Los niños que Franco secuestró

El régimen de Francisco Franco se robó a más de 30 mil niños, hijos de republicanos, y los entregó a familias que le eran leales. Más aún, organizó “operaciones clandestinas” para repatriar a miles de menores que los rebeldes antifranquistas habían podido enviar al extranjero, entre ellos los Niños de Morelia, que llegaron a México con apoyo del gobierno de Cárdenas. El drama de esos infantes y sus familias salió a la luz por las investigaciones sobre los crímenes del franquismo que el juez Baltasar Garzón inició en 2008, lo que derivó en un juicio en su contra que el miércoles 8 quedó listo para sentencia. Un día después –jueves 9–, el Tribunal Supremo resolvió inhabilitarlo como juez durante 11 años por el supuesto delito de prevaricación en el llamado caso Gürtel.

MADRID (Proceso).- La resolución judicial que Baltasar Garzón emitió el 18 de noviembre de 2008 en relación con los crímenes del franquismo arrojó luz a otro drama prácticamente vedado durante décadas en España: el robo de más de 30 mil niños por parte de la dictadura, menores a los que se les borró la identidad y que fueron entregados a familias afines al régimen, donde crecieron sin conocer su origen.
Esos menores, en su mayoría hijos de combatientes o de mujeres señaladas como simpatizantes republicanas hechas prisioneras –las llamaban “presas rojas”–, fueron arrebatados de sus familias legítimas con el fin de “salvarlos” del “gen comunista” de sus padres, según la doctrina de Antonio Vallejo-Nágera, jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares de la dictadura franquista.
La infranqueable maquinaria del régimen acalló durante siete décadas las denuncias de muchas mujeres a las que les robaron a sus hijos… y la llegada de la democracia no les ha hecho justicia.

“Les fueron arrebatados sus hijos apenas cumplían tres años”, según testimonio de Trinidad Gallego Prieto, encerrada varias veces por ayudar a los republicanos y partera que asistió muchos alumbramientos en la cárcel. Gallego murió el pasado 11 de noviembre a los 95 años después de denunciar repetidamente las terribles condiciones de insalubridad y miseria en que el régimen mantenía a las republicanas presas. Algunas de esas mujeres fueron asesinadas días después de dar a luz, otras simplemente fueron separadas de sus hijos a base de engaños. El más común: que el niño había muerto.
Desde que se supo que el juez Garzón inició en la Audiencia Nacional una investigación sobre los crímenes del franquismo, le empezaron a llegar decenas de testimonios. Uno de ellos es el de los hermanos José y María Sánchez Iglesias. Ambos eran muy pequeños cuando los militares franquistas irrumpieron en su domicilio, y junto con otros tres hermanos presenciaron el asesinato de su madre Josefa y el arresto ilegal de su padre, Aurelio, un trabajador del que nunca volvieron a saber nada.
Los militares internaron a María y José –que hoy tienen 77 (ella) y 78 (él) años– en el orfanato de San Luis de Sevilla. Después los dieron en adopción a América García Corrales, de Tenerife. Luego los separaron y los entregaron a otras familias. José y María se reencontraron, pero aún buscan a sus hermanos Josefa, María de la Hermosa y Bonifacio Francisco.
Emilia Girón destapó su propio caso. Le arrebataron a su hijo en la prisión. “Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba al niño”. Le decían que estaba enfermo. “Ya no lo volví a ver”.
El 16 de octubre de 2008 Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. Sin embargo la fiscalía de la Audiencia Nacional planteó la “incompetencia” del magistrado para tomar el caso. Entonces Garzón emitió el 18 de noviembre de ese año una resolución en la que se “inhibió” para realizar la investigación e instruyó para que ésta fuera realizada por los juzgados territoriales.
Pese a ello enfrenta una acusación por el presunto delito de prevaricación que lo podría apartar hasta 20 años de su carrera judicial. El miércoles 8 el juicio quedó listo para sentencia.
No obstante, el auto judicial en el que el magistrado se inhibió incluye parte de la investigación sobre los “niños robados del franquismo”, publicada en el libro Irredentas (Temas de hoy, 2002), del historiador catalán Ricard Vinyes, quien dice en entrevista con Proceso que la Falange Española de las Jons, partido único y brazo paramilitar del franquismo, tuvo la misión de “recuperar” a esos menores. Señala que para ello contó con la colaboración de la Iglesia española.
En particular la Falange se dedicó a recuperar a miles de niños refugiados en países europeos y en México. Aunque en Francia, Bélgica y Suiza tuvieron éxito en el rapto de menores que fueron repatriados, Vinyes sostiene que en México fue un fracaso su intento de llevar a cabo esas operaciones clandestinas.
“En el caso de México –explica–, recibieron la negativa del gobierno de Manuel Ávila Camacho para repatriar a los menores. Entonces idearon la forma de recuperar a los llamados Niños de Morelia que México acogió con la anuencia del general Lázaro Cárdenas, pero sus operaciones fueron desastrosas. Sin embargo, 56 de los más de 450 menores fueron repatriados a España”, dice Vinyes.

