Hungría: El regreso al autoritarismo

BRUSELAS, (apro).- A pesar de que la oposición y las organizaciones defensoras de los derechos civiles aseguran en Hungría que el contenido de la nueva constitución nacional impone un “regreso al autoritarismo”, el pasado domingo 1 entró en vigor esa carta magna impulsada por la Alianza de Jóvenes Demócratas (Fidesz, por sus siglas en húngaro), el partido de corte conservador y nacionalista del primer ministro Viktor Orban.

Al día siguiente, en un hecho sin precedentes desde que fue establecida la democracia en el país, hace más de 20 años, 100 mil personas salieron a manifestarse contra lo que consideran la instauración de un régimen de partido único. Las protestas se concentraron frente al edificio de la Ópera en Bucarest, donde se habían congregado miembros del Fidesz y del gobierno para celebrar con el primer ministro el nacimiento de la nueva carta constitucional.

“Esta ley fundamental relaja los controles y contrapesos que establecimos en 1989 para garantizar la separación de poderes. Es un atentado contra la democracia. Todos los sistemas de control democrático han sido eliminados”, expuso a la revista alemana Der Spiegel Sandor Székely, copresidente del movimiento Solidaridad, que convocó a la protesta.

Contenido polémico

El controvertido texto incluye varias disposiciones que, por separado, cada una sería capaz de generar escándalo: restringe las competencias del Tribunal Constitucional en materia de presupuestos; reforma el sistema electoral de una forma que favorece al Fidesz; responsabiliza “retroactivamente por los crímenes comunistas” a los dirigentes del actual Partido Socialista, antiguamente el Comunista; reduce de 300 a 14 el número de las organizaciones religiosas que seguirán recibiendo subvenciones públicas, y decreta que un embrión es un ser humano desde el momento de la concepción.

Respecto de este último punto, la ley en Hungría permite el aborto hasta la semana 12 de embarazo. Con la nueva constitución, las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer temen que se abra paso a la prohibición del aborto.

Asimismo, la nueva carta magna estipula que únicamente puede considerarse matrimonio la unión de un hombre y una mujer, con lo que descarta el reconocimiento de los casamientos entre personas del mismo sexo; además, por primera vez aparece abiertamente en ese documento una mención religiosa que dice: “Dios bendice a los húngaros”.

Más aún: el nombre del país quedó reducido a simplemente Hungría. En 1989 el Parlamento había eliminado el nombre de “República Popular”, instaurado en 1949 y ligado con la dictadura comunista, y sólo dejó la palabra “República”.

Se establecieron puestos en sectores de la economía, la justicia, la policía y el ejército, con una duración de mandato de nueve a 12 años. Esos puestos los ocupan políticos incondicionales a Orban, que ya fue primer ministro de 1993 a 2000.

Otra disposición fuertemente criticada es la ley de medios. Entre otras medidas, tal dispositivo legal puso en marcha un sistema de jubilaciones que afecta a los periodistas más críticos y crea una poderosa autoridad de control de la información cuyos miembros son designados por el gobierno.

La preponderancia de dicha autoridad es tal que ésta puede inclusive prohibir la circulación o sacar del aire a los medios de comunicación que cometan una serie de infracciones vagamente definidas, como “violar la dignidad humana”.

En medio de ese ambiente de represión contra la prensa crítica, el 3 de diciembre pasado tuvo lugar un hecho inédito en la corta vida democrática del país: el rostro de Zoltan Lomnici, el antiguo presidente de la Corte Suprema y un conocido opositor a Orban, fue desaparecido de una imagen de la televisión pública MTV con un efecto borroso.

Lomnici declaró a la organización Index on Censorship que ese incidente había representado en su país “el más grave delito contra la libertad de prensa en los últimos 20 años”.

Esa manipulación también indignó al gremio periodístico. Un grupo de periodistas, entre ellos el representante del sindicato de comunicadores de esa cadena pública, Balasz Nagy Navarro, decidió entonces protestar contra la ley de medios con una huelga de hambre.

Orban no cesa sus ataques contra la prensa incómoda: el año pasado una empresa estatal retiró un abultado contrato de publicidad por 455 mil dólares con Népszabadság, el diario más importante del país que sostiene posiciones críticas a su gobierno.

Sólo las presiones de la Unión Europea (UE), ejercidas durante la presidencia del país al frente de la UE en el segundo semestre de 2010, consiguieron que el gobierno de Orban modificara una anterior ley que obligaba, incluso a los medios extranjeros, a realizar una “cobertura equilibrada de la información”, que en realidad buscaba acallar a los críticos del régimen.

Sanciones

La constitución que entró en vigor este año fue aprobada por el Parlamento húngaro el 18 de abril de 2010.

En esa ocasión, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos ciudadanos –entre ellos Amnistía Internacional, la Unión para las Libertades Civiles de Hungría y el Comité Helsinki– publicó una declaración conjunta de protesta.
En ella, esas ONG calificaron la nueva constitución como “un caballo de Troya de un sistema político más autoritario fundado sobre la perpetuación en el poder de un único partido”, y consideraron que ésta significa una “amenaza a los valores europeos”.

