Durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, esta dependencia sumó más de 7 mil quejas en su contra que fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas de ellas son graves: fabricación de culpables, uso del arraigo para esos fines, manipulación de escenas de crímenes y cambios de situación jurídica: “te llaman como testigo y acabas como presunto responsable”… Luis González Placencia, ómbudsman capitalino, vio muy de cerca el desempeño de Mancera, y si bien reprueba esas prácticas, lo considera apto para gobernar la Ciudad de México. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Próximo candidato de las izquierdas al Gobierno del Distrito Federal, el exprocurador Miguel Ángel Mancera Espinosa es el principal beneficiario de la imagen de una ciudad sin violencia. Esa “hipótesis aventurada” la formula Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y testigo de la gestión de Mancera como procurador del DF de julio de 2008 a diciembre de 2011. González Placencia –quien ha dado cátedra de doctorado al lado de Mancera, al que considera “un académico muy prestigiado”– piensa que la alta aceptación de la población, reflejada en las encuestas que le dieron la candidatura, podría estar asociada a la imagen mediática que proyectó durante su administración. “Parece que las figuras que alcanzan notoriedad en un contexto de combate a la violencia e inseguridad como el que vivimos, son a las que se elige para estar al frente de estas instituciones; en el caso del procurador Mancera ha tenido incluso algunas acciones temerarias, como fungir de intermediario en un secuestro o perseguir a delincuentes en una moto; ese tipo de actos puede resultar atractivo para el electorado.” Al recordar que en el DF operan “otro tipo de violencia y otro tipo de delincuencia organizada”, el ómbudsman capitalino sostiene que para el electorado mantener “la ciudad con niveles relativamente bajos de inseguridad es un indicador de que las cosas deberían seguir así. Es una hipótesis aventurada pero interesante”. Frente a esa imagen de seguridad están las cifras de violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y documentadas por la CDHDF: 7 mil 210 quejas y 28 recomendaciones, 15 de ellas parcialmente cumplidas.   Mano dura   Mancera llegó a la PGJDF en momentos de crisis –luego de que el primer procurador nombrado por Ebrard, Rodolfo Félix Cárdenas, fue depuesto a raíz de la tragedia de la discoteca News Divine, en 2008, donde nueve adolescentes murieron durante un operativo policiaco– y “ciertamente hubo un cambio de relación entre esa dependencia y la CDHDF, pero sin olvidar que formó parte de un gabinete de mano dura encabezado por Ebrard”, recuerda González Placencia en entrevista con Proceso. El ómbudsman capitalino apunta: “La Ciudad de México tiene una política de mano dura, no hay un diferenciador con el gobierno federal... quizás algunos matices. Calderón usa al Ejército y tiene un discurso totalmente reaccionario en ese sentido; acá se usa a la policía pero la visión sigue siendo más punitiva que preventiva. La idea es que la seguridad se garantiza con más policía o con más medidas restrictivas de los derechos”. Por esa política de mano dura, dice, algunos de los temas que llegaron a tensar las relaciones entre la PGJDF y la CDHDF durante la gestión de Mancera tienen que ver con la aplicación del arraigo y la exhibición de presuntos responsables ante los medios. Al resaltar que el distintivo de la gestión de Mancera fueron las innumerables detenciones, González Placencia recuerda que mientras se hacían presentaciones de los arrestos en los medios, “después nos íbamos enterando de que muchos de los detenidos no eran culpables”. Sin duda, advierte, la administración de Mancera se distinguió por “una actitud de mayor visibilización del trabajo a través de los medios en una primera parte, porque después ya no nos enteramos de cómo transcurren los procesos”. De las más de 7 mil quejas contra la PGJDF en la gestión de Mancera, advierte, cualitativamente las que más preocupan a la CDHDF “son las que tienen que ver con la fabricación de culpables, el uso del arraigo para esos fines, la manipulación de las escenas de delito y las prácticas de cambio de situación jurídica: te llaman como testigo y acabas como presunto responsable”. El uso del arraigo en el DF –figura considerada por organismos nacionales e