Durante las administraciones panistas –sobre todo en la de Felipe Calderón– los cárteles de la droga diversificaron sus negocios ilícitos al punto de infiltrarse en Pemex mediante una compleja trama de complicidades y corruptelas; en ésta participan directivos, contratistas y trabajadores que permiten el robo, el saqueo y la impunidad. Así lo documenta la reportera Ana Lilia Pérez en El cártel negro, que comenzó a circular recientemente. Con autorización de la autora y de Editorial Grijalbo se publican aquí fragmentos de la obra. CUENCA DE BURGOS (Proceso).- Cerca de la medianoche del 2 de agosto de 2006, en la estación de recolección de gas Cuitláhuac, la número tres de las 150 estaciones del Proyecto Integral Cuenca de Burgos, Rogelio Gutiérrez, empleado del Departamento de Operación de Pozos de Pemex Exploración y Producción (PEP), terminó de llenar la pipa color blanco Freightliner de la compañía Intertrans­ports. El autotanque número 2135 con placas de circulación 169-DS-9 era conducido por Lenin López, de 35 años de edad, oriun­do de Huimanguillo, Tabasco, avecindado en Reynosa desde que ingresó a trabajar para Manuel Gómez García, el expresidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que en enero de 2003, después de desempeñarse du­rante varios años como gerente del Grupo Gor, fundó su propia compañía. –Ya están 30 mil litros. ¿Cuántos viajes te faltan? –No sé todavía –respondió Lenin. Las pipas contratadas por Pemex para llevar agua a las estacio­nes de recolección de gas ingresaban en el Activo de Producción Burgos Reynosa, con la autorización previa del jefe de turno, quien les recibía la carga y las despachaba hasta la salida. El viaje era relativamente tardado: 30 mil litros de volumen hacían que la pipa se desplazara lento entre las brechas; el regreso debía ser mu­cho más rápido, con el tanque completamente vacío. Era un traji­nar cotidiano de día y de noche, porque en el área entraban pipas que abastecían de agua y salían otras contratadas para transportar el condensado, subproducto de la extracción de gas natural, para llevarlo al centro procesador de Pemex Gas. (…) Como encargado de la operación de pozos, la función de Ro­gelio Gutiérrez consistía en recibir y registrar en bitácoras las des­cargas de los autotanques, y bombear el condensado de la estación de recolección a los ductos. Ese trabajo lo hacía desde 1996, año en que ingresó a laborar en Pemex asignado, precisamente, al Ac­tivo de Producción Burgos Reynosa, de manera que conocía el área y los procedimientos como la palma de su mano. Aquella noche parecía que todo funcionaba según los procedi­mientos cotidianos, pero en realidad no era así. En la bolsa dere­cha de su pantalón, el empleado de Pemex traía una pistola Raven Arms modelo P25, número de serie 467829, pavón cromado con cachas de madera, cuatro cartuchos útiles en el cargador y uno en la recámara. Estaba armado en su horario de trabajo porque lo que aquella noche hacía Rogelio era abastecer uno de los cargamentos de condensado que ilegalmente se sacaban de Burgos para traficarse a Estados Unidos, donde los contrabandistas lo vendían a grandes y prestigiadas compañías petroleras, como la BASF alema­na y la Murphy, de origen estadunidense, las cuales empleaban el hidrocarburo para la formulación de gasolinas. Por lo menos desde 2006, en la Unión Americana muchos consumidores adquirieron gasolinas formuladas con materia prima robada a Pemex y trafica­da con la protección de los cárteles de la droga mexicanos.­ La Compañía entra en el negocio Con la implicación de empleados de Pemex y de sus contratistas se inició la sustracción de condensado de la Cuenca de Burgos, que a partir de 2006 comenzó a introducirse de contrabando en te­rritorio estadunidense, a manos de redes internacionales en las que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) descubrió la participación de la dupla que formaban el cártel del Golfo y Los Zetas, llamada La Compañía. La Compañía era dirigida por un “triunvirato” integrado por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, el Do­ble X o Dos Equis, y Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca, el Verdu­go, el Licenciado, o Zeta-3, quien asumió el liderazgo de Los Zetas tras la caída de su jefe fundador Arturo Guzmán Decena, Zeta-1, ocurrida en noviembre de 2002 en Matamoros.