MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Felipe Calderón informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró en su última sesión “inadmisible, y por tanto, cerrado y archivado el asunto ‘492-08 Rafael Rodríguez Castañeda’”, relativo a la demanda que el semanario Proceso presentó contra el Estado mexicano por su negativa a darle acceso a las boletas electorales de los comicios presidenciales de 2006. Mediante el comunicado 408 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitido este lunes 14, el gobierno calderonista señaló que “la inadmisibilidad de este asunto supone también la suspensión de las medidas cautelares que la CIDH había dictado para la conservación de las boletas señaladas”. Sin embargo, el viernes 11 Proceso presentó ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una nueva petición de acceso a la información que impediría la destrucción de las boletas electorales. En dicha petición se pide a la autoridad electoral que tome en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio y en virtud de la cual el IFE “tiene la obligación de interpretar conforme a las normas más favorables a las personas el marco que ha usado como pretexto para aducir que las boletas son indisponibles”, según explicó Graciela Rodríguez Manzo, representante legal de Proceso ante la CIDH, en el artículo Desilución y nueva esperanza, publicado en la edición de la revista que circula esta semana (Proceso No. 1828). En la misma edición, un texto titulado Todo el peso del Estado para ocultar las boletas de 2006, firmado por el reportero Jorge Carrasco, Proceso informó que el viernes 4 la CIDH declaró como “inadmisible” el caso registrado con el número 492-08, a nombre de Rafael Rodríguez Castañeda, director del semanario Proceso. Lo hizo en un anexo al comunicado de prensa en el que informó sobre la finalización de su periodo de sesiones número 143 que tuvo lugar entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre. La CIDH, sin embargo, no explicó las razones por la que desechó la demanda. Ante ello, el jueves 10 Proceso envió una carta al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, en el que el semanario manifiesta su sorpresa no sólo por la forma en que se supo del “informe de inadmisibilidad”, sino por el silencio que el organismo mantuvo durante más de año y medio, pese a que se le solicitó una audiencia previa al periodo de sesiones. Según el citado comunicado de la SRE, el gobierno presentó los siguientes argumentos que, asegura, fueron la base para la inadmisibilidad del asunto: “1) La demanda no podía ser admitida porque existían dos recursos internos, plenamente efectivos, que el demandante no agotó para acceder a la información respecto de las boletas de las elecciones presidenciales de 2006. Por un lado, en la competencia del IFE y, por el otro, en el ‘juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano’ ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “2) Se alegó que el sistema de información electoral vigente garantiza plenamente el derecho de acceso a la información: que todas las actas electorales –tanto de cada casilla como las distritales—son contabilizadas por ciudadanos y son públicas y accesibles. “3) Se subrayó que los procesos electorales en México están absolutamente ciudadanizados en todas sus etapas, sin injerencia alguna del gobierno y que se rigen por los principios de máxima transparencia y publicidad.” Proceso presentó su demanda contra el Estado mexicano el 24 de abril de 2008, luego de que el IFE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negaron acceso a la paquetería de la elección presidencial de 2006. Ambas autoridades rechazaron la petición debido a que la consideraron un asunto electoral y no como el semanario argumenta: un tema de transparencia y acceso a la información por parte de la ciudadanía. Además, magistrados de la Sala Superior del TEPJF rechazaron igualmente la solicitud de acceso a dicha documentación electoral en otro juicio también promovido por Proceso. El referido texto del reportero Jorge Carrasco da cuenta de que el gobierno de Calderón “operó” en la OEA para lograr el rechazo de la solicitud de Proceso y la destrucción de la paquetería electoral. Ofrece dos datos: La designación de José Luis Orozco Henríquez como uno de los siete comisionados de la CIDH (Orozco fue uno de los integrantes de la Sala Superior del TEPJF que en 2006 dio por válida la elección de Calderón como presidente); y la reducción a la mitad de la cuota que México aporta a la CIDH --de 300 mil dólares en 2004 a 125 mil este año— como presunta represalia por las medidas cautelares que el organismo ha dictado con respecto al Estado mexicano.