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Robo o extorsión, móviles en crimen de periodistas: PGJDF

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sigue dos líneas de investigación en el caso del asesinato de las periodistas Ana Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga: el robo y la extorsión.

Y es que antes de su desaparición, González Trápaga retiró de la casa de cambio de su propiedad, ubicada en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, un millón de pesos.

Yarce Viveros y González Trápaga, la primera gerente de Relaciones Públicas de la revista Contralínea y, la segunda, exreportera de Televisa y free lance, fueron encontradas muertas el pasado jueves 1 en un parque de la delegación Iztapalapa, al oriente de esta ciudad.

Según reportes de la Procuraduría capitalina, el miércoles pasado las víctimas se reunieron en el centro de la ciudad y luego se dirigieron a la casa de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de la que González Trápaga era dueña.

Salieron de ahí con casi un millón de pesos y horas después sus cadáveres aparecieron con lesiones por estrangulamiento y arma de fuego.

Ahora la Fiscalía de Homicidios de la PGJDF investiga la razón por la que las comunicadoras cargaban esa cantidad de dinero y si fueron víctimas de robo o extorsión.

La PGJDF indicó que la averiguación previa iniciada por la muerte de las periodistas es por el delito de feminicidio, por lo que de acuerdo con la legislación vigente, quien o quienes resulten responsables por estos hechos, podrían alcanzar una pena de 60 años de prisión por cada uno de los asesinatos cometidos.

Respecto a la necropsia que se les practicó, la dependencia confirmó que murieron por asfixia provocada por estrangulamiento con algún tipo de soga y después cada una recibió dos disparos de arma de fuego de bajo calibre. La PGJDF destacó que no se encontraron huellas de tortura en las víctimas.

De acuerdo con el protocolo que se sigue en los casos de feminicidio, los peritos de la Procuraduría capitalina recabaron pruebas de ADN a las dos víctimas.

Mancera informó que la policía ubicó el automóvil Pontiac G3, placas 250 VWV, que fue usado por las periodistas en los traslados que realizaron el miércoles pasado. El vehículo fue ubicado este viernes en la delegación Iztapalapa.

El procurador comentó que ya se iniciaron los análisis de huellas dactilares y que también se revisan los videos de las cámaras de seguridad disponibles con las posibles rutas que tomaron las periodistas.

En entrevista radiofónica, Miguel Ángel Mancera confirmó que González Trápaga, exreportera de Televisa, realizó varias operaciones en una casa de cambio, a diferentes horas, en el aeropuerto de esta ciudad.

Informó que está a la espera de que el representante legal de esa casa de cambio comparezca y adelantó que pedirá a los responsables del establecimiento que muestren todas las operaciones de ese día.

Inicialmente, las autoridades presumieron que el doble crimen podría estar relacionado con las actividades periodísticas de las mujeres, sobre todo porque la revista Contralínea ha enfrentado diversos problemas legales por su línea editorial.

Por ejemplo, el año pasado un grupo de desconocidos ingresó a las oficinas de la revista, robó material periodístico y contable y la computadora portátil del director Miguel Badillo.

Sin embargo, Mancera refirió que Badillo le informó que “no había ninguna amenaza previa” a los  asesinatos  y que “Marcela Yarce no estaba encargada de ninguna averiguación ni investigación periodística, trabajo o reportaje en concreto”.

Yarce, abundó el procurador, “tuvo alguna participación en un tema de una demanda en su momento”, pero afirmó que hasta el momento no hay más elementos que les permitan sospechar que su trabajo periodístico haya tenido algo que ver con el homicidio.

Mancera instruyó a la Fiscalía Central de Investigación para Homicidios, que integra el expediente de la averiguación previa junto con los resultados de las periciales en fotografía, criminalística, y química, para dar celeridad a las investigaciones y esclarecer a la brevedad el móvil del crimen.

La mañana de este viernes, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se refirió el asunto y prometió que darán con los autores del doble asesinato. La instrucción para el procurador es, dijo, que no exista impunidad.

“Es la línea que hemos seguido aquí (y) tratándose de quienes se dedican a la libertad de expresión, con más razón porque es una afectación a toda la sociedad. Por eso yo no lo voy a permitir (que haya impunidad) bajo ninguna circunstancia”, advirtió.

Entregan cuerpos a sus familiares

El jueves por  la noche los cuerpos de Yarce Viveros y González Trápaga fueron entregados a sus familiares, luego de que el Servicio Médico Forense del Distrito Federal concluyó la necropsia de ley.

Ambas fueron veladas en la funeraria Gayosso de Félix Cuevas hasta donde llegaron familiares, amistades y colegas para ofrecer sus condolencias.

Este viernes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias a la PGJDF y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) por el homicidio de las dos periodistas.

Entre otras cosas, solicitó que las diligencias de investigación se realicen conforme a las reglas del “debido proceso”, que se informe sobre cuáles son los protocolos que se siguen en los procesos de necropsia “a fin de garantizar el estándar científico que se requiere” para lo cual sugirió ajustarse a los estándares internacionales establecidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

También solicitó que se filmen los protocolos a fin de garantizar el resguardo del material probatorio y que se garantice la obtención de todos los elementos necesarios para presentar evidencias “fundamentales” en el marco de la investigación del delito y la determinación de la causa de muerte.

En el documento, la CDHDF pidió también a la PGJDF y al TSJDF que se aseguren “que el personal encargado de la obtención, preservación y cadena de custodia de la evidencia asociada, se cerciore que la misma sea preservada en estricto apego por lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales vigente”.

El organismo defensor de derechos humanos agregó dos puntos más en las medidas precautorias para resguardar la seguridad de quienes laboran en la revista Contralínea.

El primero se refiere a que se asegure que la averiguación previa del caso “sea exhaustiva, agotando todas las líneas de investigación posibles”, sin descartar aquellas que se pudieran derivar del ejercicio profesional de Yarce Vineros y González Trápaga.

También, “previo acuerdo, libre e informado” con quienes integran y colaboran en Contralínea, la CDHDF solicitó implementar las medidas de protección “idóneas y necesarias” para salvaguardar la integridad psicofísica de los mismos.

Con la muerte de estas dos reporteras, suman 74 los periodistas mexicanos que han sido asesinados desde el año 2000, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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