­ La incursión del cártel en el negocio de los hidrocarburos le sumó considerables ingresos para sostener la costosa estructura con la que entonces controlaba el tráfico de drogas desde Colom­bia y Venezuela hacia México y Estados Unidos. Administraban redes de narcomenudeo, giros negros, tráfico de indocumentados y piratería en casi la mitad del país, todos los estados del Golfo, más Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, parte de Michoacán y el Distrito Federal. E incluso, más allá del territorio mexicano, en los departamentos fronterizos de Guatemala en el sur, y en el norte, en estados como Texas y ciudades importantes como Atlan­ta, Georgia, la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó como epicentro de las operaciones del cártel en el ve­cino país del norte. (…) Desde 2006, cuando se registraron los primeros robos y las importaciones ilegales a Estados Unidos, el gobierno mexicano tuvo conocimiento de ello. Los directivos de Pemex fueron informados de lo que ocurría en el activo de producción más importante del noreste mexicano. El área de inteligencia de la paraestatal se los notificó, pero ellos callaron y decidieron clasificar cada uno de los hurtos como información reservada por 12 años. (…) Se supo que no se trataba de robos aislados ni cometidos por la delincuencia común, sino que los cár­teles de la droga estaban detrás del negocio, un hecho que ya se había puesto de manifiesto en las primeras confrontaciones entre elementos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) y miembros del cártel del Golfo. (…) En las pocas ocasiones que llegaron a instancias judiciales los flete­ros argumentaron que sus choferes actuaban de forma individual; sin embargo, esos conductores tenían el respaldo jurídico de un abogado que los ponía en la calle en menos de 24 horas. Incluso, a veces, el defensor que representaba al chofer era el mismo que defendía a los empleados de Pemex detenidos infraganti en la sus­tracción ilícita. Uno de esos casos fue precisamente el del carga­mento que cerca de la medianoche del 2 de agosto de 2006 salió en una pipa de Intertransports. (…) En una espiral de corrupción y complicidades, los robos se hicieron cada día más frecuentes y a cualquier hora del día. En sólo unos meses el mercado exigía tanto producto, que no era suficiente el personal de Pemex que surtía los pedidos. Entonces comenzaron a asaltar las pipas propiedad de la paraestatal y las que esta dependencia contrataba con terceros, para llevar el conden­sado de los tanques de almacenamiento a las terminales y centros de producción. Desde la llamada frontera chica o ribereña, en Tamaulipas, y hasta Piedras Negras, en Coahuila, a lo largo de caminos y brechas de toda la Cuenca de Burgos los comandos armados, vestidos de negro y encapuchados, permanecían apostados, prestos al atraco, en cuanto el halcón les notificara que el cargamento iba en camino. Los informantes usaban la red de comunicación interna de Pe­mex, que funciona vía radio trunking, un sistema móvil para un grupo privado de usuarios, quienes pueden compartir datos de forma automática y organizada. Para conectarse a esa red interna no basta con tener los aparatos, sino que se requieren los códigos de llamada; los comandos criminales los obtuvieron. (…) A partir de que comenzaron las primeras sustracciones y envíos a Estados Unidos, el contrabando de condensado creció rápida­mente. Alcanzó tal nivel, que ya en 2007, según cifras internas de Pemex, 40% de todo el hidrocarburo que producía la Cuenca de Burgos se sustraía ilegalmente y se vendía en el merca­do negro, básicamente en territorio estadounidense. Epílogo En 2007, el primer año de gobierno de Felipe Calderón, las to­mas clandestinas montadas dentro de la red de ductos de Pemex alcanzaron el mayor número registrado en la historia de la petro­lera: 323, casi una diaria. Cuatro años después, la cifra se multipli­caba a más de tres tomas en promedio por día. Para 2011, sólo por esa vía el robo de hidrocarburos se había incrementado 300% y quizá mucho más, si consideramos que sólo se contabili­zan las tomas detectadas, mientras que hay otras que no están ubicadas y se ordeñan permanentemente sin posibilidad de ser clausuradas. Así, el volumen de los hidrocarburos sustraídos a través de esas tomas clandestinas alcanzó niveles exorbitantes. Los núme­ros oficiales que Pemex dio a conocer en septiembre de 2011 revelan que los ordeñadores de ductos (que incluyen oleoductos, poliductos y gasoductos) sustraen en promedio 20 mil barriles de hidrocarburos diariamente. La cifra equivale a más de 3 millo­nes de litros de petrolíferos. Dicho de otra manera, el promedio de la sustracción clandestina asciende a 200 pipas diarias. Se trata particularmente de gasolina, aunque el robo de petróleo crudo –documentado en este libro– también va al alza; son pérdidas patrimoniales que la Comisión de Justicia de la Cámara de Dipu­tados ha calculado en mil 300 millones de pesos mensuales. (…) En relación con la información que proporciona la paraesta­tal sobre este escabroso tema, hay un dato que llama la atención: la administración de Pemex identifica a Sinaloa como la entidad que a partir de 2010 registró la mayor sustracción de refinados me­diante tomas clandestinas, en municipios como Navolato, Culiacán, Ahome, Mocorito, Mazatlán, Guamúchil, Salvador Alvarado y Los Mochis, entre otros, con una incidencia de 28% en pro­medio de las tomas clandestinas de todo el país. Como se sabe, Sinaloa es tierra controlada por el cártel del mis­mo nombre y sus grupos afines; curiosamente ésta es la organiza­ción a la que, según las interpretaciones de algunos especialistas de México y Estados Unidos, favorece la guerra