MÉXICO, D.F. (apro).- La pregunta es pertinente, porque el 23 de septiembre Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), habrá planteado esta solicitud en el marco de la 66 Asamblea General de Naciones Unidas. El también líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) explicó sus motivos el 16 de mayo en un artículo en el New York Times: “Palestina negociaría entonces desde la posición de un miembro de la ONU cuyo territorio está militarmente ocupado por otro y no como un pueblo derrotado”. La cuestión de fondo en este asunto no es, sin embargo, si los palestinos tienen derecho o no a tener un Estado soberano –que lo tienen– sino si su ingreso formal al sistema de Naciones Unidas cambiará el estado de cosas sobre el terreno. Porque no hay que olvidar que fue precisamente una resolución de la ONU la que desencadenó el conflicto entre israelíes y palestinos, y que otras 145 resoluciones más no lo han podido resolver. Como se recordará, el 29 de noviembre de 1947 la Resolución 181 de la ONU determinó la partición de Palestina, hasta esa fecha bajo mandato británico, en un Estado judío y uno árabe, con una zona bajo régimen internacional (los Lugares Santos, Jerusalén y Belén). Rechazada por los árabes y criticada por los judíos (que no obstante se aprovecharon de ella para declarar su independencia en forma anticipada) nunca fue aplicada como tal y seis meses después estalló la primera guerra árabe-israelí. Así, en diciembre de 1948 vendría la Resolución 194 que ya pedía “el retorno de los refugiados palestinos que fueron expulsados de sus lugares de origen ‘lo más pronto posible’, y el pago de indemnizaciones a los que decidan no regresar, así como por las pérdidas sufridas”. Nada de eso ocurrió y, al contrario, habría dos guerras más. En noviembre de 1967, concluida la de los Seis Días en la que Israel acabó por apropiarse de toda la parte asignada a los palestinos, la Resolución 242 exigía “la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente Medio, que pasa por la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados durante el conflicto, y el respeto y reconocimiento de la soberanía e integridad territorial y la independencia política de cada Estado, y su derecho a vivir en paz al interior de fronteras reconocidas y seguras, al abrigo de amenazas y actos de fuerza”. Seis años después, durante la guerra del Yom Kippur, esta resolución fue reafirmada por la Resolución 338 (1973). Ninguna de las dos ha sido cumplida hasta la fecha y ambas se han convertido en la base de todas las negociaciones posteriores de paz para el Medio Oriente. Pero no sólo sus premisas básicas no se han aplicado, sino que la ONU tampoco ha sido capaz de impedir el uso de la fuerza. En orden cronológico, que da cuenta de los acotecimientos ocurridos desde la partición de 1947, la ONU ha gestado 145 resoluciones sobre el conflicto del Medio Oriente: 100 de la Asamblea General y 45 del Consejo de Seguridad; y de ellas, exceptuando las que exigen un cese del fuego después de que éste ya ha causado estragos, ninguna se ha cumplido. Y cabe decir que la mayoría de ellas está dirigida a Israel por contravenir de una u otra forma el derecho internacional. De este modo quedan asentadas las sucesivas invasiones de Israel a Líbano, su anexión de las Alturas del Golán sirias, los intermitentes ataques a Cisjordania y Gaza, los bombardeos a una central nuclear en Irak y a la sede de la OLP en Túnez; sus constantes violaciones a los derechos de los palestinos, incluyendo deportaciones, detenciones arbitrarias, demolición de casas, cortes de agua y de suministro eléctrico, bloqueo de insumos y otros castigos colectivos; así como la confiscación de sus tierras y el establecimiento ilegal de asentamientos, y su negativa a obedecer la propia Carta de la ONU y la Convención de Ginebra (1949), referente a la protección de civiles en tiempos de guerra. Del otro lado, aunque hay pocas resoluciones contra las naciones árabes y menos contra los palestinos, precisamente por no constituir un Estado, tampoco se ha frenado el accionar de grupos extremistas que amenazan constantemente la seguridad de Israel y que impiden vivir en paz a sus ciudadanos, particularmente en las zonas fronterizas. Esto se expresa en secuestros y ataques terroristas dentro del propio territorio israelí, o en el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah en Líbano o de yihadistas desde Gaza. El no reconocimiento del Estado de Israel también ha constituido otro escollo para la paz. En vista de la inutilidad de las resoluciones y la incapacidad de Naciones Unidas para mediar en el conflicto por sí sola, conjunta o paralelamente con actores de peso internacional se han hecho otros intentos con éxitos temporales o parciales, pero sin llegar tampoco a una solución definitiva. Así se han sucedido iniciativas como la de Campo David, los encuentros de Oslo y de Madrid, la cumbre de Annapolis, la “Hoja de ruta” y más recientemente el Cuarteto para el Medio Oriente, integrado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la propia ONU. Más allá de los precarios avances habituales, las negociaciones están prácticamente estancadas desde el último ataque de Israel a Gaza a principios de 2009 (Resolución 1860) y el regreso a la primera magistratura israelí de Benjamín Netanyahu. Éste no sólo desconoce a Mahmoud Abbas como “interlocutor válido”, sino que justamente hace un año rechazó el pedido del presidente estadunidense, Barack Obama, de extender la moratoria sobre el establecimiento de asentamientos judíos en Cisjordania. Peor aún, el propio Obama vetó en febrero de este año una resolución del Consejo de Seguridad que condenaba estos