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En Guerrero no hay culpables…

CHILPANCINGO, GRO.- La investigación sobre el asesinato de los dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa continúa enfrentando a las autoridades federales con las del estado.
Aun cuando inicialmente la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso, tres días después optó por recular. La dependencia federal delegó la responsabilidad de las investigaciones en la procuraduría estatal por tratarse, dijo, de delitos del fuero común.
Las autoridades locales se encargarán también de definir la situación jurídica de los 12 policías implicados –seis preventivos, cinco ministeriales y un aspirante a ingresar a esta corporación–, quienes están bajo arraigo desde el domingo 18 por “su posible autoría o participación” en el homicidio de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, según los informes oficiales consultados por Proceso.
Alberto López Rosas, destituido como procurador de Justicia, insiste en que fueron los policías federales quienes dispararon contra los manifestantes, motivo por el cual, sostiene, la PGR está protegiendo a los miembros de la corporación.

A su vez, el gobernador Ángel Aguirre se empeña en intentar el deslinde de su secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien ordenó el desalojo de los normalistas que bloqueaban la autopista del Sol.

Publicidad turística

En medio de la crisis por el crimen de los normalistas, Ángel Aguirre viajó a la Ciudad de México, donde fue entrevistado en El Noticiero, de Televisa, el lunes 19. Al día siguiente por la mañana el mandatario apareció en el programa matutino de frivolidades Hoy, del mismo consorcio televisivo, en un intento de lavarse la cara hablando de las bondades de los destinos turísticos de la entidad.
A nivel estatal, la Coordinación de Comunicación Social ordenó a los medios locales que tienen convenio de publicidad oficial –prácticamente la mayoría– omitir las críticas hacia Aguirre y minimizar la información relacionada con las protestas de los normalistas que exigen juicio político contra él, dice al corresponsal el director de un medio de comunicación que pidió el anonimato.
Además, Aguirre propuso crear una comisión ciudadana que sea encabezada por integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el mismo lunes 19 se reunió en privado con los familiares de Alexis Herrera Pino, uno de los normalistas ejecutados.
Dos días después, al término de un acto oficial, trató de minimizar los reclamos de los estudiantes, quienes insisten en que se separe del cargo: “No es tema, como dicen en la Cámara de Diputados”, atajó el mandatario.
Expuso también que las demandas del estudiantado –ampliación de la matrícula para nuevo ingreso, promedio mínimo para los aspirantes, plazas automáticas para egresados– se estaban atendiendo. Sobre este último punto mencionó incluso que si le demostraban que en otras normales rurales del país se otorgan las plazas de manera automática, él mismo acudiría a la federación para exigir trato igual para Ayotzinapa.
Planteó también la creación de otra comisión ciudadana para revisar el futuro de la normal, debido a que su comunidad estudiantil está a punto de perder el semestre, pues las clases se suspendieron hace casi dos meses.
El mismo miércoles 21, alrededor de 800 estudiantes de diferentes normales rurales del país, aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), marcharon en la zona turística de Acapulco para exigir a Aguirre que renuncie al cargo.
Entre tanto, en la Ciudad de México la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la creación de un grupo especial que dará seguimiento a la investigación sobre el asesinato de los normalistas. El jueves 22 hubo otra marcha de normalistas en la Ciudad de México.
El martes 13, el gobernador Ángel Aguirre solicitó a la PGR la atracción del caso ante la confrontación entre su gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. Ambas instancias intentaban deslindarse de la muerte de los dos normalistas.
El miércoles 14, dos días después de la ejecución de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, la PGR atrajo el caso. El agente del Ministerio Público de la federación(MP) adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la dependencia federal incluso integró el expediente AP-PGR-DGCAP-ZNEVIII-114-2011.
Las confrontaciones continuaron. A lo largo del sábado 17 familiares y compañeros de los policías arraigados amagaron con tomar medidas extremas para que los cinco policías enviados la víspera a la Ciudad de México fueran regresados a la entidad. El diferendo provocó una reunión extraordinaria en la residencia oficial Casa Guerrero.
Agentes de la PGR y el gobernador buscaban “ajustar los tiempos jurídicos” para que el MP de la federación realizara los trámites necesarios para cumplir con los términos legales, señalan al reportero testigos de ese encuentro que piden omitir sus nombres. No lo lograron y la PGR regresó el expediente de la investigación a la procuraduría estatal.