internacionales violatoria de los derechos humanos pero que fue incorporada a la Constitución en 2008– motivó que en 2011 la Comisión de Derechos Humanos emitiera una recomendación a la PGJDF y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para evitar su aplicación como paso previo a su eliminación de las leyes capitalinas. La recomendación no fue vista con buenos ojos y está en proceso de cumplimiento. Al respecto, una investigación de la CDHDF determinó que la PGJDF solicitó 271 arraigos, de los que el TSJ otorgó 242; la procuraduría arraigó a 810 personas, pero el TSJ emitió sólo 149 autos de formal prisión y nada más dictó 49 sentencias condenatorias, por lo que la presunta efectividad de la medida fue de poco más de 20%. Los visitadores de la CDHDF constataron además que los arraigados son sometidos a malos tratos y a condiciones de hacinamiento peores que las existentes en las cárceles. Asimismo González Placencia dice que en breve emitirá una recomendación por la exhibición pública de los presuntos delincuentes.   Vicios viejos   Otros temas que Mancera dejó pendientes, agrega el ómbudsman, tienen que ver con problemas estructurales e históricos. Uno de ellos es la tortura. Durante el último año el organismo emitió cuatro recomendaciones por tortura contra agentes ministeriales contra los que solicitó que se integraran investigaciones. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido detenido. González Placencia afirma que en temas estructurales Mancera, igual que anteriores procuradores, como Bernardo Bátiz y Rodolfo Félix, no pudieron superar las inercias de la procuraduría –“como un organismo que actúa sin importar quién lo encabece”– y que “explican violaciones arraigadas, como la tortura, las detenciones arbitrarias y todos los vicios de los ministerios públicos al realizar una investigación”. Un ejemplo de la incapacidad de depuración se incluye en la recomendación 12/2011 por tortura, en la que se destaca el caso de Esteban Romero Ramírez, agente ministerial quien entre 1996 y 2011 acumuló 29 procedimientos de investigación de orden penal y 16 administrativos sancionatorios, y quien está relacionado con una recomendación por tortura desde 2002. El último conjunto de pendientes que dejó Mancera en la PGJDF, apunta el ómbudsman, son casos concretos de servidores públicos que no cumplieron su trabajo. Tras esta evaluación y ante la nominación de Miguel Ángel Mancera como próximo candidato de las izquierdas, González Placencia advierte sobre los riesgos de continuar con una política de mano dura, por lo que ofrece los oficios de la CDHDF para cambiar el rumbo. “Es deseable que haya una buena sinergia en materia de derechos humanos porque están en todo, permean toda la actividad pública. Un gobierno democrático se distingue por una actitud proactiva hacia la incorporación legislativa de los derechos pero también porque forman parte de su estrategia, y la comisión permite identificar los focos rojos y puede ser una aliada para resolver los problemas”, puntualiza.   Espaldarazo de AMLO   Mancera ha sido cercano colaborador de Marcelo Ebrard por lo menos desde 2004, cuando en paralelo a sus actividades académicas se integró a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y después lo siguió a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde estuvo un tiempo antes de que su vocación penalista lo llevara al Consejo de la Judicatura y al litigio, para después formar parte del equipo de abogados que defendieron a Andrés Manuel López Obrador en el juicio de desafuero. La mención de Mancera como funcionario “no corrupto” en un discurso de López Obrador el pasado 21 de diciembre, fue una señal para las corrientes internas del PRD a fin de orientar las preferencias, ante el escaso posicionamiento del secretario de Educación, Mario Delgado, a quien se veía como delfín de Ebrard. El mensaje de López Obrador daba idea de la aceptación a una aspiración que estaba latente por lo menos desde julio de 2011, cuando el nombre del entonces procurador empezaba a manejarse en las encuestas. Y fue precisamente el método de los sondeos el que se consideró adecuado para designar también al candidato presidencial. La operación de las encuestas encontró sustento, además, en los conflictos internos de las corrientes perredistas en el DF tras las erráticas elecciones para renovar a los consejeros nacionales estatales. El 23 de octubre el grupo del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo –incondicional de Ebrard–, tomó por la fuerza las instalaciones donde se resguardaba la papelería electoral, abortando así el proceso. El 6 noviembre se concretó la elección, pero un cúmulo de impugnaciones tiene detenida la instalación de los órganos del partido.   