CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre Rivero ordenó la destitución de siete funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por su presunta responsabilidad en “actuaciones irregulares” en el caso Ayotzinapa. Además, los servidores separados del cargo “seguirán sujetos” a procesos administrativos, de acuerdo con un comunicado de la dependencia. Entre los funcionarios removidos se encuentran tres fiscales y cuatro agentes de la Policía Ministerial (PM), entre ellos el comandante en la región centro de esta corporación, David Jesús Urquizo Molina, quien es señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de haber “torturado y sembrado” un fusil AK-47 a un estudiante normalista. De acuerdo con el texto, el gobierno estatal “no tiene considerado” separar de su cargo a más trabajadores de la dependencia estatal, “hasta en tanto se resuelvan” los procesos administrativos internos que se integraron en contra de al menos 70 agentes del Ministerio Público del fuero común, peritos y policías ministeriales que participaron en la integración de la averiguación previa por el desalojo violento del 12 de diciembre y que son acusados de incurrir en “actos arbitrarios” y “limitar indebidamente” las manifestaciones de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Los empleados de la PGJE destituidos son: el exdirector de Averiguaciones Previas y actual fiscal regional de la Costa Chica, José Vélez Zapata; el fiscal especializado para la Investigación de Delitos Graves, Esteban Maldonado Palacios, y el fiscal especializado para el Combate al Delito de Secuestro, Pablo Alejandro Jasso Barrera. También fueron separados de sus cargos el comandante Salvador Téllez Márquez y los agentes Israel Espinoza Aguilar y Miguel Salazar Gaona. El gobierno estatal advirtió que se aplicará la ley a los funcionarios de la PGJ que “tengan alguna responsabilidad administrativa o penal”, y manifestó su compromiso de que no habrá impunidad en el caso Ayotzinapa. Una fuente oficial indicó que Aguirre Rivero anunció las destituciones durante la reunión que sostuvo el pasado lunes 13 con integrantes de la Comisión Civil de interlocución por el caso Ayotzinapa, y se hicieron efectivas un día después, a través del oficio suscrito por el encargado de la PGJ, Juan Manuel Herrera Campos, que indica que se determinó “remover de manera definitiva del cargo de confianza” a los tres fiscales y los cuatro agentes policiacos. Entre los acuerdos que asumió el gobierno estatal durante dicho encuentro, realizado en la residencia oficial Casa Guerrero, destaca el compromiso de “llegar a la verdad histórica” del desalojo violento del pasado 12 de diciembre, donde fueron asesinados dos estudiantes. Además, “aplicar la ley” a los responsables, generar un programa de reparación del daño y promover reformas legislativas para que no se repitan ese tipo de sucesos, informó el gobierno en comunicado. Mientras tanto, las medidas sancionadoras promovidas por el gobierno estatal desataron una serie de protestas al interior de la PGJ, en virtud de que las autoridades de la dependencia iniciaron un procedimiento administrativo en contra de al menos 70 trabajadores, entre agentes del Ministerio Público del fuero común, peritos y policías ministeriales. Aunado al procedimiento administrativo interno de la PGJ, la Procuraduría General de la República (PGR) integró una averiguación previa en contra de los mismos inculpados por los delitos de evasión de presos, encubrimiento y obstrucción de la justicia, denunciaron un grupo de trabajadores inconformes.