PUEBLA, Pue. (apro).- El auditor del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, reiteró que no renunciará ni solicitará licencia y, por el contrario, buscará demostrar que las acusaciones en su contra no tienen sustento. El aún funcionario estatal se presentó hoy en rueda de prensa con un amparo federal para rechazar que esté prófugo y rebatir que tenga nexos con el exgobernador Mario Marín, como se afirma en los medios locales. “No soy marinista, llegué al Órgano de Fiscalización Superior por diversas propuestas de los colegios de contadores públicos y de la propia Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)”, dijo. “Me preocupan las prácticas” del actual gobernador Rafael Moreno Valle, declaró el funcionario al opinar sobre la rapidez con la que procedió la orden de aprehensión en su contra tras una denuncia que presentó el alcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar. Anoche, el Juzgado Octavo de lo Penal giró una orden de aprehensión en contra de Hernández Quintana por supuestos delitos cometidos en la administración de justicia. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) precisó que las supuestas irregularidades que se le imputan al auditor se refieren a que en el 2006 fue contratado como asesor externo del municipio de Tlatlauquitepec, y que en enero de 2007 inició una demanda civil contra aquel ayuntamiento por el pago de honorarios. Meses después fue designado auditor general del órgano de fiscalización del Congreso local, con lo que  tomó conocimiento de las cuentas públicas de Tlatlauquitepec y, según las acusaciones, incurrió en conflicto de intereses. Este viernes Hernández Quintana afirmó que en ningún momento ha violentado la ley y que su trabajo en el interior del órgano de fiscalización ha sido apegado a derecho en los cuatro años que tiene en el cargo. Aclaró que quien hizo las observaciones de la Cuenta Pública 2006 del alcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, fue José Doger Corte, anterior auditor superior estatal. “No intervine, ni fiscalicé, ni aprobé el informe de resultados, ni el inicio de procedimiento en contra de Loeza”, recalcó el auditor, al aclarar que su intención es continuar en el cargo hasta dentro de cuatro años, cuando concluya el periodo para el que fue electo. Por su parte, Loeza Aguilar, quien presentó la denuncia contra Hernández Quintana, dijo que la orden de aprehensión confirma que las supuestas irregularidades que se encontraron en su cuenta pública se derivaron de un “revanchismo político”. Basado en esto, el edil insistió en su postura de que se mantendrá en su cargo, pese a la determinación que tomó el Congreso de Puebla el pasado 28 de septiembre de destituirlo. En tanto que el diputado panista por el distrito de Tlatlaquitepec, Pedro Ángel Guerrero Herrera, dijo que le resultaba “extraña” la rapidez con la que se giró la orden de aprehensión en contra de Hernández Quintana. En el mismo sentido, el diputado por Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres, se pronunció en el sentido de que la PGJE se base en criterios jurídicos y no en cuestiones políticas en sus indagatorias, pues no se trata de obligar al funcionario a renunciar y poner “a alguien a modo o cercano al gobierno”. Cabe señalar que, desde hace meses, diputados afines al gobernador Moreno Valle habían insistido en la necesidad de que se realizara un cambio del titular del Órgano de Fiscalización Superior, sin embargo, Hernández Quintana se había mantenido firme en su decisión de quedarse en el cargo.