacre como un crimen genocida de lesa humanidad", destacó el Tribunal en su documento. Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad en el sureste mexicano, Alejandro Solalinde, llamó “hipócritas” y “ojetes” a los católicos que participan en las masacres de migrantes o en las violaciones a sus derechos fundamentales. "Somos hipócritas. No puede ser que seamos católicos y nos estemos chingando a nuestros hermanos...No hay que chingarnos, no hay que ser ojetes", dijo. Segob: Hay avances Más tarde, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, aseguró que ha cumplido con su deber de investigar la masacre de San Fernando. El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, René Zenteno, destacó que los tres autores materiales e intelectuales de la matanza y ocho implicados más ya fueron capturados. “El gobierno federal ha cumplido, como lo hemos manifestado, tanto a entidades nacionales y organismos internacionales en el avance de estas investigaciones”, expresó Zenteno. En conferencia de prensa, el funcionario federal dijo que el gobierno también ha avanzado en las investigaciones de las fosas con cerca de 200 cuerpos descubiertas en esa misma entidad. "Hemos avanzado de manera significativa en las averiguaciones tanto de San Fernando del año pasado como en este año y han habido más de 81 personas detenidas, arraigadas o que se ha librado órdenes de aprehensión (...) para poder aclarar bien estos hechos", destacó. PGR, da su versión A un año de la masacre, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un balance de sus acciones. La dependencia reportó que desde el pasado 2 de abril, cuando la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) atrajo la indagatoria, 83 integrantes de Los Zetas han sido detenidos y 26 cuerpos entregados a sus familiares. Del primer dato, 82 probables responsables están encarcelados en penales federales y sujetos a proceso por privación ilegal de la libertad, homicidio y delincuencia organizada; mientras que Édgar Huerta Montiel, El Wache o El Guache, está sujeto a la medida cautelar de arraigo. Entre los procesados figuran Martín Omar Estrada de la Mora, El Kilo, y su pareja sentimental Fabiola Saray Díaz Arroyo, La Muñeca o Fila, por quienes la PGR ofrecía recompensas de 15 y 5 millones de pesos, respectivamente. Por su peligrosidad también destacan varios líderes de célula identificados como Esvi Leonel Batres Hernández o Esvin Leonel Batres Hernández, El Gato, y Johnny Torres Andrade, La Sombra; así como 17 policías de San Fernando, quienes proporcionaban protección a sicarios, o bien encubrían o participaban en los secuestros. A través de un comunicado, la PGR recordó que las fuerzas federales hallaron en 47 fosas clandestinas atribuidas a Los Zetas 193 cuerpos de personas que viajaban, en su mayoría, a la frontera con Estados Unidos a bordo de autobuses de líneas comerciales. Del total de cadáveres encontrados, 120 fueron trasladados del Servicio Médico Forense de Matamoros al del Distrito Federal, previa realización de estudios de ADN, de dactiloscopia y de antropología, odontología y medicina forenses, y en algunos casos de antropometría forense, entre otras pruebas. La PGR sostuvo que de los 26 fallecidos entregados, ocho procedían de Guanajuato, cinco de Michoacán, tres de Querétaro, dos de Tlaxcala, dos de Guerrero, dos del Estado de México, uno de Guatemala, uno de Chiapas, uno de Tamaulipas y uno de Zacatecas. "Están por entregarse cinco cuerpos más en los próximos días, una vez cumplidas las diligencias ministeriales necesarias con sus familiares", adelantó la dependencia. También se han solicitado y recibido muestras de sangre, saliva y cabello de las familias que han denunciado la desaparición de sus familiares, y se ha establecido coordinación con las Procuradurías estatales de todo el país para que remitan al Laboratorio Central de la PGR muestras que en el futuro permitan identificar los demás cuerpos. "Con base en las líneas de trabajo surgidas de las diligencias ministeriales a cargo de la SIEDO y con el apoyo pericial, las investigaciones continúan", agregó.