Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publicitario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas –como exhibir ejemplares entre el armamento incautado a presuntos narcos–, el actual gobierno panista parece satisfecho con una nueva forma de censura: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información. En este caso, el gobierno intenta deslindarse legalmente, sin tener en cuenta que viola derechos por omisión, y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada. Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y lo que va de 2011, unos 53 mil ejemplares del semanario Proceso han sido incautados de hecho, aunque la operación se ha encubierto como compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz. La última acción concertada para impedir que la revista llegue a sus lectores se registró el domingo 25 de septiembre. Prácticamente todos los ejemplares de la edición 1821 enviados al estado de Veracruz fueron adquiridos de la misma forma, tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos: hombres jóvenes –algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores– llegaron a preguntar amablemente por las dotaciones de Proceso que tenía cada establecimiento. Las compraron todas, con efectivo. La portada del número en cuestión es una fotografía de los 35 cadáveres arrojados al pie del Monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río el 20 de septiembre. La cabeza principal: “Veracruz sangriento. Reacomodo del narco”, que corresponde a un reportaje firmado por Jorge Carrasco y Regina Martínez. Una experiencia similar ocurrió con la edición 1819, con una fotografía del casinero Juan José Rojas Cardona y encabezada: “El zar del juego. Una historia siniestra”. En Monterrey, Durango, León y Puebla, cerca de 7 mil ejemplares fueron vendidos a jóvenes con un perfil similar al de la operación más reciente. También pagaron en efectivo. Representado jurídicamente por Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de expresión, en diciembre de 2010 Proceso denunció ante instancias internacionales el recurrente acoso de los gobiernos panistas, que va desde la cancelación de convenios de publicidad de las dependencias federales, las demandas civiles por la publicación de información iniciadas por Marta Sahagún y su hijo Manuel Bribiesca; la exhibición de ediciones de la revista entre las armas incautadas a presuntos narcotraficantes por la Secretaría de Seguridad Pública –casos que el semanario también denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, y ahora la falta de garantías para distribuir sus productos en distintos estados de la República ante la creciente violencia del crimen organizado. (Extracto del reportaje principal que se publica esta semana en la edición 1822 de la revista Proceso, ya en circulación)