MONTERREY, N.L. (apro).- Más de dos meses después de la tragedia, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) visitaron el Casino Royal para emprender su propio análisis de las causas del incendio que cobró la vida de 52 personas. El inicio de este nuevo análisis coincide con el envío de la Secretaría de Gobernación (Segob) de un expediente al Congreso local sobre información relacionada con la operación del Casino Royale. El diputado local Héctor Gutiérrez dijo que la información llega tarde y parcial, pero confirma que Segob recibió cuatro notificaciones de cambio de operador y domicilio de la casa de apuestas pero que, negligentemente, no verificó que los movimientos fueran legales. Una fuente del gobierno de Nuevo León confirmó que esta tarde especialistas en diferentes áreas del ramo forense acudieron al inmueble siniestrado con la intención de hacer su propio levantamiento en el interior del edificio que fue incendiado en un ataque criminal el 25 de agosto. El vocero dijo que las labores de los especialistas forman parte del trabajo conjunto que, desde que iniciaron las pesquisas, emprendieron la PGJE y la Procuraduría General de la República (PGR). Especialistas consultados consideraron que más de dos meses después de la tragedia puede ser colectada información útil, pero la mayoría de las pruebas se habrían desvanecido por invasión al escenario del crimen y por el simple transcurso de los días. Este peritaje de las autoridades estatales ocurre después de que la semana pasada surgiera una polémica sobre cuál instancia debía emprender el peritaje en la casa de apuestas. El 24 de octubre, Cuitláhuac Salinas, subprocurador de la PGR, declaró que el peritaje debía ser efectuado por la PGJE. Ese mismo día, Jorge Domene, vocero estatal de seguridad, declaró que las autoridades locales estaban sorprendidas por el anuncio, pues durante todo ese lapso posterior a la tragedia el gobierno estatal esperaba que la Federación les entregara los resultados de su análisis. Este martes 1, Gutiérrez de la Garza reveló que finalmente la Segob entregó información que los legisladores habían solicitado desde el 1 de septiembre sobre las condiciones en que trabajaba el casino siniestrado. Con esos datos, el presidente de la disuelta Comisión de la Verdad encontró que entre el 9 de septiembre de 2008 y el 11 de enero pasado, la autoridad federal confirma que tuvo conocimiento de movimientos que hicieron directivos del Royale sobre la razón social que lo administraba, pero en ninguna ocasión enviaron inspectores a verificarlo. “No entendemos cómo es que ninguna de estas informaciones le sonó sospechosa a Gobernación para acudir a visitar el inmueble y preguntar quién lo operaba, y esa fue la razón por la que el 25 de agosto, el día de la tragedia, no sabían quién operaba el Casino Royale”, explicó el diputado. Lo más preocupante de estos movimientos, sostuvo, es que no fueron hechos de manera clandestina, pues Segob siempre recibió notificación de ello, pero no hizo la tarea de revisar su legitimidad. “Esas empresas notificaron que estaban operando el Casino Royale y la Secretaría de Gobernación no fue a inspeccionar el lugar, eso es negligencia extrema o corrupción evidente, no hay más”, acusó. Gutiérrez encabezó del 14 de septiembre al 14 de octubre la Comisión de la Verdad del Congreso Local para encontrar las razones administrativas que propiciaron la tragedia del Royale. En sus conclusiones, responsabilizó a la Segob y al municipio de Monterrey por permitir que funcionara el casino sin documentación en regla. Por su parte Luis Farías, presidente del partido estatal Cruzada Ciudadana, consideró vergonzosa la falta de justicia para los muertos y deudos de las víctimas que han visto con impotencia cómo las autoridades han intercambiado acusaciones sobre su responsabilidad en las investigaciones sin aportar resultados. “Es una pena, una vergüenza que apenas la Procuraduría estatal inicie los peritajes. No se puede jugar con la opinión pública, con familiares y sociedad que demandan cuentas sobre este acontecimiento que ha enlodado el buen nombre de Monterrey y México”, dijo el también regidor regiomontano. El lunes 31, el activista y exsecretario de Seguridad del estado, Aldo Fasci Zuazua, acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para pedir que esta instancia --pero a nivel nacional-- atraiga las investigaciones del Royale, pues ni PGR ni PGJE han sido capaces de impartir justicia en este hecho criminal. Fasci Zuazua presentó la solicitud junto con el presidente de la asociación civil Vertebra, Ángel Quintanilla.