Los forcejeos

Según los documentos oficiales a los que tuvo acceso este semanario, la noche del sábado 17 los cinco policías estatales que se encontraban en el Centro Nacional de Arraigo fueron regresados a esta capital y puestos a disposición del MP del fuero común, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves de la procuraduría local, que integró la averiguación previa FEIDG 0081 2011, en la que también se incluyó a los otros siete detenidos.
El domingo 18, a las 23:20 horas, el Juzgado Primero autorizó el arraigo 09-2001-1 solicitado por la procuraduría estatal horas antes, por lo que los 12 inculpados fueron trasladados a una casa de seguridad de la dependencia, ubicada en la calle Juan Jiménez, lote 3 del fraccionamiento Tepango.
Para el miércoles 21, el encargado de despacho de la procuraduría local, César de los Santos Mendoza, aclaró que, mediante un desglose, la PGR determinó que los delitos del fuero común –“homicidio, lesiones, daños y lo que resulte”– fueran investigados por la procuraduría estatal, mientras que la dependencia federal se encargará sólo de los delitos relacionados con ataques a las vías federales de comunicación.
En su declaración ministerial, los 12 policías niegan haber disparado contra los normalistas de Ayotzinapa. No obstante, los 24 manifestantes detenidos tras los hechos en los que fueron abatidos Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús refieren lo contrario.
Los agentes preventivos estatales Santiago Zúñiga Valle, Abraham Santiago Guzmán Alonso, Álex González Castillo, Miguel Ángel Cortés Morales, Alejandro Ramírez Neri y Miguel Ángel Moreno Téllez declararon que el lunes 12 recibieron órdenes de acompañar al exsubsecretario de Seguridad Pública, el general Ramón Miguel Arreola Ibarra.
Por lo que atañe al resto de los agentes detenidos, indicaron que Rey David Cortés Flores, el jefe de grupo de los ministeriales, se encontraba franco ese día, aunque dice que acudió armado al desalojo de los normalistas. Las declaraciones de la coordinadora de zona Leticia Pinto Muñoz, así como de Jorge Armando López Ruiz, Víctor Hugo Almazán Domínguez, Ricardo Arévalo Adam y del aspirante a policía ministerial Ismael Matadamas Salinas, coinciden con las de los preventivos.
En contraste, los 24 normalistas, quienes fueron puestos en libertad al día siguiente, expusieron que “los policías comenzaron a realizar disparos al aire”, luego arremetieron contra ellos.
El martes 13, al día siguiente de la agresión, Alberto López Rosas renunció a la Subprocuraduría de Justicia. Lo mismo hicieron el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja; el subsecretario de la dependencia, Ramón Arriola Ibarra, y el director de la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdez.
En entrevista con Proceso, López Rosas sostiene que los agentes federales borraron evidencia al recoger parte de los casquillos percutidos. Y acusa a la PGR de proteger a los miembros de su corporación, quienes, recalca, fueron los primeros en llegar al lugar de la protesta. Iban armados y comenzaron a disparar.
“Los federales dispararon al aire y de forma directa; me sorprende que no estén arraigados por principios de equidad y porque hay mucho que investigar, y me parece que han pretendido dilatar las investigaciones”, dice el exsubprocurador López Rosas.
Y reitera: “Resulta improcedente y de intento de protección a la corporación federal. Por eso seguiré insistiendo en la liberación de los estatales y en que se profundice en la investigación”.

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