“Genes comunistas”

El documental Los niños perdidos del franquismo, dirigido por Montserrat Armengol, periodista de TV3, también forma parte de la actuación judicial en la que el magistrado se “inhibió”.
“En el documental–transmitido en 2002 luego de un año de investigación– llegamos a la conclusión de que esos niños fueron separados de sus familias como un instrumento de represión política. Era un paso más en todo lo que era el plan de exterminio del enemigo”, dice la periodista en entrevista.
La primera etapa, explica, fue la puesta en marcha de “los juicios sumarísimos, que eran sacar a la gente de su casa, matarla y enterrarla en cunetas, rasgo principal durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo”.
La segunda etapa consistió en las “ejecuciones ‘legales’” después de “juicios que no tenían ningún tipo de garantía, que no terminaron con la guerra, sino que se extendieron a lo largo de la dictadura. Incluso cinco semanas antes de la muerte de Franco (el 20 de noviembre de 1975) se firmaron las últimas cinco sentencias de muerte”.
Un aspecto más del exterminio: “La separación de los hijos del seno de su familia, amparada en las doctrinas del psiquiatra Vallejo-Nágera. Éstas aseguraban que los ‘rojos’ eran poseedores de un gen defectuoso, que el marxismo era una enfermedad y, por tanto, los niños tenían que ser separados de sus padres”.
Armengol dice que hizo llegar sus investigaciones a Garzón con el fin de que incluyera esta arista de la represión. “No imaginábamos que quien terminaría sentado en el banquillo de los acusados sería el propio Garzón”.
La resolución judicial en la que Garzón se “inhibió” de investigar los crímenes del franquismo –a la que este semanario tuvo acceso– señala: “Se deben tener muy en cuenta los casos de aquellas personas que durante su primera infancia o preadolescencia fueron sustraídos ‘legal’ o ilegalmente frente a sus madres naturales durante la guerra o principalmente tras la misma”.
Expone que entre 1939 y 1949 el régimen “recuperó” a miles de niños que estaban en el extranjero. Lo hizo contra la voluntad de sus padres y a través de un entramado de organismos, principalmente el Servicio Exterior de la Falange, y de normas que condujeron inexorablemente a la pérdida de la identidad de los menores.
Esa “protección de niños” por parte de la dictadura se convirtió en un régimen punitivo, donde los “niños debían expiar los ‘pecados de sus padres’ y se les repetía que también ellos eran irrecuperables, por tanto eran apartados en otras categorías de los niños internados en las instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos”, señala el documento.
Recuerda además que el Consejo de Europa, en su declaración de condena a la dictadura franquista del 17 de marzo de 2006, advirtió a España el caso de los “niños perdidos”, que son “hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen”.
“Miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba a su familia republicana como ‘inadecuada’ para su formación”, apunta el documento judicial.
Aparte de los 30 mil menores entregados a familias afines a la dictadura, otros 12 mil fueron ingresados en centros públicos y religiosos, que en 1944 proporcionó el Estado “como prueba de una misericordia infinita”, añade Vinyes.

“Operaciones clandestinas”

El 9 de julio de 1937 el jefe de la Delegación Exterior de la Falange en el Reino Unido, que firmaba con el seudónimo F.G. Sturrupp, escribió a Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, fundador y líder de la Falange, una carta donde sugiere “recuperar” a los niños republicanos que habían sido enviados a Gran Bretaña.
Escribió: “Los rojos trajeron a estos infelices únicamente como propaganda. Ahora nos toca a nosotros hacerla, pero en un sentido más humanitario y español”. En un informe, la Falange considera que los “rojos” enviaron a la Unión Soviética a los niños para prepararlos y luego remitirlos como “agentes soviéticos” a países de habla hispana.
Ese documento, citado por Vinyes en Irredentas, señala que de 32 mil 37 menores que fueron evacuados de España rumbo a Francia, África Francesa, Bélgica, Gran Bretaña, la Unión Soviética, México, Suiza y Dinamarca, 20 mil 266 fueron “repatriados a España mediante operaciones clandestinas”.
Aunque los niños españoles que llegaron a México con el apoyo del general Cárdenas fueron 456, el informe sólo refiere 430, de los cuales 56 fueron repatriados, aunque no especifica el método utilizado para regresarlos a su país.
Según Vinyes, debido a que los métodos legales fracasaron, el régimen comenzó una “labor constante, tenaz y silenciosa” mediante los “raptos y operaciones clandestinas de captura de hijos e hijas de republicanos ordenados por el Estado y organizados y perpetrados por el Servicio Exterior de la Falange”. En Francia y Bélgica se realizaron algunas y se planearon “espectaculares y esperpénticas acciones en México”.
Los métodos legales se enfrentaban a la negativa de los tutores del menor a la devolución voluntaria a España. “En 99% de los casos esa solicitud es denegada de primera intención”, dice un informe fechado el 26 de noviembre de 1949.