de Felipe Calderón. Otra guerra perdida También en septiembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Dipu­tados aprobó endurecer las penas por el robo o aprovechamiento de petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados y sus deri­vados de ductos, equipos o instalaciones de Pemex. Así, mediante reformas al Código Penal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, se esta­bleció como delincuencia organizada el robo a ductos de Pemex. Considerado ya como delito grave, se aprobaron sanciones de ocho a 12 años de prisión y de mil a 12 mil días de salario míni­mo de multa a quien sustraiga hidrocarburos propiedad de Pemex, y penas de dos años de cárcel y hasta 500 días de salario mínimo de multa a quien posea o resguarde de manera ilícita cualquier hidrocarburo. La penalidad aumenta a 18 años cuando los impli­cados sean trabajadores o funcionarios de la paraestatal. (…) En realidad, hace mucho que el problema rebasó a las autori­dades. En México hasta las leyes más avanzadas son letra muerta cuando lo que impera es la corrupción. Considérese, por ejemplo, la efectividad real de la PGR en los casos abiertos por robo o sus­tracción de hidrocarburos: sólo cuatro de cada cien han derivado en auto de formal prisión. Para desfalcar a Pemex con su oro negro, no siempre es necesario mancharse las manos, por lo menos no literalmente. Así lo demostró la directora general de PMI Comercio Internacional –la subsidiaria encargada de las ventas de Pemex en Estados Unidos, Europa y Asia–, Rocío Cárdenas Zubieta, una de las funcionarias de mayor nivel en la paraestatal. Junto con otros tres funcionarios (el sub­director comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado; el gerente comercial de Gasolinas y Componentes, Alejan­dro Tello Winniczuk; y el encargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto), Cárdenas Zubieta operaba una red de corrupción que mediante “descuentos” le vendían gasolina cóquer mexicana a precio de ganga a las trans­nacionales Trafigura y Gunvor, las compañías de compra-venta de hidrocarburos más grandes del mundo. La SFP auditó las ventas que le hizo la representante de la pa­raestatal a las dos compañías de enero de 2008 a enero de 2009, y encontró que esos “descuentos excesivos e injustificados” causa­ron un daño patrimonial de 1.75 millones de dólares y un perjui­cio de 23.3 millones de dólares, calculado el primero a partir de la diferencia entre los ingresos por la venta y los costos del combus­tible; y el segundo a partir del monto que Pemex hubiera recibido de haber vendido la gasolina a un precio adecuado. Por lo demás, en octubre de 2011 Cárdenas Zubieta fue inhabilitada para servir en la administración pública por 10 años y obli­gada a pagar una multa de 284 millones de pesos. Esa misma funcionaria participó en otras cuestionadas opera­ciones de los directivos de Pemex, como la operación de compra de acciones de Repsol para aumentar la participación de Pemex, aunque no fue la responsable de aprobarla. Operación que en 2011 puso en jaque al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, al evidenciarse el nivel de discrecionalidad en operaciones de tal magnitud. Las demoledoras cifras que Pemex hizo públicas en septiembre de 2011 pusieron en evidencia, oficialmente, que el combate al robo de combustibles es otra batalla perdida por Felipe Calderón, una batalla donde lo que está en juego es una gran parte del gasto público del país, 40% del PIB nacional. Las reformas a la ley apenas se están aprobando, cuando hace tiempo que la mafia se fusionó al quehacer cotidiano de la indus­tria petrolera. La verdad es que el cártel negro despacha la gasolina para nuestros automóviles, el combustóleo con que las ladrilleras cuecen los ladrillos, el asfalto que pavimenta nuestras calles, el die­sel que mueve barcos, la turbosina que impulsa las hélices de los aviones, la industria que crea químicos, hasta el diesel que mueve los tractores con los cuales los campesinos cultivan la caña que lle­va a la mesa el azúcar para endulzar la taza de café de las mañanas. Entre la acción gubernamental y la situación real hay una dis­tancia de años luz. Los legisladores endurecen penas sin esclarecer primero la maraña de complicidades que hicieron del cártel negro una criatura invencible, que emergió desde las entrañas mismas de la industria del petróleo. Hasta hace unos años, Pemex era el escaparate del nacionalismo mexicano, de la dedicación de sus trabajadores, del amor a la ca­miseta. La ambición por el dinero fácil lo degradó todo. Hoy son negocios, sólo negocios. Bajo la lógica del business, prácticamente desde el más alto funcionario hasta el más modesto de los obreros está dispuesto a venderle su alma al diablo, o de manera más simple y directa: a alinearse con la maña. Actualmente, las operaciones ilegales en Pemex alcanzan tal nivel, que cuesta trabajo saber en cuántos de los negocios que oficialmente hace la paraestatal están presentes las operaciones fi­nancieras del crimen organizado.