Con el gobierno de Felipe Calderón los estrategas militares estadunidenses obtuvieron vía libre para sus acciones de “contranarcoterrorismo” en territorio mexicano. Con esa bandera desplegaron aquí a tres agencias del Pentágono, obtuvieron un presupuesto inusualmente alto, convirtieron los mecanismos de cooperación bilateral en un negocio para la industria militar privada de Estados Unidos y además nombraron agregado militar en su embajada al contralmirante Colin J. Kilrain, un hombre con dilatada experiencia en “operaciones especiales”. La guerra del presidente Felipe Calderón a los narcotraficantes abrió un nuevo mercado para la industria militar de Estados Unidos: empresas privadas de ese poderoso sector han obtenido millonarios contratos del gobierno de ese país para fabricar y proveer de equipo y material bélico a México. La presencia de esas empresas es sólo una vertiente de la creciente participación del Departamento de Defensa en la política exterior de Estados Unidos hacia México. Desde 2010 el Pentágono tiene a tres agencias de inteligencia en territorio mexicano, autorizadas por el gobierno de Calderón, cuya guerra al narco es considerada por el país vecino como uno de sus conflictos bélicos en el mundo. El Pentágono ha previsto la posibilidad de un atentado terrorista contra intereses estadunidenses en o desde México. El 12 de diciembre pasado el Departamento de Defensa anunció que enviaba a un experto en terrorismo internacional como agregado militar y oficial en jefe de Defensa de su embajada. Se trata del contralmirante Colin J. Kilrain, quien hasta esa fecha era director encargado de combate al terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que depende directamente del presidente y tiene injerencia directa en la política exterior. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1836 de la revista Proceso, que ya está en circulación)