MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Veracruz aseguró que la información difundida sobre la identidad de 28 de los 35 cuerpos que fueron arrojados la tarde del pasado martes 20 al pie del Monumento a Los Voladores de Papantla, en Boca del Río, “carece de fundamento y veracidad”. La única fuente para proporcionar información oficial sobre el caso, agregó, es el Gobierno del Estado, a través de las instancias correspondientes. “Luego de conocer la publicación de un documento difundido por un medio de comunicación de circulación local, en el que se revela la supuesta identidad de personas que fueron arrojadas sin vida en la vía pública el pasado 20 de septiembre en el municipio de Boca del Río, Veracruz, el Gobierno del Estado manifiesta que la información referida carece de fundamento y veracidad”, apuntó en un comunicado la Dirección de Comunicación Social del Estado. Añadió: “La Procuraduría General de Justicia del Estado es la única instancia que hasta el momento desarrolla las indagatorias conducentes para el esclarecimiento de estos lamentables sucesos”. De acuerdo con la Oficina de Comunicación Social, las diligencias ministeriales se realizan con absoluta discreción y secrecía, y reiteró que “la única fuente para proporcionar información oficial sobre este caso es el gobierno del estado de Veracruz, a través de las instancias correspondientes. Cualquier otra información que al margen de los canales institucionales se dé a conocer, carece de fundamento y por ende de veracidad”. En su edición de este viernes, el diario Notiver difundió una lista con los nombres de 28 de las 35 víctimas cuyos cuerpos fueron arrojados frente a una de las principales áreas comerciales de Boca del Río, y afirmó que la mayoría de ellos no tenía vínculo alguno con el crimen organizado, como en su momento lo señaló la Procuraduría estatal. De acuerdo con los reportes del Servicio Médico Forense (Semefo) asentados en el texto, la mayor parte de las víctimas murió asfixiada, estrangulada, por golpes y por sofocación. La información publicada por Notiver desmiente la versión oficial que se manejó sobre la masacre. La misma tarde en que fueron encontrados los cuerpos, el procurador general de Justicia de esa entidad, Reynaldo Escobar Pérez, aseguró a la prensa que varias de las víctimas eran miembros de la delincuencia organizada, recién evadidos de tres penales locales. Sin embargo, la nota de Notiver publicada en su edición de hoy afirma que la mayoría de ellas no tenían vínculo alguno con el crimen organizado. Con base en documentos oficiales, Notiver logró también identificar a 28 de las 35 víctimas, cuyas edades fluctuaban entre los 15 y los 28 años. De acuerdo con los reportes del Servicio Médico Forense (Semefo) asentados en el texto, la mayor parte de las víctimas murió asfixiada, estrangulada, por golpes y por sofocación. El reporte, en el que se señala que el documento se les hizo llegar por medio de un “enviado”, refiere que entre los muertos había algunos menores, como Fernando Betancourt Vázquez, de 14 años; Abbi Lizbeth Poucholen Barrios, de 15, y Diana Teresa López Luna, de 16. En el caso de Abbi Lizbeth Poucholen Barrios, se indica que la joven desapareció la noche del jueves 15 y apareció muerta el martes 20, entre los 35 cuerpos. Entre las personas identificadas también aparecen Pablo González López, de 23 años; Juan Martín Pérez Arias, 21; Yuset Alejandro Reyes Iglesias, 28; Iván Cuesta Sánchez, Brigitte, de 22 años; Miguel García Lozano, 50; Ricardo Pacheco Mendoza, 22; Mario Hernández Quevedo, 41; Luis García Atzín, 29; Luis Alfredo Gamboa Librero, 22; Irving Abiud Reyes Cruz, 20; Arturo Morales Córdoba, 46, y Víctor Hugo Álvarez Guillón, de 37 años de edad. Asimismo, Joaquín Olivares Gómez, de 38 años e identificado como policía; Alan Michel Jiménez Velázquez, de 15; Pedro López Pérez, 37; Gerardo Trujillo Méndez, 16; Luis Alberto Zavala Flores; 25; Jenny Valerio Tomba, 31; Felisa Concepción Ortiz Ortiz, 53; Aída Socorro Luna, 40; Karen Lobos Guevara, 24; Susana Sosa Colorado, 18, y Jorge Luis Martínez Collins, de 23 años de edad. Otras de las personas identificadas son: Luis Manuel Quiroz Arjona, La Foca, de 38 años, agente de la Policía Intermunicipal de Veracruz, Boca del Río, del Sector 14, y Gabriel Hernández Hurtado, de 29 años, presunto involucrado en la desaparición del administrador de la aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni. Según el documento enviado al medio veracruzano, los siete cuerpos restantes fueron trasladados al Semefo de Xalapa en calidad de no identificados. La titular de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, Gina Domínguez, aportó más información a la periodista Carmen Aristegui. En entrevista, aseguró que ninguno de los reos que se fugaron de tres penales, el pasado lunes 19, fueron hallados entre los 35 cadáveres arrojados en una vialidad de la zona turística de Veracruz-Boca del Río. La funcionaria estatal precisó que el interno identificado por las autoridades como El Ferras no estaba entre las víctimas. “Hubo una confusión, yo puedo asegurar que ninguno, ninguno de los reos que se fugaron, de los cuales se recuperaron 14 el mismo día, está entre las personas que fueron esparcidas en Boca del Río”, reiteró. Tras el hallazgo de los 35 cadáveres en el estado, se presumió que uno de los reos podría encontrarse entre las víctimas, porque fue localizado un mensaje donde se leía: “Aquí yace el ferras y su corte real”. El procurador del estado, Reynaldo Escobar, detalló que un interno con el mismo sobrenombre se encontraba entre los que se fugaron horas antes del penal de Veracruz, aunque previó que podría tratarse de un distractor. Se trata de Felipe Ferra, conocido por las autoridades como El Ferras, quien en 2008 saltó a la fama en las redes sociales, debido a que tras su captura relató ante cámaras de una televisora de Veracruz la forma en que había asesinado a una persona. Sobre el reciente video en el que un grupo criminal se adjudicó los asesinatos en Boca del Río, haciéndose llamar Matazetas, la funcionaria refirió que al igual que el gobierno federal, mantiene una postura de preocupación porque “no hay nadie que tenga derecho a ejercer la justicia por su propia mano”. Domínguez añadió que los criminales existen, pero descartó validarlos como un grupo paramilitar, por lo que respaldó la postura del gobierno federal, que ayer afirmó que en el país había criminales, pero no grupos paramilitares.