Chile se cimbra con un movimiento tan amplio como no se había visto en más de dos décadas. La rebelión detonada por las demandas estudiantiles –educación sin lucro, renacionalización del cobre y una nueva Constitución– ya tiene el respaldo de los obreros y la burocracia, y poco a poco concita el de sectores medios y altos de la sociedad chilena, en lo que un semanario satírico bautizó como “la rebelión de la clase media”. Los aliados del presidente Sebastián Piñera oscilan entre el miedo al movimiento y el apoyo al mismo. El único que parece no escuchar los cacerolazos es el propio mandatario. VALPARAÍSO, CHILE (Proceso).- “Me siento un expulsado del sistema educacional y un esclavo de las deudas que adquirí por haber querido formarme como profesional”, relata Matías Morandi, de 25 años, víctima del sistema educativo chileno. En 2004 se inscribió en la Universidad del Mar (en Viña del Mar) para estudiar psicología. A fin de pagar la cuota anual de 6 mil dólares, su padre contrató un Crédito con Aval del Estado (CAE). “Él es chofer de ambulancia del sistema público de salud y gana un poco más que el sueldo mínimo (unos 400 dólares mensuales), por lo que no nos quedó otra alternativa que endeudarnos”. Tras dos años de estudio su familia no pudo seguir pagando las cuotas, por lo que Matías tuvo que abandonar la escuela. “En la actualidad la Universidad del Mar me tiene demandado para que le pague una deuda con intereses increíbles y repactada en letras horrorosas”, señala en entrevista con Proceso el endeudado exestudiante. Afirma que su deuda original de 3 mil 500 dólares aumentó en un lustro a 11 mil dólares. “Y si no logro ponerme al día en las cuotas, la casa de mis padres será embargada”. Morandi asegura que haber entrado a la universidad, “es lo peor que pude haber hecho en mi vida”. Pero lo vivido por Matías no es una excepción. Es la regla entre los endeudados estudiantes chilenos. De ahí la fuerza de las protestas que sacuden al país desde marzo pasado. De acuerdo con cifras del Centro de Investigación Periodísticas en un estudio sobre el CAE publicado el lunes 22 en su sitio web (ciperchile.cl), actualmente los deudores de este sistema son 207 mil 256 jóvenes que deben a la banca mil 70 millones de dólares; unos 5 mil dólares por cabeza. Según un informe del Banco Mundial –difundido en junio pasado–, a sólo cinco años de su puesta en marcha el CAE tiene una tasa de morosidad de 36% y se estima que esa cifra se estabilizara en los próximos años en 50%. El CAE fue creado en 2005 por impulso del entonces ministro de Educación Sergio Bitar, en el gobierno del socialista Ricardo Lagos. La elevada deuda estudiantil ha provocado un “exilio educacional” de chilenos hacia países donde la enseñanza es gratuita, como Argentina, donde hay unos 10 mil de ellos en sus universidades. Según el Ministerio de Educación argentino, 40% de los estudiantes extranjeros de educación superior vienen de Chile. Según el economista Manuel Riesco en nota publicada por la revista El Ciudadano el lunes 1, “la causa principal de la crisis del sistema educacional chileno es un esquema que se arrastra desde 1980, cuyo objetivo principal consiste en privatizar la educación más que lisa y llanamente en mejorarla. Peor aún, para evitar la ‘competencia desleal’ promueve implícitamente el desmantelamiento del sistema de educación pública, cuyo engrandecimiento siempre debió ser su misión”. Malestar en el sistema La rebelión estudiantil adquirió ribetes de alzamiento popular y ciudadano con el paro nacional del miércoles 24 y el jueves 25, convocado por unas 80 organizaciones sociales y políticas encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. El presidente de ésta, Raúl de la Puente, afirmó que la movilización fue seguida total o parcialmente por 80% de los 190 mil trabajadores de ese sector, aunque la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, estimó la magnitud del paro del sector público en 14%. En la gran industria, la paralización fue escasa debido a las fuertes restricciones que impone el Código Laboral al derecho a huelga. El segundo día del movimiento hubo grandes marchas en todo Chile en las que participaron, según la CUT, unas 600 mil personas. En Santiago habrían participado unas 300 mil personas en una manifestación que destacó por su color y diversidad. En Valparaíso, según coincidieron los asistentes, hubo entre 50 mil y 70 mil personas, convirtiéndose en la más grande manifestación local de los últimos 40 años. A pesar de ser convocada por los trabajadores, alrededor de dos terceras partes de los asistentes eran jóvenes. De ahí que el grito más escuchado fue: “¡Y va caer, y va caer, la educación de Pinochet!”