La negativa de México

El 20 de noviembre de 1941 Augusto Ibáñez –representante no oficial del gobierno de Franco en México– envió una carta al “jefe del gabinete diplomático” mexicano, cuyo nombre no precisa. En ella afirma que los niños españoles acogidos por México eran, a fin de cuentas, “niños robados por los rojos”. Le informa del interés que sobre los menores tenían “señoras y señores que forman la comisión para gestionar” su envío a España y lamenta que “el gobierno (mexicano) consintiese la propaganda republicana en ese asunto, ya que dificulta cualquier acción y crea un ambiente de intimidación”.
En una circular interna de la Falange, uno de sus directivos hace hincapié en la recomendación de que “se guarde una estricta reserva sobre cualquier gestión que se haga”.
Una de esas gestiones legales pretendía concertar una entrevista con el presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946) para solicitarle que México autorizara las repatriaciones. Pero el mandatario mexicano jamás concedió la entrevista, sostiene Vinyes.
Un miembro del gabinete de Ávila Camacho, no identificado, les respondió el 22 de mayo de 1942: “El gobierno mexicano no estima que el presente sea el momento más oportuno para hacer una devolución en masa, como usted se sirve solicitarlo, de los niños de que se trata”.
“No se ocultará a su muy ilustrada comprensión que en el tiempo en que se presentaron las solicitudes, era otra la situación del tráfico marítimo, y especialmente la de España, en materia de alimentos, sin que ofrezca perspectiva de alivio, sino más bien de empeoramiento a consecuencia de la guerra”, dice la carta del funcionario mexicano.
Prosigue: “En esas condiciones nuestro país incurriría en grave inconsecuencia al devolver a los niños que acogió en su seno, precisamente para liberarlos de la guerra y de sus horrores, entre los que se cuenta la miseria”.
El funcionario mexicano añade que no han recibido solicitudes de repatriación, salvo dos o tres, y sí en cambio “se han recibido muchas en sentido contrario, es decir, pidiendo que no sean mandados a sus parientes”.
“Tales circunstancias obligan al gobierno de México a seguir aplazando toda devolución en grupo, en tanto la situación imperante constituya un peligro para los menores que se pretende reintegrar a sus hogares”, concluye.
Entonces la Falange puso en marcha la Propuesta para la repatriación de los niños españoles que se encuentran en México.
El documento clandestino dice: “Está en vías de llevarse a la práctica que (los niños) salgan silenciosamente por pequeños grupos de 8 o 10 para La Habana al objeto de ser allí embarcados poco a poco a nuestros vapores para España”.
El viaje debía ser sufragado por “españoles franquistas en México hasta la capital cubana” y por “el gobierno español desde Cuba hasta España, en colaboración con la compañía naviera Transatlántica”.
El plan pretendía que desembarcaran en La Coruña o en Bilbao. “Hay que contar con que se hará lo necesario para tener dispuestos albergues para su alojamiento, y que éste podrá prolongarse durante unos meses, ya que de todos los que se encuentran en México sólo han recibido reclamaciones por sus padres alrededor de cien criaturas, mientras que pasan de 300 aquellos de quienes sus padres no se han ocupado todavía”, apunta el documento.
Vinyes dice que “en México había residentes de pensamiento conservador afines al régimen franquista que actuaron en auxilio de esas acciones para lograr la repatriación de los niños o procurando que saliesen de la escuela de Morelia, donde fueron agrupados”.
Señala que el régimen severo aplicado en el internado Escuela Industrial España-México ayudó a que “se creara una idea de que los niños estaban mal”. Ello a su vez “abonó ese paternalismo del conservadurismo nacional-católico del Estado español”. Así, señala, la Falange “se tomó muy en serio la misión de salvar a esos menores, sacándolos de la escuela”.
Sin embargo sostiene que esos secuestros en México “fracasaron porque era una locura, una chapuza”. Sostiene que los dirigentes de la Falange carecían en México de los contactos o de la eficacia que tenían en Europa, por lo que “las operaciones por Cuba o por Guatemala, donde también lo intentaron, salieron fatal”.
Vinyes dice que los documentos a los que accedió para su investigación, la llamada Carpeta México del Archivo General de la Administración, no precisan cuáles fueron las razones concretas del fracaso, pero sus propias investigaciones arrojan que “las familias conservadoras y burguesas que colaboraban con ellos no se la jugaron en un secuestro por muy identificados que estuvieran con el franquismo”.

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