asentamientos. Es precisamente para romper este impasse que la ANP decidió pedir a la ONU que se reconozca a Palestina como un Estado; y al parecer eso por lo menos ya lo logró, ante la febril actividad diplomática que se ha desatado alrededor. Lo que aún no queda claro es hacia dónde exactamente caminarán las cosas y si un nuevo rango facilitaría futuras negociaciones o, al contrario, provocaría todavía más tensión. Israel ha mostrado ya su total desacuerdo con la petición. Saca a colación, ahora sí, los Acuerdos de Oslo, que establecen que no se recurriría a la ONU, sino que las diferencias se resolverían mediante negociaciones bilaterales. Considera por lo tanto la postura palestina como “unilateral” y, en palabras del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Yigal Palmor, como “peligrosa, desestabilizadora y que paralizará el proceso negociador”. Como si éste no estuviera paralizado ya e Israel no hubiera asumido siempre posiciones “unilaterales y peligrosas”. Numerosos analistas foráneos e israelíes consideran que la intransigencia y recurrente violencia de sus políticos ha sido contraproducente, porque ha fortalecido a los radicales de ambas partes, atizado sentimientos contra Israel en el mundo, dañado su reputación y amenazado sus alianzas internacionales. Algunos hablan inclusive del riesgo de un “Estado paria”, aislado y repudiado por la mayoría. El gobierno de Netanyahu ha respondido a estas preocupaciones diciendo que se trata de una campaña de “deslegitimación”, que más que procurar justicia y derechos humanos y políticos para los palestinos, lo que busca es el colapso de Israel. El mismo argumento que esgrime ahora ante la creación de un Estado palestino en la ONU, que teme pasaría por el reconocimiento de las fronteras previas a 1967, la desagregación de Jerusalén Este y los Lugares Santos, y el desmantelamiento de todos los asentamientos judíos en territorio palestino. Pero hay voces que advierten que el paso hacia un Estado palestino en este momento también podría perjudicar a los propios palestinos. Guy Goodwin-Gill, profesor de leyes en la Universidad de Oxford, hizo notar que el rango de Estado daría legalmente fin al status legal de la OLP como “unica y legítima representante del pueblo palestino” (Resolución 3237); la ANP tendría jurisdicción sobre apenas un 40% de Cisjordania y tal vez Gaza –si logra ponerse de acuerdo con Hamas–, el resto seguiría bajo jurisdicción israelí y los refugiados palestinos fuera de esos límites se quedarían sin ninguna representación internacional. Esta perspectiva es compartida por muchas organizaciones palestinas dentro y fuera de su territorio actual, que no apoyan la postura de Abbas. El Comité Nacional por el Boycott (CNB), paraguas de 200 organizaciones palestinas que promuven un boicot global, sanciones y la incautación de los territorios ocupados por Israel, dijo que el desconocimiento de la OLP dejaría desprotegidos a todos los palestinos que viven en Israel y en la diáspora. Consideró además que más importante que conseguir un Estado, era que Israel respetara los derechos de los palestinos ya establecidos en acuerdos y resoluciones previas. Lo mismo opinó el Movimiento de la Juventud Palestina (MJP), una coalición internacional, que además advirtió que estaban en riesgo “los derechos y aspiraciones de más de dos tercios del pueblo palestino, que viven como refugiados en otros países o en el exilio, a regresar a sus hogares originales”, ya que reconocer los límites de 1967 sin otras garantías “sería como ceder en los hechos el 78% de la Palestina histórica”. Así, como lo plantea Ali Abuminah en la revista Foreign Affairs, el reconocimiento de un Estado palestino en la ONU no se limita de manera simplista a la oposición de Israel, Estados Unidos y algunos otros países, por un lado, y a la ANP y quienes la apoyan, así sean mayoría, por otro. El articulista critica además que el proceso se haya llevado con gran sigilo, sin presentar un proyecto específico a la población palestina, sino limitándose a consultas con sus aliados. Por lo demás, el reconocimiento enfrenta problemas técnicos, ya que la ANP no cumple los criterios establecidos en 1933 por la Convención de Montevideo sobre los Derechos y Obligaciones de los Estados: no controla ni su territorio ni sus fronteras (excepto los pequeños enclaves que patrulla bajo supervisión de las fuerzas de ocupación israelíes); no cuenta con una población permanente y la mayoría de los palestinos está impedida de entrar en los territorios sobre los que la ANP reclama soberanía por la Ley de Retorno de Israel, que sólo acepta judíos; las autoridades israelíes controlan el registro de población y la ANP no puede expedir pasaportes ni documentos de identidad. Nada de esto cambiaría e Israel seguiría mandando. Aparte, el reconocimiento mismo enfrenta obstáculos legales dentro de la propia ONU. Para ser Estado miembro, Palestina requeriría de la aprobación del Consejo de Seguridad, pero la administración Obama ya adelantó que interpondrá su veto. Con una mayoría previsible en la Asamblea General, podría empero elevar su rango de Misión Observadora (OLP) a Estado Observador. Esto, además de mayor peso político, le daría acceso a ciertos organismos del sistema de Naciones Unidas como la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, e inclusive a la Corte Penal Internacional, que no es de la ONU. Pero presentar cualquier acusación contra Israel ante esta última, como por ejemplo por el caso de Gaza, sería inútil, ya que Tel Aviv no ha suscrito el Estatuto de Roma y por lo tanto no reconoce su jurisdicción. Todo lo demás seguiría sujeto, como hasta ahora, a resoluciones y vetos.