El eurodiputado Guy Verhofstadt, quien fuera primer ministro de Bélgica entre 1999 y 2008, rubricó también esa declaración.

El pasado 26 de junio, un grupo de intelectuales húngaros –como el escritor György Konrád o el exrepresentante para la libertad de los medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Miklós Haraszti– solicitó a la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton –quien visitó Budapest dos días después– que se pronunciara contra “el sistema autocrático que se enquista en el país”.

“La manera de gobernar de Viktor Orban –denunciaron los intelectuales– elimina de manera sistemática las garantías constitucionales de separación de poderes, desapareciendo los contrapesos al poder ejecutivo”.

Clinton pidió a Orban que “reconsiderara” la instrumentación de la polémica constitución, y el pasado 23 de diciembre le comunicó, a través de una carta, que Estados Unidos estaba “preocupado” por la falta de protección de las libertades individuales y por la ausencia de los sistemas de contrapeso del poder en Hungría, según divulgó el periódico Népszabadság.

Verhofstadt, que preside la tercera bancada más importante del Parlamento Europeo, la Alianza de Demócratas y Liberales, reclama a los Estados miembros de la UE –que no se han pronunciado salvo Francia– que se castigue a Hungría.

Philip Cordery, el secretario general del Partido de los Socialistas Europeos, la segunda bancada más numerosa, solicitó al partido mayoritario, el Popular Europeo, que expulse a Fidesz de su organización.

El artículo 7 del Tratado de Lisboa determina que cualquier violación grave a los derechos humanos por parte de un Estado miembro de la UE puede derivar en una suspensión o en la pérdida de los derechos de voto en el Consejo, el órgano donde los gobiernos socios toman decisiones.

Sólo una vez la UE ha impuesto sanciones de este tipo y no surtieron el efecto deseado. En febrero de 2000, 14 de los 15 países que entonces conformaban la UE decidieron congelar sus relaciones bilaterales con el gobierno de Austria, al que se había incorporado el partido de extrema derecha de Jörg Haider, el de la Libertad.

Siete meses después Haider renunció a la dirigencia de su partido y fueron levantadas las sanciones sin condiciones adicionales.

Ilegalidad

Orban fue electo primer ministro tras las elecciones generales del 25 de abril de 2010. Obtuvo 53% de los votos. Su partido, el Fidesz, ganó así 68% de las curules parlamentarias, una mayoría nunca antes lograda por una fuerza política desde la caída del régimen comunista en 1989.

En septiembre de 2006 el Fidesz había encabezado las protestas contra la coalición de gobierno liderada por el Partido Socialista, luego de que fuera divulgado un audio en el que el primer ministro, Ferenc Gyurcsány, reconocía que había mentido sobre la mala situación económica de su país para ganar las elecciones.

Hungría ingresó a la UE el 1 de mayo de 2004 y se integró al Espacio Schengen de fronteras abiertas el 21 de diciembre de 2007, pero no forma parte de la zona euro. Es el país más endeudado de Europa del Este y su economía está al borde del colapso.

En ese contexto, el gobierno de Orban solicitó la asistencia financiera de la UE y del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, como una de las nuevas disposiciones impulsadas por Orban limita la autonomía del banco central nacional, y prácticamente lo somete al control del poder ejecutivo, ambas organizaciones decidieron romper negociaciones con el gobierno húngaro el 16 de diciembre pasado.

Días después, el 20 de diciembre, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, envió una carta a Orban en la que le pidió que anulara la controvertida disposición, puesto que viola el artículo 130 del Tratado de Lisboa de la UE.

Ese artículo estipula que el Banco Central Europeo, los bancos nacionales, así como los miembros de sus órganos de toma de decisiones, no deben de ninguna manera recibir instrucciones de instituciones, organismos, oficinas o agencias de la UE, de un gobierno de sus Estados miembros o de cualquier otra entidad.

En la carta, Barroso explicó a Orban que si las leyes nacionales eran incompatibles con el derecho europeo, éstas tenían que ser modificadas. Así, le “aconsejaba” al primer ministro que no sometiera ese proyecto de ley al Parlamento y que trabajara con las instituciones de la UE para hacerlas legales ante la legislación comunitaria.

Molesto, Barroso “deploró” el hecho de que Orban no hubiera consultado con el BCE, cuyos dirigentes, dice, ya habían expresado con anterioridad su preocupación en torno de tal proyecto de ley.

Pero Orban prosiguió con su proyecto de ley, que entró también en vigor este año.

El miércoles 4, la moneda húngara, el florín, alcanzó su nivel más bajo respecto al euro. El día siguiente, el gobierno de Orban manifestó su disposición a negociar un préstamo “sin negociaciones previas” con la UE y el FMI, que reiteraron que no lo harán hasta que el gobierno de Budapest garantice “completamente” la independencia de su banco nacional, ya que ello es un “prerrequisito” de la estabilidad financiera.

Ese mismo 4 de enero, un portavoz de la Comisión Europea, Olivier Bailly, declaró que la institución decidirá “en los próximos días o semanas” si existe una infracción y, en ese caso, “por supuesto actuará para asegurar que la ley húngara se meta en línea con la ley de la UE”.

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