MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció hoy las lamentables condiciones de seguridad e higiene en que laboran cientos de personas en la zona carbonífera del estado de Coahuila, que de 2006 a la fecha han costado 90 vidas. Los trabajadores, señaló, tienen derecho a laborar en condiciones óptimas y compete al Estado velar por su efectiva garantía. El organismo que dirige Raúl Plascencia realizó un diagnóstico sobre las condiciones de seguridad e higiene que privan en dicha región, y encontró que “la explotación de las minas no se lleva a cabo dignamente ni conforme a lo establecido en la ley y en instrumentos internacionales”. Según se desprende del mismo, “en diversas ocasiones los patrones no dan cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene que son indispensables, además de que las acciones emprendidas por el Estado mexicano son insuficientes para garantizar la integridad de los mineros”. La CNDH destacó, asimismo, que prueba de lo anterior es el incremento en el número denuncias recibidas por siniestros. Por ejemplo, en 2006 el organismo recibió cuatro denuncias, dos en 2009, cuatro en 2010, y en lo que va de este año suman siete. Del total de esas denuncias, 10 se tradujeron en accidentes en los que perdieron la vida 90 trabajadores. Con base en tales números, la CNDH emitió las recomendaciones 26/2006, 85/2010 y 12/2011 dirigidas a las secretarías del Trabajo y de Economía, en las que se acreditaron violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad física y a la vida. En su diagnóstico, la CNDH admitió que tales recomendaciones han servidio de poco, porque la situación en la zona carbonífera sigue igual o pero que antes. Explicó: “La región carbonífera enfrenta una situación compleja, con un desarrollo en condiciones no óptimas de educación, falta de oportunidades de empleo que orillan a los trabajadores a laborar sin capacitación y sin el equipo necesario”. Según la CNDH, a partir de ese diagnóstico formuló diversas propuestas a las secretarias del Trabajo y de Economía, así como al gobierno del estado e Coahuila, entre las que destacan las siguientes: Establecer mecanismos con el objetivo de proporcionar recursos materiales, económicos y humanos para aumentar de manera sustantiva las visitas de inspección; el registro de la zona para detectar riesgos y la orientación a los trabajadores acerca de sus derechos, así como el establecimiento de sistemas para que puedan realizar denuncias. Impulsar las modificaciones legislativas para que se tipifiquen delitos laborales por incumplimiento cuando se ponga en riesgo la seguridad, se emplee a menores de edad o a mujeres en gestación o lactancia. Y diseñar e instrumentar una política de difusión masiva de los derechos laborales en la zona y regularizar la minería estatal.