La ley militar contra la ley zeta

En pocos meses el pueblo tamaulipeco de San Fernando pasó de ser gobernado por Los Zetas a estar completamente militarizado; tanto que los soldados dirigen hasta el tránsito. Pese a ello sus habitantes no se sienten seguros: siguen viviendo con mucho miedo, no salen de sus casas y no quieren hablar. Sólo susurran: “Aún faltan fosas clandestinas por descubrir; pero si uno habla, todo se escucha”.

SAN FERNANDO, TAMPS.- En agosto de 2010 el nombre de este pueblo saltó a los principales medios del mundo al conocerse la matanza de 72 migrantes centroamericanos perpetrada por el crimen organizado. Pero ese asesinato múltiple no fue el único que cometieron Los Zetas: aún falta revelar muchas de sus atrocidades.

La importancia de San Fernando para los cárteles del narcotráfico la resume el general Miguel Ángel González, comandante de la VIII Zona Militar con sede en Reynosa: “Es un nudo donde confluyen varias carreteras” estratégicas para el trasiego de drogas que ahora se realiza desde Centroamérica.

“Hay una que viene por el Golfo desde Chiapas y Veracruz y pasa por Tampico y Soto la Marina. Es una ruta muy importante hacia la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. Son casi 400 kilómetros de una porosa línea fronteriza que ellos quieren controlar para el trasiego de la droga, el tráfico de personas y, a la inversa, el contrabando de armas hacia México, así como una gran cantidad de mercancías”, precisa el general González.

A pesar de su ubicación privilegiada, la de San Fernando es una región en crisis y desatendida: está afectada por continuas sequías que han mermado su actividad agropecuaria, no tiene empresas que generen empleos y, para colmo, su comercio ha sido afectado por la violencia, al grado de que los negocios se han ido del pueblo.

“La falta de oportunidades obligó a los jóvenes de la región a involucrase con la delincuencia organizada”, enfatiza un hombre maduro, uno de los pocos que aceptan hablar con Proceso bajo la condición del anonimato.

Los cárteles representaron la única opción para decenas de hombres y mujeres jóvenes, incluso para muchas adolescentes, a quienes ofrecieron trabajo como “guardias”, en sus “maquilas” –donde confeccionan sus uniformes– o en las “fábricas” donde modifican vehículos para blindarlos artesanalmente y convertirlos en los “monstruos” que vigilan el traslado de narcóticos en las carreteras, brechas y caminos vecinales.

Hasta el pasado octubre, el Ejército había asegurado en este municipio 543 piezas de uniforme y seis “monstruos” blindados, pocos para el total de los que se modifican en Tamaulipas.

“En San Fernando era mínima la elaboración de los ‘monstruos’. Donde se detectaron más fue en los municipios de Miguel Alemán y Camargo. Ahí se han decomisado 33, y los más importantes son seis. Unos verdaderos monstruos con capacidad para transportar a 12 tiradores. Usan esos vehículos para cuidar sus rutas del trasiego de drogas: las de China, Méndez, Miguel Alemán y hacia Matamoros, que es una ciudad controlada por el cártel del Golfo”, precisa González.

 

Extorsión masiva

 

La precaria situación económica de San Fernando ayudó a que los cárteles reclutaran a población de todos los niveles, especialmente a las mujeres. Fuentes de la alcaldía calculan que unos 6 mil habitantes del pueblo tienen un familiar relacionado o involucrado con alguno de los dos grupos de la delincuencia organizada que se disputan la plaza: El cártel del Golfo y Los Zetas.

“Eso fue lo que hizo que en la región se recrudecieran los enfrentamientos y se viera afectada la población… los cárteles cobraban piso y se vieron afectadas áreas de la producción y cerraron negocios. En San Fernando hay producción pesquera por la zona de La Carbonera y a los pescadores también les cobraban piso. También se vio afectada la producción de sorgo, del que Tamaulipas es uno de los principales productores en el país”, enfatiza el general González.

“En esa época (cuando se dio el rompimiento entre el cártel del Golfo y Los Zetas) todos conocimos, escuchamos o sabíamos de personas levantadas”, señala una joven mujer después de vencer su miedo a hablar. “En una semana desaparecían siete u ocho”.

La narcoguerra provocó que el pueblo se dividiera. Los vecinos, amigos e incluso familiares se denunciaban mutuamente… pero las acusaciones no se hacían ante las autoridades, sino ante el cártel rival, aseguran habitantes del pueblo.

Los grupos marcaban su territorio e imponían controles. En las principales carreteras que pasan por San Fernando se colocaron retenes. “Incluso clonaban uniformes militares”, así que no se podía confiar ni en los tradicionales puestos de revisión del Ejército.

“Las autoridades nunca se preocuparon por el crimen organizado”, dice una mujer que voltea para asegurarse de que nadie más la escucha, pese a que habla en su propia casa. Agrega que varios funcionarios estaban implicados con alguno de los grupos criminales.

Al final Los Zetas tomaron el control del pueblo e impusieron sus reglas. Los jefes del grupo, Heriberto Lazcano, El Lazca, y Miguel Treviño Morales, el Z-40, nombraron a Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, jefe de la región.