Las encuestas   Manuel Camacho Solís, coordinador del DIA, fue nombrado encargado del proceso interno una vez que fue aceptado el método de encuestas para medir las fuerzas de los seis aspirantes a gobernar la capital (Mancera, Alejandra Barrales, Gerardo Fernández Noroña, Martí Batres, Joel Ortega y Carlos Navarrete), lo que quedó asentado en la convocatoria lanzada por el PRD capitalino el pasado 23 de diciembre. El miércoles 11 se llevó a cabo el único debate y tras él, la declinación de Navarrete en favor de Barrales. La convocatoria especificaba que las encuestadoras Nodo, Covarrubias y Buendía y Laredo aplicarían los cuestionarios del sábado 14 al lunes 16 y que los resultados se someterían a la consideración de los cerca de 300 consejeros estatales integrados en Consejo Electivo los próximos 11 y 12 de febrero para formalizar a finales de ese mes la candidatura a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a la que se sumarían los otros partidos de izquierda: PT y Movimiento Ciudadano. Además de las encuestas publicadas en los diarios Reforma (el miércoles 4) y El Universal (el miércoles 11) que daban ventaja a Mancera sobre Barrales –quien trabajó sus aspiraciones desde que asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa del DF en 2009–, el sábado 14 René Bejarano, líder de Izquierda Democrática Nacional, corriente que controla a por lo menos 60% del Consejo Estatal del PRD, se manifestó por el exprocurador. El nerviosismo de Barrales y su equipo se hizo evidente durante todo el fin de semana en que las encuestadoras contratadas levantaron los 9 mil cuestionarios, al acusar distribución masiva de propaganda de Mancera, colocación de mantas en calles principales y la supuesta operación de un call center que realizaría 1 millón de llamadas, entre otras anomalías. Joel Ortega, otro aspirante, también se quejó de presuntas irregularidades referentes al supuesto envío de mensajes vía texto para favorecer a Mancera, así como la colocación de mantas promocionales del libro de Alejandra Barrales Legislar para ayudar. A ese cúmulo de señalamientos se sumó la declaración de Alejandro Rojas Díaz Durán, secretario capitalino de Turismo, quien el martes 17 dijo contar con información de que Mancera había ganado la encuesta. “Por lo que sé, va arriba con un alto porcentaje Miguel Mancera, un marcelista confiable y leal, y yo confío plenamente en que abandere a la izquierda, ya que es un hombre sin partido y representa también a la sociedad civil como líder emergente”. Por más explicaciones que dio, Rojas Díaz Durán acabó pagando las consecuencias de su imprudencia y fue removido por Ebrard. Barrales y su equipo insistieron en que las supuestas anomalías habrían impactado en el resultado final de las encuestas. En consecuencia, el jueves 19 decidió no acudir a la presentación de los resultados. La empresa Estadística Aplicada, contratada para auditar el ejercicio, resolvió que “no se registró evidencia de sesgos de medición o de obtención de información que hubieran incidido en las respuestas registradas”, que la aplicación de los cuestionarios se llevó “correctamente y de acuerdo a los estándares de calidad existentes” y que las variaciones de los resultados contienen “márgenes de error convencionales, menores de 2%, con niveles de confianza de 95%”. Con la excepción de Barrales, los otros aspirantes reconocieron a Mancera y se manifestaron por la unidad para mantener la jefatura de Gobierno del DF como bastión de los partidos de izquierda. En su discurso Mancera se definió como “factor de unidad” y convocó a los dirigentes de los partidos de izquierda a “que se hable bien de la estela progresista moderna, con valores democráticos, inclusión social, respeto a las minorías, con derechos humanos”. Miguel Ángel Mancera, quien se ha resistido a afiliarse al PRD, se comprometió a seguir los ejemplos de los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, pero dijo que de ganar la contienda su gobierno será el de “las y los progresistas de la sociedad civil”.