MÉXICO, D.F. (apro).- Frente a la catástrofe humana que en los últimos cinco años ha provocado la violencia del narcotráfico y la guerra contra el crimen organizado declarada por el gobierno de Felipe Calderón, surgieron diversas organizaciones sociales y de víctimas que clamaban justicia en todo el país. Sin embargo, no fue sino hasta que emergió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cuando se logró visibilizar la dimensión de la tragedia y que fueran atendidas, aunque de manera insuficiente, algunas de las víctimas y sus familias por parte de los tres poderes federales. Hasta que el crimen organizado tocó a un personaje público, el hijo del escritor Javier Sicilia, las distintas redes sociales, intelectuales, religiosas y de derechos humanos comenzaron a reaccionar. La reacción que generó en marzo pasado el asesinato de Juan Francisco y seis personas más en Cuernavaca, Morelos, mostró una vez más el centralismo que tenemos, pues durante estos últimos años el norte del país ya tenía a miles de muertos y desaparecidos, sin que tomáramos cabal conciencia de la desgracia nacional. Este año es importante porque, a través del movimiento ciudadano, el gobierno de Felipe Calderón tuvo que reconocer que entre los miles de muertos que ha habido y sigue habiendo, muchos son víctimas inocentes y sus familias también lo son por el efecto directo que tiene la muerte o la desaparición de su ser querido, pero también por el desamparo en que quedan ante un sistema de justicia que los ignora y autoridades que las estigmatizan o marginan, sin darles la atención social que necesitan. A pesar de sus errores internos, del liderazgo criticado de Javier Sicilia –cuyas deferencias al poder han sido interpretadas como debilidades–, de la falta de organización y la carencia de una estructura, así como de la lucha protagónica de otras organizaciones sociales que nunca estuvieron de acuerdo con los diálogos con Calderón, el Movimiento por la Paz dio el espacio necesario para muchas familias que buscaban un canal de lucha para sus dignas demandas de justicia y paz. Casi cinco años de tardanza tuvo la sociedad mexicana para manifestarse con toda la magnitud que significa una tragedia histórica como lo es la muerte de más de 50 mil personas, la desaparición de 10 mil y el desplazamiento de más de 3 mil por la violencia generada por el crimen organizado y la guerra que le declaró el gobierno de Calderón. Esta tardía reacción de la sociedad tuvo sus consecuencias, dado que generó mayor indolencia de todas las autoridades que dejaron de actuar o que se dejaron infiltrar por el crimen organizado; además, aumentó la impunidad y con ella la narcoviolencia que ya no tuvo topes, sino toda la libertad, pues pocos son los responsables que han sido castigados con ejemplaridad. Las limitaciones internas y las propias circunstancias han hecho que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no haya crecido ni se haya consolidado como muchos esperaban. Muchos lo vieron con la ilusión de que fuera el movimiento articulador de otros movimientos que demandan no sólo la paz, sino un cambio social, una verdadera transición a la democracia y una salida a la crisis, pero con ello se dispersaban las acciones y se dejaba a un lado la esencia del movimiento: las víctimas. Después de algunos desvíos, los integrantes del movimiento han centrado sus acciones nuevamente en las víctimas de esta guerra absurda, sobre todo después de que algunos de sus miembros han sido asesinados y criminalizados por las autoridades. Así, presionan para que la Procuraduría de Atención a las Víctimas tenga los recursos necesarios para atender a miles de familias afectadas e igualmente se sigue actuando para que la ley de seguridad nacional tenga un perfil más social que militar y policiaco, y también se trabaja para organizar un congreso nacional de víctimas, con la idea de agrupar a más familias perjudicadas e integrar un frente común fuerte. Asimismo, se ha creado un grupo que dé seguimiento a los casos de muertos y desaparecidos que siguen pendientes de ser investigados. El futuro del movimiento es un tanto incierto porque faltan recursos económicos y una estructura permanente, y se ha planteado una reestructuración de la dirigencia a fin de que sea más horizontal y colectiva. Sin embargo, es casi seguro que en los siguientes años seguirá trabajando porque, hasta donde se prevé, no existen intenciones en las cúpulas de los partidos para cambiar la estrategia policiaco-militar de combate al crimen organizado, lo que significa que las víctimas seguirán aumentando y con ellas la demanda de paz, con justicia y dignidad.