MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, anunció que en las próximas semanas se implementará –como ya sucedió en Veracruz , Guerrero, Nuevo León y Chihuahua–, un operativo conjunto en “la región de La Laguna” para hacer frente a la nueva ola de violencia provocada por el crimen organizado. Al comparecer ante la Comisión de Gobernación, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, Blake Mora aclaró a los diputados que los operativos en dichos estados se han llevado a cabo por petición de sus respectivos gobernadores. Explicó que la intervención del gobierno federal se derivó porque la capacidad de las autoridades locales –policías municipales y estatales, así como ministerios públicos locales y federales– fue debilitándose por la expansión del crimen organizado. “¿Qué había qué hacer? Por supuesto que no pactar con los criminales ni ser omisos ante una condición de criminalidad”, dijo Blake Mora, quien agregó que por ello es que, y a petición de los gobernadores, se ha intervenido y se han realizado dichos operativos conjuntos. Insistió en que las policías locales están rebasadas por el crimen organizado debido a su alta capacidad de fuego. En su intervención, todos los legisladores de todos partidos, excepto del PAN, criticaron la “militarización” del país porque se ha sustituido el trabajo policial. Este gobierno, dijo el priista César Augusto Santiago, “está militarizando al país”, lo que significa, agregó, que “estamos gobernando con el Ejército y la Marina en las calles”, y eso “no es un asunto menor”. En respuesta, Blake reiteró que la intervención de los militares en tareas de seguridad pública es “subsidiaria y temporal”; y aseguró que el trabajo de la Marina y el Ejército es para fortalecer la seguridad y coadyuvar con las autoridades locales, “mientras éstas fortalecen sus capacidades institucionales” para hacerle frente al crimen. “No solamente los gobernadores lo han pedido y solicitado (operaciones coordinadas), sino que también al paso del recorrido por nuestro país, en muchas de estas comunidades y municipios, la misma sociedad lo ha venido solicitando. “Esa sociedad que también ha sido secuestrada, vulnerada en sus derechos y es por esa razón que siendo un imperativo y no una opción para el gobierno de la República, es que hemos asumido con carácter, con determinación, el brindar la seguridad pública a nuestra comunidad”, apuntó. El objetivo del gobierno federal, mencionó, es recuperar la seguridad en las comunidades y evitar actos de barbarie como los 35 cuerpos abandonados en Boca del Río, Veracruz; las masacres de inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, y el ataque de “Los Zetas” al Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León. Las respuestas no gustaron a los legisladores. El priista César Augusto Santiago dijo que todas las palabras del secretario respaldan su aseveración: de que se está viviendo en un país militarizado: “En pocos años se ha violentado flagrante y cotidianamente la libertad de tránsito, se ha hecho añicos la inviolabilidad de los domicilios, se ha atentado contra el derecho a la vida, se ha insistido en violentar la libertad, se ha sustituido el trabajo policial por acciones militarizadas que el gobierno tolera, ¿ha cumplido el presidente con la Constitución o ha hecho cumplir la Constitución? Yo creo que no”, recriminó. Todavía más: “¿Qué pasa con el consejo de seguridad que usted preside? Empezó siendo un decálogo y siguió con una vocería de un joven justificante oficioso de yerros y abusos, ya ahora está convertida en una cuestión que uno no bien sabe si es una vocería del Ejecutivo, del Consejo de Seguridad o del as ocurrencias cotidianas. ¿En qué quedó el consejo señor secretario? Ese es el consejo que se sentó en el Palacio Nacional con todos los gobernadores, con todas las instituciones, ¿quedó en una simple vocería desprovista de acciones ejecutivas?” Y cerró diciendo: “Yo creo que el modelo del gobierno es un modelo que privilegia la militarización del país, con la que estoy en contra. No celebro que en cada entidad de la República estemos con desfiles militares, con despliegues horrendos de fuerza, con el dispendio que implica un gobierno al revés: que en vez de gastar en lo que debiera hacerlo, lo sigue gastando en armas, en pertrechos, en armamentos, en uniformes, en curar los efectos para no atender las causas.” Los señalamientos del resto de los legisladores fueron en el mismo sentido que los del PRI con algunas consideraciones adicionales. Por ejemplo, Teresa Incháustegui Romero, del PRD, reprochó que mientras el gobierno habla de acciones para mejorar la inseguridad, la realidad es otra. “Usted habla de restituir el tejido social, pero ni los hechos ni los datos; ni las cifras, ni el dinero, ni las acciones del gobierno están alineadas en el sentido que usted dice, porque como decía el diputado (César Augusto) Santiago, mientras las cifras de los presupuestos de  Gobernación, Seguridad Pública y Defensa se multiplican, las cifras de los programas sociales no se incrementan. “No coinciden los dichos con los hechos, las intenciones con las realidades y seguimos, pues, con un saldo que, lo siento mucho, pero este gobierno va a terminar con el saldo de dolor, muerte, sangre, olvido e impunidad rampante como no se había presentado en toda la historia del país. De esta manera, su paso por la historia será inclemente, aunque me temo que eso no les quita el sueño”, advirtió la perredista.