. Aludían a que desde la promulgación de la Ley General de Universidades (1981), el sistema educativo chileno ha sido paulatinamente privatizado. Y las reformas educativas aplicadas por los gobiernos de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia –que gobernó de 1990 a 2010– no hicieron más que continuar ese modelo. En los sectores populares de Santiago la adhesión a las manifestaciones evocó muy nítidamente las protestas nacionales, que en 22 oportunidades, entre 1983 y 1987, convocaron el Comando Nacional de Trabajadores y otras organizaciones sociales con el propósito de derrocar a Augusto Pinochet. Esta vez las poblaciones fueron controladas por jóvenes y adultos que levantaron barricadas impidiendo el paso de los vehículos de la policía. También hicieron sonar las cacerolas y golpeando con cadenas el tendido eléctrico apagaron el alumbrado público en amplias zonas de la capital. La violencia no estuvo ausente. La madrugada del jueves 25 en la población La Pincoya –en la periferia norte de Santiago–, dos policías fueron heridos de bala por manifestantes que levantaban barricadas. Esa misma noche, un grupo quemó la santiaguina municipalidad de San Ramón, mientras una decena de supermercados fueron saqueados en la capital. A pocas cuadras de la sede del gobierno, unas 400 personas, en su mayoría jóvenes, saquearon e intentaron incendiar una estación de servicio. La víspera del paro, importantes centros educativos privados fueron ocupados o paralizados por sus estudiantes. El hecho de que haya miles de recintos escolares en poder de los estudiantes ha facilitado las protestas y la organización estudiantil. Es el caso del Instituto Nacional y la Casa Central de la Universidad de Chile, ubicadas en la Alameda, la principal arteria de la capital. Allí se articulan las protestas, se realizan asambleas populares y se definen las estrategias. Educación, cobre y Constitución La demanda estudiantil de gratuidad en la educación y de fin al lucro ha calado hondo. Según una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) –dada a conocer el jueves 4– 80% de la población respalda estas propuestas. Los estudiantes, al igual que la CUT y otros gremios, también impulsan la renacionalización del cobre y una nueva Constitución. El malestar con el sistema no es privativo de los sectores desposeídos. Expresión de ello fue lo ocurrido en la plaza Ñuñoa, tradicional comuna de Santiago frecuentada por comerciantes, profesionistas, artistas e intelectuales. Desde la movilización nacional del jueves 4 se ha convertido en uno de los símbolos de las protestas por una mejor educación. Todas las noches se reúnen allí multitudes que hacen sonar sus cacerolas, bloquean calles y se enfrentan con los carabineros. Sin importarles ser reprimidos con chorros de agua o de agentes químicos, ni las palizas que les propinan lo policías, los ñuñoínos vuelven todos los días a protestar. No sólo piden una nueva educación, sino que claman por un sistema completamente distinto. Están hartos. A partir de estas protestas el popular semanario satírico The Clinic bautizó el movimiento como la “rebelión de la clase media”. Tanto o más llamativas son las protestas en barrios aún más acomodados, como la ocurrida el miércoles 24 en el municipio de Vitacura –barrio de clase alta habitado por buena parte de la clase gobernante chilena–, donde cientos de personas ocuparon la avenida principal. Las protestas no se limitaron a las principales ciudades, sino que se esparcieron por todos los rincones del país. En Puerto Montt –capital de la región de Los Lagos, en el sur del país– 25 mil manifestantes marcharon por la costera, mientras en el mar un centenar de embarcaciones de pescadores los acompañaban. Los damnificados del terremoto de febrero de 2010, que alegan una lenta reconstrucción por parte del gobierno, también salieron masivamente a protestar. Fue lo que ocurrió en las sureñas ciudades de la región del Biobío en cuyas principales ciudades se movilizaron más de 100 mil personas. Hasta en la recóndita isla Coldita, en el archipiélago de Chiloé, los ocho estudiantes de la escuela –la mitad de los cuales tiene menos de 10 años– la tomaron