MÉXICO, D.F. (apro).- A partir del próximo 1 de febrero entrará en vigor en el Distrito Federal la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, conocida como “ley contra el bullying”, la primera que considera el acoso escolar como problema de salud pública. De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea Legislativa (ALDF), Maricela Contreras, la tercera parte de los estudiantes de primaria y secundaria son víctimas de esa práctica. La nueva legislación reconoce seis tipos de maltrato entre escolares: psicoemocional, físico directo, físico indirecto, sexual, verbal, y por medio de las tecnologías de la información y comunicación, conocido como “cyberbullying”. Contreras Julián pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) “evitar la tentación de bloquear la operación de la ley contra el bullying”, ya que –dijo-- se ha cuidado no estigmatizar a los estudiantes que realizan ese tipo de conducta, “respondiendo así al enfoque de derechos humanos”. Señaló que en la ley “se reconoce que el bullying es consecuencia de una violencia social e institucional que repercute en las conductas de los estudiantes y la observan como algo normal”. En ese sentido, refirió que con la legislación se cierra la puerta a “enfoques reduccionistas que buscan en los niños a los culpables de la violencia que tan sólo están reproduciendo de otras esferas sociales”. Detalló que el enfoque integral de la ley se basa en tres conceptos: la violencia en el entorno escolar, donde se examina el contexto familiar, social, cultural y comunitario, que repercute en las acciones que se registran en las escuelas. El maltrato escolar, que incluye al personal docente y administrativo, directores de escuelas, padres de familia y, en su caso, tutores, como posibles generadores de maltrato escolar y como parte de una comunidad educativa. Y, por último, el maltrato entre escolares, que permite enfocar la atención de un problema que se presenta en específico entre miembros de la comunidad educativa y atenderlo con acciones concretas. La diputada perredista llamó a los congresos locales del país a imitar la nueva ley para que se legisle de manera específica en cada uno de los estados, con un enfoque de derechos humanos y donde se anteponga el interés superior de la infancia y la resolución no violenta de conflictos.