MÉXICO, D.F. (apro).- Al iniciar el penúltimo periodo de sesiones de la LXI Legislatura, el PRI exigió la renuncia inmediata del alcalde de Monterrey, el panista Fernando Larrazabal, por presuntos actos de corrupción y responsabilidad en los cobros que hizo su hermano Jonás a casinos regiomontanos. “Los priistas condenamos los acontecimientos de Monterrey y demandamos la renuncia inmediata de quienes, en un acto de corrupción, resultan responsables, y que a nadie se cobije porque son hermanos”, remató su intervención la diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez. Por cierto, el alcalde panista se puso este jueves a disposición de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León. El PAN, a través de María Antonieta Pérez Reyes, también advirtió que “cada quien se haga responsable de sus hermanos incómodos”. “No más hermanos incómodos, no más tíos saqueadores, no más hijos del poder bajo la sospecha pública, pero tampoco no más políticos cubriendo a su parentela con el manto de la impunidad”, acusó la panista, y añadió “que cada partido se responsabilice de sus delincuentes políticos”. Mientras el PRD, en intervención de la presidenta de la Comisión de Auditoría, Esthela Damián, llamó a un pacto entre todos los partidos y la sociedad para “trabajar por México”. La perredista instó a “firmar un pacto sin colores partidistas e incluir a amplios sectores de la sociedad. Convocamos a todos los poderes a trabajar por México, y a Felipe Calderón, para que trabajemos juntos, para que en cinco años la historia sea diferente y no tengamos un país desecho por el crimen organizado”. Durante el posicionamiento, fueron los legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, quienes hicieron referencia a la situación de inseguridad y violencia que se vive en el país. Además, refrendaron sus cuestionamientos a la estrategia de seguridad emprendida por el gobierno federal. En contraste, PAN y PRI se ciñeron a presentar su agenda pare este periodo ordinario. Los diputados panistas anticiparon que buscarán aprobar la reforma laboral para que se promueva el trabajo, la inversión y las oportunidades para los jóvenes. “La ciudadanía, harta de ineficiencia, exige que aprobemos la reforma política que le permita no sólo participar y decidir efectivamente, sino también que el país no sucumba ante la ira ciudadana. “Aprobaremos la reforma laboral para lograr más inversiones y oportunidades. Para los delincuentes: ni tregua ni amnistía, ya tuvieron 76 años y de nada sirvió”, soltó la panista María Antonieta Pérez, lo que provocó la rechifla de priistas, por cierto la única en toda la sesión. La diputada advirtió que la ley de seguridad será aprobada, buscando un equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos. Y también “la ley de víctimas y los derechos civiles será una realidad”, acotó. Antes, la legisladora dijo que “México ha llegado a este presente carente de leyes suficientes y eficientes que amortigüen el impacto de una difícil realidad largamente anunciada”. Sin embargo, la panista no se atrevió a llamar por su nombre al clima de violencia e inseguridad que se vive en el país, y sólo trasladó la responsabilidad de lo que hoy se vive al pasado régimen priista. “Recibimos un presente desprovisto de un pasado responsable, de poder sin principios”, acusó. Entonces, la diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, reviró: “Lamento profundamente haber escuchado lo que acabo de escuchar. Diez años gobernando este país y aún no se dan cuenta que lo han destrozado, que nos han robado la paz y la tranquilidad a las familias, que todos los días mueren madres, familias… Asumamos la corresponsabilidad”, dijo y añadió: “En 70 años dimos instituciones. Al Poder Legislativo le toca dar los instrumentos para que el Ejecutivo cumpla con su obligación”. Por lo anterior, adelantó, el PRI avalará la ley en contra del lavado de dinero y la creación de una policía fronteriza y, en el Senado, se aprobará el tipificar como delincuencia organizada el robo de hidrocarburos. Aseguró que la Ley de Seguridad Nacional será avalada sólo si se respetan los derechos humanos y se atiende a los dictados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero, sobre todo, buscando el pronto retorno de las Fuerzas Armadas a sus funciones. Igualmente se aprobará la ley de atención a las víctimas, ofreció. También adelantó que los priistas aprobarán la reforma laboral pero sin vulnerar las garantías constitucionales y las conquistas sindicales alcanzadas. Ambos, PRI y PAN, aseguraron que promoverán cambios a la Ley de Coordinación Fiscal; el primero para evitar que el gobierno retenga los recursos que debe dar a los estados, y el segundo para evitar que el dinero se utilice discrecionalmente o que las participaciones deriven en el respaldo de deudas, como sucedió en el caso de Coahuila. Todos los partidos aseguraron que avalarán la reforma política, a partir de la cual la ciudadanía tenga una participación activa Por su parte, la diputada del PRD, Esthela Damián restó responsabilidad al Ejecutivo federal en materia de seguridad. Dijo que “todos le hemos fallado a la ciudadanía porque no tiene seguridad, incluso cuando la gente se divierte en un partido de futbol o en un casino. La estrategia en materia de seguridad pública, erróneamente, plantea el combate frontal al fenómeno delictivo, dejando de lado las medidas de carácter social”. Además, acotó, estados y municipios también tienen responsabilidad en el origen de la inseguridad. Sostuvo que “la población se siente en riesgo y ha cambiado sus hábitos. Hay impunidad y corrupción, la gente no tiene confianza. Es preocupante que el Estado deje zonas más amplias sin garantizar la integridad física de las personas y su patrimonio; por ello, se debe tener una nueva concepción de seguridad pública que tenga como base el respeto a los derechos humanos y que se inhiba el problema de origen, que es la desigualdad”. En tanto que Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo (PT) cuestionaron la situación de inseguridad que se vive en el país. Alejandro Gertz Manero, de Movimiento Ciudadano, reclamó que “la paz y la seguridad las perdemos más aceleradamente, mientras el gasto público incrementa la burocracia en detrimento del crecimiento del país”. A su vez, el petista Enrique Ibarra denunció que PRI y PAN son los responsables de una elección presidencial en el 2012 con un Instituto Federal Electoral (IFE) “cercenado”, ya que los diputados no han podido elegir a tres de sus consejeros. Pero también acusó a ambos partidos de pretender aprobar en este periodo de sesiones una Ley de Seguridad Nacional que intentará imponer un estado de excepción, el cual por definición es contrario a cualquier orden jurídico. “PRI y PAN pretenden sustituir al poder civil por el militar y destruir el pacto social”, denunció. Por último, Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, y Alberto Cinta, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respaldaron la política federal de seguridad, e incluso elogiaron la lucha del gobierno de Calderón en contra del narcotráfico.