pacíficamente con ayuda de sus profesores. Oídos sordos La tónica en el gobierno fue minimizar el alcance de las protestas. Fue lo que hizo el ministro de Economía, Pablo Longueira. En declaraciones el jueves 25 se quejó de “los costos en términos financiero y de imagen internacional” que va a tener el paro, al que definió como “completamente inútil e innecesario, que no tendrá ningún beneficio para el país... ninguno”. Longueira descartó hacer cambios a la Constitución y al modelo económico. Todo indica que el gobierno va a intentar mantenerse firme en su posición de defender el actual modelo. Esa negativa a realizar cambios no sólo están desplomando la popularidad de Piñera, también provoca protestas masivas en todo el mundo protagonizadas por chilenos. La prensa también se ha quejado de la terquedad del gobierno derechista. El periódico londinense Financial Times recientemente publicó un editorial en el que definió a Piñera como “oreja de lata”. A pesar de la indiferencia con que el gobierno enfrenta las protestas, las muestras de preocupación entre la clase gobernante son evidentes. El expresidente democratacristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2006) expresó el sábado 6, en entrevista con el periódico La Nación de Argentina, que “Chile está al borde de la ingobernabilidad”. Frei señaló también que Chile necesita de forma “urgente” una nueva Constitución y que el camino para llegar a ella pasa por el plebiscito, tal como piden la CUT y los estudiantes. Estas declaraciones fueron publicadas dos días después del paro estudiantil del jueves 4, que tras ser reprimido se transformó en protesta nacional, la primera en Chile en 24 años. El miedo parece apoderarse de la clase gobernante. Muestra de ello son las expresiones vertidas por Daniel Platovsky, empresario y amigo del presidente Piñera. En entrevista con el diario La Tercera, publicada el domingo 21, señaló que “el tiempo (de hacer correcciones al sistema) se está acabando (…) hoy necesitamos un nuevo pacto social que implica profundos cambios”. Platovsky dijo que la salida a la crisis actual pasa también por una reforma tributaria que apunte a acabar con la injusta distribución de la riqueza. “La dirigencia empresarial comete un grave error al no entender que la paz social garantiza la estabilidad económica. Se está gestando un cambio político mayor y eso requiere reformas sociales. En Chile el problema no es la economía, sino la política”. Los cuatro partidos de la Concertación (Socialista, Democracia Cristiana, Radical y Por la Democracia) respaldaron la doble jornada del paro. El apoyo ocurre a pesar de que gran parte de la población (70% según el CEP) rechaza el accionar que tuvo esta coalición política en sus 20 años en el gobierno. El paro nacional de la CUT fue precedido por una concentración familiar en apoyo a los estudiantes que congregó a 500 mil personas en el parque O’Higgins de Santiago (1 millón, según los organizadores). Ahí la líder estudiantil Camila Vallejo afirmó que “es necesario avanzar hacia un sistema más igualitario, inclusivo, donde todos seamos parte de la construcción de un proyecto educativo, pero para pensar en un país distinto. Porque la demanda de la educación no es una demanda sectorial, apunta a la construcción con un norte distinto, un país libre, justo y más democrático, y para eso necesitamos una educación de calidad para todos”. La estudiante de 23 años, hija de un pequeño empresario y que estudió en un colegio particular de clase media –cuya colegiatura mensual es de 300 dólares– se ha transformado en líder de un movimiento de protesta que sobrepasa con creces lo estrictamente educacional. No por nada, el periódico inglés The Guardian publicó el miércoles 24 una nota según la cual “desde los días del zapatista subcomandante Marcos que Latinoamérica no se veía tan encantada con un líder rebelde. Esta vez no hay pasamontañas, no hay pipa y no hay pistola. Sólo un aro en la nariz”. En su discurso, Camila sostuvo que “si el gobierno no quiere dar una solución, quien tiene que darla somos nosotros. Demostremos que somos capaces de romper la institucionalidad política que está en crisis, con esta clase política y este modelo intransigente que no es capaz de desprenderse de sus intereses y sus negociados no sólo en la educación, sino también en la salud, en las mineras, en el trabajo y en todas las empresas que nos tienen hoy con este nivel de desigualdad”.