MÉXICO, D.F. (apro).- El portavoz del Consejo Nacional de Transición (CNT) libio, Abdelhafiz Ghoga, informó sobre la integración de un nuevo gobierno libio, aprobado por mayoría del consejo. Dicho gobierno, propuesto por el primer ministro Abderrahim al Kib, contará con 24 ministros, entre ellos tres mujeres, y será el encargado de organizar las elecciones parlamentarias en un plazo de siete meses. Entre los ministros recién nombrados destacan el de Defensa, Osama Yawili, jefe del Consejo Militar de Zintan, ciudad donde se encuentra detenido Saif al Islam, el hijo de Muamar Gadafi, desde el pasado sábado 19. Fawzi Abdelal, quien hasta hoy se desempeñaba como representante de la ciudad de Misrata, símbolo de la lucha entre la oposición y el régimen, será el ministro del interior. Ashur Ben Jayal ocupará la jefatura de la diplomacia, mientras que el ministerio del Petróleo estará a cargo de Abderrahman Ben Yazza, antiguo directivo de la petrolera italiana INE. En tanto, Hocin Deglan fungirá como ministro de Finanzas, y Tahar Serkez será el de Economía. La lista del gobierno de transición no cuenta con Ministerio de Información, pero sí incluye el de Juventud y Deporte, y otro que se encargará de las familias de los fallecidos en el conflicto armado que empezó el 17 de febrero y que se dio por terminado el 20 de octubre, con la caída de la ciudad de Sirte, ciudad natal de Gadafi. El nuevo gobierno tendrá también a dos vicepresidentes, el Ejecutivo, Mustafá Bushakur, y Omar Abdelkarim. Según al Kib, los nuevos ministros representan a todas las ciudades libias, y los revolucionarios que participaron en el conflicto armado están “bien representados” en el equipo de gobierno. El primer ministro defendió la presencia en el CNT de ministros que habían ocupado puestos en el régimen gadafista y adelantó que si existen pruebas sobre su implicación en cualquier tipo de delito, abandonarán sus cargos. Confirman que Saif al Islam será juzgado en Libia Las autoridades interinas de Libia confirmaron que no entregarán a Saif al Islam, hijo del derrocado líder libio, Muamar El Gadafi, a la Corte Penal Internacional (CPI), y que será procesado en su país. El ministro de Justicia interino, Mohamed al Alagui, dijo a la agencia oficial libia WAL que “la ley libia aclara la competencia de los jueces libios en el procesamiento de sus ciudadanos”. Al Alagui comentó que sostuvo una reunión con el fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, en la que intercambiaron opiniones sobre el procesamiento de Al Islam, quien había sido destinado por su padre para sucederlo en el poder, y a quien el tribunal internacional acusa de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Moreno Ocampo también se reunió con el primer ministro interino libio, Abderrahim al Kib, para definir en dónde serán procesados el hijo de Gadafi y el exjefe de servicios secretos del extinto régimen gadafista, Abdalá al Senusi, sobre quien también pesa una orden de detención de la CPI por posibles crímenes de lesa humanidad. La idea de la visita de Ocampo a Libia es también conocer las condiciones en las que se encuentra arrestado al Islam. Antes de su llegada a Trípoli, Ocampo emitió un comunicado en el que anunció que hablaría con las autoridades libias para investigar sobre los procesos legales y nacionales que proponen para juzgar a al Islam y al Senusi. El fiscal general de la CPI también señaló en su comunicado que las autoridades libias “están obligadas a cooperar con la CPI” y que tanto el hijo de Gadafi como el exjefe de inteligencia “deben rendir cuentas a la justicia”. Añadió que tras las órdenes de arresto emitidas en junio pasado por la CPI, “la cuestión de dónde se celebrarán los juicios tiene que resolverse a través de consultas con la Corte y finalmente serán los jueces quienes decidan”. No obstante, en reiteradas ocasiones los dirigentes del Consejo Nacional de Transición (CNT) libio han afirmado que al Islam y Senusi serán juzgado en Libia. El pasado sábado 19, al Islam fue capturado en el sur de Libia por rebeldes del Consejo Nacional Transitorio (CNT), cerca de Obari, según dijo el ministro de Justicia, Mohammed al-Allaqui, a la televisión Al-Arabiya.