La Ardilla designó al exmilitar Édgar Huerta Montiel, El Wache, lugarteniente para San Fernando junto con Martín Omar Estrada Luna, El Kilo, pistolero formado en las pandillas de Estados Unidos y quien en los hechos era el verdadero jefe de la plaza.

El Kilo se dejaba ver armado en todos los rincones del pueblo. Se bajaba de su vehículo con su arma a comprar en las tiendas de la plaza principal, donde está la Presidencia Municipal. Tenía en su nómina a 20 de los 34 policías municipales de San Fernando. Entre otras medidas impuso un toque de queda que obligaba a la población a meterse a sus casas a la nueve de la noche.

También formó un ejército de jovencitas que se desempeñaban como “guardias”, como se llama aquí a quienes espían para la delincuencia organizada. En otras localidades se conocen como “halcones”, excepto en Miguel Alemán, donde también son mujeres jóvenes las que vigilan los movimientos militares y ahí les dicen “panteras”.

“Se podían ver jovencitas paradas frente a la Presidencia con su celular. Estaban por todos lados y reportaban todo lo que escuchaban”, comenta la mujer en voz baja.

La estricta vigilancia y los controles eran para que los golfos no retomaran la plaza. Los Zetas sabían que desde marzo de 2010 el cártel del Golfo había acordado una alianza con La Familia Michoacana y con los de Sinaloa para eliminarlos.

El estricto control impuesto por El Kilo incluyó que todos los autobuses que llegaran desde el sur fueran revisados, principalmente los de ADO, Ómnibus de México, Transpaís y Futura. Tenía reportes de que sicarios de los grupos rivales estaban llegando a la región para matar zetas y arrebatarles sus dos principales bastiones: Tamaulipas y Nuevo León.

“Todos los días llegaba un autobús (del sur) y los investigaban por el lugar de procedencia. Se les revisaban los mensajes de los celulares. A la gente que no estaba relacionada se le dejaba ir. A los otros los matábamos”, contó El Wache durante su interrogatorio ante la Policía Federal.

Desde su paranoica visión, todos los jóvenes que se dirigían a la frontera podrían ser reclutados por el cártel rival. Huerta Montiel confesó que mataron a los 72 migrantes centroamericanos porque “iban para el Metro 3”, el jefe del cártel del Golfo en Reynosa.

Después de revisar durante semanas una decena de autobuses ya tenían capturados a 193 jóvenes de varios estados. Los que venían de Michoacán o Sinaloa eran asesinados de inmediato, estuvieran o no relacionados con la delincuencia organizada.

A mediados de 2010 mataron a los 193. Con una retroexcavadora abrieron los pozos para enterrarlos, cerca del ejido La Joya. Los 72 migrantes que asesinaron fueron abandonados en el rancho San Fernando, en las afueras del municipio.

“Los que tenían el control de San Fernando eran Los Zetas cuando ocurrió la masacre de los migrantes y luego cuando aparecieron las fosas clandestinas”, recuerda el comandante de la VIII Zona Militar.

En agosto de ese año la Marina descubrió los 72 cuerpos de los migrantes, la mayoría centroamericanos, y se lanzaron a la captura de La Ardilla, El Wache y El Kilo. Este último fue ubicado por la DEA en Ciudad Victoria.

José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina, anunció en abril de 2011 la captura de Estrada Luna junto con 11 jóvenes, cinco mujeres y seis hombres, cuyas edades iban de 18 a 25 años. “Intercambio de información de agencias nacionales y extranjeras llevaron a la ubicación y aseguramiento de El Kilo en la capital de dicho estado”, precisó en la conferencia de prensa. Después capturaron a más de sus cómplices y comenzaron a llegar a San Fernando alrededor de mil 500 efectivos del Ejército.

Veinte policías municipales fueron detenidos por colaborar con la delincuencia organizada; sólo quedaron 14, que luego renunciaron.

El secretario de Seguridad Pública estatal firmó un convenio con las fuerzas federales para integrar una policía que está formada por 100 militares quienes patrullan la ciudad desde junio pasado; incluso hacen el papel de agentes de tránsito.

Durante el periodo de la narcoguerra (es decir, el enfrentamiento entre zetas y el cártel del Golfo), afirma el alcalde Tomás Gloria, 10% de la población de San Fernando emigró además de que se cerraron muchos negocios, especialmente las agencias automotrices. “También huyeron muchos empresarios”. Las grandes líneas de autobuses suspendieron sus corridas; unas cuantas siguieron funcionando, pero sólo durante el día.

Los hombres y mujeres que hablaron con Proceso aseguran que los narcos no se han ido, “sólo se replegaron”. Ahora operan en los pueblos de las zonas aledañas. Un soldado originario de Veracruz comenta que recientemente han tenido tres enfrentamientos con jóvenes armados que llegan en camionetas.

Lo que aún falta por saber, dicen los entrevistados, es dónde quedaron los cuerpos de decenas de personas levantadas durante la narcoguerra. Quizá no estén todos en una fosa común pues, como confesó El Wache, “fueron enterrados en todos lados”.

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